(21 de junio del 2021. El Venezolano).- La Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjeros (APEVEX), con sede en EEUU, y las organizaciones abajo firmantes solicitamos al Departamento del Tesoro y al Congreso estadounidense aplicar sanciones específicas a los funcionarios y jueces del régimen de Nicolás Maduro responsables de la violación al derecho de información y de la libertad de prensa en Venezuela.
El régimen está desmantelando sistemáticamente la libertad de prensa en Venezuela como parte de sus esfuerzos para reforzar su hegemonía comunicacional, que incluye el acoso, agresión, robo y encarcelamiento de periodistas y cierre de medios. Además, de que los medios de comunicación son víctimas de cierres o sanciones fiscales, económicas y administrativas, o allanamientos arbitrarios en los que son confiscados sus equipos y material de trabajo.
Y el más reciente ataque a la libertad de prensa fue el embargo a la sede del diario El Nacional que ocurrió el 14 de mayo de 2021.
La orden forma parte de la demanda por presunto daño moral interpuesta por Diosdado Cabello, primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), contra el diario en 2015 luego de que El Nacional divulgara una información que primero fue publicada por el diario ABC de España y otros medios internacionales donde se indicaba que era investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico.
La medida se suma a otras emitidas por jueces afectos al régimen chavista contra periódicos, emisoras de radio, canales de televisión y portales digitales informativos, como parte del feroz acoso a los medios de comunicación para imponer la censura utilizando para ello al Poder Judicial.
En virtud de esta situación, un total de 355 casos de agresiones a periodistas y medios contabilizó el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Seccional Distrito Capital, durante el 2020, y entre ellos 61 fueron detenciones arbitrarias y el bloqueo de los sitios en internet de 15 medios digitales.
El régimen también busca controlar y criminalizar a las ONG mediante mecanismos como la Providencia Administrativa 001-2021 para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo que es inconstitucional y afecta la protección de los derechos humanos y la libertad de expresión.
Lo que sucede en Venezuela afecta a la región y este modelo autoritario se expande a otros países que, aunado al incremento del crimen organizado y el advenimiento de la pandemia, ha ocasionado que los casos de violación a la libertad de información y expresión se hayan multiplicado, afectando la labor periodística independiente en México, El Salvador, Nicaragua, Bolivia, y Cuba, entre otras naciones.
El más reciente informe de Freedom House califica a Venezuela como país no libre, con un puntaje de 14/100, destacando que las autoridades de ese país han cerrado virtualmente todos los canales de disenso político, restringiendo libertades civiles y persiguiendo a los opositores sin respeto alguno por el debido proceso.
Con información de AVEPEX
