(18 de Diciembre del 2019. El Venezolano).- La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó este miércoles una actualización oral de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
En los últimos tres meses, un equipo de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos estuvo en Venezuela evaluando la condición de los presos políticos.
Presos Políticos
Luego de visitar 9 centros de detención, la representación de Bachelet documentó 118 casos de personas privadas de libertad (109 hombres y 9 mujeres) que requieren respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de boletas judiciales de excarcelación, y/o falta de excarcelación por cumplimiento de pena.
Bachelet instó a las autoridades venezolanas a liberar a todos los presos políticos, incluyendo libertad plena para el diputado Juan Requesens.
La actualización del informe también destacó irregularidades en los juicios contra los acusados por intento de magnicidio a Nicolás Maduro. Asimismo, destacó el caso de Roberto Marrero, ex director del despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional, a quien no se le permite la entrada de sus familiares a la sala de audiencias.
«Insto al poder judicial a garantizar el derecho a un juicio justo, incluyendo el derecho a la defensa y el principio de publicidad», manifestó.
Economía
Bachelet indicó que aún cuando el régimen de Nicolás Maduro decretó un incremento del 375% del salario mínimo, el mismo perdió su poder adquisitivo. Actualmente el salario sólo cubre el 3.5% de la canasta básica alimentaria.
«La situación económica y social sigue afectando los derechos económicos y sociales. Según la CEPAL, en 2019 la economía sufrirá una contracción del 25.5%, alcanzando una pérdida acumulada del PIB del 62,2% desde 2013«, precisó.
Servicios públicos
En cuanto al estado de los servicios públicos en Venezuela, Bachelet resaltó que el Zulia es una de las entidades más afectadas.
«Mi Oficina realizó una visita a Maracaibo en la que constató las larguísimas colas para comprar combustible y los cortes prolongados y reiterados de electricidad, que además afectan el suministro de agua. Los derechos a la salud y a la educación también han sido afectados, principalmente por falta de personal, infraestructura deficiente y falta de insumos. Millares de zulianos migraron al extranjero o a la capital del país», aseveró el informe.
Salud
Sobre la salud de los venezolanos, la alta comisionada se preocupó especialmente por la condición en la que se encuentra el Hospital J. M. de los Ríos.
«En el último mes se recibió información de la muerte de tres niñas del servicio de hematología y un niño del servicio de oncología. De los 39 niños y niñas con necesidad de un trasplante de médula ósea, 15 se encuentran en una situación crítica», agregó.
De acuerdo con información suministrada por Caritas, en las parroquias más pobres de al menos 19 estados del país, 11.9% de los niños y niñas muestran señales de malnutrición aguda y que 32.6% tienen retardo en el crecimiento.
«Caritas también informó que 48.5% de las mujeres embarazadas atendidas tienen deficiencias nutricionales», dijo.
Protestas
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, señaló que en lo que va de año se han realizado 16,439. La mayoría lideradas por trabajadores del sector educativo, de la salud y de las industrias básicas.
La representante de la ONU aseguró que en cuanto a las movilizaciones con fines políticos convocadas por la oposición, el despliegue de las fuerzas de seguridad es exagerado.
«Se registraron más de 20 detenciones en este contexto, de las cuales al menos cinco personas siguen detenidas en el estado de Lara«, afirmó.
Delincuencia
El Observatorio Venezolano de Violencia estimó una tasa de 60,3 homicidios violentos por cada 100,000 habitantes de enero a noviembre de 2019.
Pese a que el número de homicidios disminuyó en consideración a 2018, Bachelet manifestó su preocupación por los niveles de violencia en el país.
Destacó los asesinatos del ex concejal opositor Edmundo “Pipo” Rada Angulo y del ex gobernador oficialista Johny Yáñez Rangel.
También mostró preocupación ante el número de ejecuciones extrajudiciales cometidas por funcionarios de la FAES durante operativos de seguridad.
La Fiscalía General aportó datos importantes a la investigación realizada por los representantes de Bachelet, afirmó en el informe.
«Desde agosto de 2017 a la fecha, 770 funcionarios han sido acusados por violaciones a los derechos humanos, de los cuales 509 han sido imputados, 393 privados de libertad y 131 condenados«, indicó.
Sobre la violencia por parte de grupos irregulares en el estado Bolívar, involucrados en la explotación ilegal del Arco Minero del Orinoco, Bachelet dijo que continúa en incremento. Hizo mención de la masacre que se registró en noviembre en la comunidad de Ikabarú, ubicada en el territorio indígena Pemón.
Migración venezolana
Michellet Bachelet dijo en su informe que es muy preocupante el incremento de migrantes irregulares venezolanos. Esto ante las dificultades para obtener su documentación de viaje por parte de las instituciones manejadas por el régimen.
«Recientemente, las autoridades venezolanas incrementaron en un 70% los costos para expedir pasaportes, un costo equivalente a 54 salarios mínimos. Ha crecido la utilización de rutas más peligrosas y la exposición al tráfico y trata de personas», precisó.
Con información de Agencias
