(25 de abril del 2024. El Venezolano).- La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI, por sus siglas en inglés) aceptó este jueves la demanda interpuesta por Venezuela contra Argentina por violaciones a la legislación internacional que derivaron en la entrega irregular y posterior desguace en EE.UU. de una aeronave de carga de la Empresa de Transporte de Aerocargo del Sur (Emtrasur), filial de la estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A (Conviasa).
En una comunicación suscrita por el titular de la OACI, Juan Carlos Salazar Gómez, se explicó a los miembros del Consejo del organismo que la demanda se fundamentó en el artículo 84 del Convenio de Chicago y «se ajusta en cuanto a forma a los requisitos del artículo 2 del Reglamento», recoge Telesur.
De acuerdo con lo expresado por Gómez, «la República Bolivariana de Venezuela (el demandante), afirma que, desde el 8 de junio de 2022, la República Argentina (el demandado) ha cometido violaciones de varios artículos del Convenio de Chicago […] mediante la aplicación de medidas restrictivas unilaterales ilegales de carácter discriminatorio» contra Caracas.
Además, en el texto se indica que «el demandante alega que tales violaciones se produjeron en el marco de los inconvenientes sufridos por los vuelos no regulares identificados con los números ESU 9217 y 9218, realizados con la aeronave Boeing 747-300 matrícula YV 3531 perteneciente al Consorcio Conviasa y arrendada» por este a Emtrasur, «cuyo código OACI es ESU078».
El caso del avión venezolano
La aeronave permaneció retenida en el aeropuerto internacional de Ezeiza desde junio 2022 hasta el pasado febrero, luego de que autoridades estadounidenses ordenaran su confiscación alegando en su adquisición se violentó el régimen de sanciones impuesto a Irán.
Los alegatos de la Casa Blanca apuntaron hacia la anterior propietaria, Mahan Air, a la que Washington vincula con los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán-Fuerza Qods, organización catalogada como terrorista por el Departamento de Estado.
A posteriori, el Gobierno del presidente Javier Milei permitió que fuerzas de EE.UU. se llevaran el avión en medio de una operación nocturna secreta que incluyó el engaño a controladores aéreos de terceros países, a los que se les comunicó erróneamente que se trataba de un vuelo militar. Venezuela tachó la acción de «robo«.
Tras esto, la aeronave venezolana fue trasladada a una instalación en el estado de Florida donde se procedió a su desguace, al tiempo que se produjo un deterioro visible en las relaciones entre Venezuela y Argentina que en primera instancia incluyó el cierre del espacio aéreo venezolano para vuelos argentinos y numerosas declaraciones cruzadas.
