(02 de junio del 2021. El Venezolano).- La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicó un nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en el marco de un mandato del Consejo de DDHH de la ONU desde 2019.
El nuevo informe, de 21 páginas y que será presentado formalmente el próximo 5 de julio, abarca el período entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021. Está centrado en acontecimientos relacionados con el estado de derecho, el espacio cívico y el estatus de implementación de las recomedaciones que ha hecho la Alta Comisionada desde su primer escrito sobre Venezuela.
Hay ocho grandes aspectos que denuncia la Oficina de Bachelet en este nuevo documento, algunos de ellos recurrentes desde su primer informe como las violaciones al derecho a la vida, torturas y malos tratos, condiciones de detención; violencia sexual; las fallas de acceso a la justicia y reparaciones adecuadas; y violaciones a las libertades de asociación, de opinión y expresión.
Además, la Alta Comisionada sumó otras diez recomendaciones a las más de 20 que ya ha hecho desde que visitó formalmente el país en 2019. Sobre esto, dijo que pese a que han sido adoptadas algunas medidas para atender recomendaciones hechas por su Oficina en el pasado, «aún queda mucho por hacer», por lo que reitera todos los aspectos señalados en informes anteriores.
Ejecuciones, torturas y violencia sexual
A pesar de que los datos recibidos por la Oficina de Bachelet indican una reducción de las muertes en contexto de operativos de seguridad, mayormente cometidos por las FAES y el Cicpc, tienen documentados 17 casos «que coinciden con los patrones de ejecuciones extrajudiciales», particularmente en Distrito Capital, Miranda, Monagas, Vargas y Zulia.
Los funcionarios de seguridad irrumpieron en las viviendas de las víctimas en 12 casos, y utilizaron la violencia, «incluida la violencia de género, para controlar a los testigos y separar a las víctimas de sus familiares».
También registraron denuncias de acoso y violencia sexual en estos operativos, manipulación de la escena del crimen y robo a las víctimas y sus familiares. El patrón de las víctimas sigue siendo de hombres jóvenes y niños en sectores populares.
La Alta Comisionada se refirió al operativo de enero en la parroquia La Vega, y señaló que se evidenció en agunas muertes el uso selectivo de la fuerza letal por parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Aunque aplaudió que se hayan anunciado investigaciones, señaló que hasta la fecha no hay ningún detenido por presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Otro de los puntos tocados fueron los enfrentamientos en Apure, desde el 21 de marzo, entre las Fuerzas Armadas y grupos irregulares armados identificados como disidencias de las FARC. Destacó el asesinato de cuatro personas de una misma familia por parte de las FAES, a pesar de no estar vinculadas al conflicto.
La Oficina de Bachelet siguió recibiendo denuncias de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra detenidos por razones políticas o presos comunes. Señalan que persisten las golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación. Hasta ahora la Comisión Nacional contra la Tortura no ha iniciado alguna acción al respecto.
A esto se le suman las desapariciones forzadas y la incomunicación persistente de víctimas con sus familiares. Bachelet destacó los casos del militar Antonio Sequea Torres, el teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos (desaparecido desde septiembre de 2018) y Hugo Enrique Marino Salas (desaparecido desde abril de 2019).
Michelle Bachelet también destacó su preocupación por los informes de violencia sexual contra las mujeres en prisión preventiva, como el caso de una mujer asesinada por un PoliBarinas, «ya que la mayoría de las instalaciones no están adaptadas para cumplir las normas específicas de género y las detenidas a menudo están vigiladas por hombres».
Bachelet y casos emblemáticos
La expresidenta chilena mencionó dos casos de violaciones a DDHH emblemáticos en el país, y dijo reconocer las medidas «adoptadas por el Ministerio Público para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad».
Y es que según datos entregados por el Ministerio Público, entre agosto de 2017 y abril de 2021, 716 agentes de seguridad y 40 civiles fueron acusados de graves violaciones de los derechos humanos, y 153 fueron condenados.
Sobre el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, la Alta Comisionada avaló que se haya cambiado la calificación por parte del Estado de su muerte para incluir el delito de tortura, pues «representa un paso positivo».
Pero dijo que son «necesarios más esfuerzos para garantizar la responsabilidad tanto de los autores directos como de los que están en la cadena de mando, a fin de desmantelar las estructuras y prácticas que han facilitado la tortura y los malos tratos y evitar que se repitan».
Respecto al caso del joven Juan Pablo Pernalete, asesinado durante el ciclo de protestas antigubernamentales en 2017, la Alta Comisionada Bachelet tomó nota del anuncio de que 12 integrantes de la Guardia Nacional habían sido acusados por su muerte.
Pero su familia, en un comunicado difundido por su madre, rechazó que el informe al considerar que en lo que respecta al caso de su hijo, le «lava la cara» al Gobierno, pues no se tomó en cuenta que solo han sido imputados, pero no hay un juicio formal y todos se encuentran en libertad.
Justicia comprometida
La Oficina de Michelle Bachelet denunció que muchos acusados están sometidos a juicios parciales, dilatados en el tiempo y con una defensa que no fue asignada por la persona al momento de su detención. También señalaron el uso rutinario de la detención preventiva, sin que se consideren medidas alternativas.
A algunas de las defensas privadas no se les notificaron las audiencias, a otras se les impidió acceder físicamente al Tribunal. También reportaron dificultades para acceder a los expedientes de los casos, «recibiendo copias minutos antes de las audiencias, o después de que las audiencias preliminares ya habían tenido lugar».
Los abogados tuvieron dificultades para asistir a sus defendidos por las restricciones de visitas, por la pandemia de covid-19. Esta también fue la razón para retrasar los inicios de los juicios o audiencias de presentación.
La falta de independencia del poder Judicial, tanto civil como militar, fue ratificada por Michelle Bachelet. Además ratificó las denuncias de presiones a presos políticos para admitir su culpabilidad en delitos que no habrían cometido.
¿Espacio democrático?
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos recibió nuevas denuncias de restricciones a las libertades fundamentales. En este año registraron 97 incidentes relacionados con personas defensoras de los derechos humanos, entre ellas periodistas, líderes sindicales, activistas y organizaciones de la sociedad civil.
Entre estos incidentes figuran dos muertes, seis actos de violencia, 62 de criminalización, 17 de amenazas e intimidación y 10 casos de estigmatización. Funcionarios del régimen de Nicolás Maduro utilizaron canales y medios oficiales para hacer declaraciones públicas despectivas contra defensores de derechos humanos, incluidos periodistas y líderes sindicales.
En particular, cinco periodistas fueron objeto de detención, o se les amenazó con serlo, por cargos de “incitación al odio”. Dos comunicadores sociales fueron asesinados en el estado Zulia por agentes de las FAES, y otros 11 fueron objeto de acoso y amenazas por funcionarios de distintos cuerpos de seguridad.
Al menos cinco emisoras de radio y canales de televisión fueron clausurados, «de manera temporal», y sus equipos incautados por Conatel y el Seniat. La Oficina de Bachelet también recibió información de supuestos ciberataques que bloquearon el acceso a los sitios web de al menos tres medios de comunicación independientes.
