(19 de noviembre del 2021. El Venezolano).- La Fiscalía ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal que reclame más información bancaria a Suiza sobre una fundación que estaría relacionada con Juan Carlos Márquez Cabrera, el ex directivo de PDVSA que apareció ahorcado en Madrid, en el marco de las pesquisas sobre los más de 4,5 millones de euros que el ex embajador de España en Caracas Raúl Morodo y su círculo más íntimo habrían recibido entre 2011 y 2015 de la petrolera venezolana PDVSA.
El Juzgado Central de Instrucción Número 1 ha estado solicitando a la Banca Zarattini de Suiza información sobre la Fundación Ayacucho, una serie de documentación que Anticorrupción pidió a la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria que analizara emitiendo un informe que sitúa detrás de la misma a Márquez Cabrera y su familia, e identifica una órbita de sociedades y numerosos movimientos de fondos entre ellas.
En este informe de 5 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, los peritos de Hacienda realizan un listado de los documentos enviados por la Banca Zarattini sobre la Fundación Ayacucho, detallando su contenido, ante lo cual la Fiscalía Anticorrupción, en un escrito de 12 de noviembre, entiende que es necesario «solicitar información ampliatoria a las autoridades suizas».
La fiscal Ana Cuenca busca en concreto que la Banca Zarattini aporte toda la documentación que tenga sobre una cuenta que Márquez Cabrera pidió abrir en julio de 2018 a nombre de otra fundación, Feltro Dorado.
De los archivos analizados por la Agencia Tributaria se desprende que «dicha cuenta nunca se activó», por lo que los peritos señalan que «habría que ampliar el requerimiento a Zarattini Bank para incluir toda la documentación e información en su poder» acerca de la cuenta vinculada a Feltro Dorado, señaló Europa Press.
Para la fiscal, «la obtención de esta documentación es relevante para el esclarecimiento, fundamentalmente, de los hechos imputados a Ana Korina Ulloa» –la viuda de Márquez Cabrera que fue vicepresidenta de Refinación, Comercio y Suministro de PDVSA–, ya que sospecha que a esa cuenta podrían haber llegado «fondos obtenidos con las conductas ilícitas que se investigan».
Entramado familiar
Los investigadores de Hacienda reflejan en su informe que la Fundación Ayacucho fue creada en 2018 por los padres de Márquez Cabrera para la «administración, inversión y disposición de sus bienes y su utilización para el bienestar físico y el desarrollo educativo y cultural de sus beneficiarios», tanto ellos como sus descendientes, porque, no querían dejar empresas a sus sucesores sino fondos líquidos.
En el perfil aportado por Zarattini se alude a los fundadores como dos «pensionistas que viven de rentas inmobiliarias», entre 300.000 y 400.000 dólares anuales, y que poseen activos inmobiliarios por más de 10 millones de dólares.
No obstante, el propio banco en un informe interno de 2 de julio de 2019, que recogen los peritos de Hacienda, pone de relieve «la falta de información para justificar la cuantía del patrimonio de estas dos personas».
Al autor del informe interno también «le llama la atención» que «la Fundación Ayacucho no tiene el perfil propio de una fundación utilizada con fines sucesorios», sino de «una sociedad patrimonial o ‘holding'».
Por todo ello, «no excluye» que los ingresos en las cuentas de Ayacucho, sus creadores e Investplus Capital y las salidas en las cuentas de Belcano Investments, sociedades relacionadas con esa fundación, «sean debidos a la corrupción o a otros delitos».
Fondos embargados
Cabe recordar que la Fiscalía suiza informó el pasado mes de septiembre de que, a 31 de diciembre de 2020, la Fundación Ayacucho tenía un capital de 5.716.497 dólares –1.487.974 en fondos líquidos y 4.228.523 en títulos valores— en la Banca Zarattini.
Además, el fiscal suizo recordó al juez Abascal que estos 5,7 millones de dólares están embargados de forma provisional desde hace dos años, para solicitarle que mediante comisión rogatoria indique si desea mantenerlos congelados.
En consecuencia, Abascal ha requerido al Ministerio Público un informe sobre «la expedición de comisión rogatoria y solicitud de bloqueo ordinario del patrimonio que proponen las autoridades suizas».
