(28 de agosto del 2020. El Venezolano).- El régimen de Nicolás Maduro se están sirviendo de las medidas de control de la COVID-19 y del estado de excepción decretado a mediados de marzo como «excusa» para reprimir a la disidencia e intensificar el control de la población, según la ONG Human Rights Watch (HRW), que ha denunciado detenciones arbitrarias de periodistas, trabajadores sanitarios, abogados y políticos opositores.
El estado de excepción y alarma contempla restricciones a la circulación, la suspensión de algunas actividades y el uso obligatorio de mascarillas. El presidente, Nicolás Mauduro, lo ha prorrogado ya cinco veces, a pesar de que la Constitución establece un máximo de 60 días y la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, no ha dado el visto bueno.
Con este decreto, las fuerzas de seguridad pueden realizar «inspecciones» si existe una «fundada sospecha» de que se están violando las disposiciones excepcionales; una puerta abierta a la represión, como ya constató en julio el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en un informe y han venido denunciando en estos últimos meses organizaciones locales.
HRW estima que al menos 162 personas fueron sido víctimas de hostigamiento, detención o persecución penal entre marzo y junio, si bien otras fuentes como Foro Penal han constatado 252 arrestos arbitrarios entre marzo y julio. Los detenidos pueden terminar acusados de delitos previstos en la ambigua «ley contra el odio» y procesados sin apenas acceso a abogados y por un sistema judicial vinculado al régimen.
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, ha advertido de que «en la Venezuela de hoy, no es posible siquiera compartir un mensaje privado vía WhatsApp en el cual se critique a los incondicionales de Maduro sin temor a convertirse en objeto de persecución penal», en un contexto en que las fuerzas de seguridad y los grupos afines se sienten avalados para «reprimir con mayor ferocidad a los venezolanos».
Líneas Rojas
HRW ha alertado de los retrasos que la pandemia ha generado en el sistema judicial y que las autoridades se hayan agarrado a la emergencia sanitaria para justificar la realización de arrestos sin la orden previa de un juez. Además, la Justicia ha prohibido a personas bajo arresto domiciliario que usen redes sociales o se refieran a asuntos de Estado, una medida que violaría su libertad de expresión.
En este sentido, la ONG ha recordado que el Derecho Internacional también establece líneas rojas en situaciones de emergencia como la actual. Entre ellas figuran el derecho a la vida, la prohibición a la tortura y los maltratos, el derecho a un juicio justo y a no sufrir detención arbitraria y el derecho a la revisión judicial de las detenciones.
Además, cualquier restricción de otros derechos debe estar contemplada en la ley y ser necesaria y proporcional a la amenaza que supone la pandemia de COVID-19, de la que se han detectado más de 42.000 casos en territorio venezolano.
Represión a todos los niveles
La ONG ha puesto como ejemplo de este patrón de abusos el caso de un activista detenido en marzo cuando ayudaba a manifestantes y que permaneció bajo custodia militar atado a una columna durante cinco horas, sin comida ni agua y sometido a golpes. En abril, los policías mantuvieron esposado en un patio durante dos horas a un abogado que había criticado a las autoridades en las redes sociales y le negaron el acceso al baño durante más de un día.
La represión se extiende también al ámbito sanitario, como le ocurrió a la bioanalista Andrea Sayago, que tras realizar el 3 de abril las pruebas al primer paciente con COVID-19 que llegó a su hospital, en la ciudad de Valera, alertó a sus compañeros a través de un mensaje de WhatsApp para que tomasen las medidas necesarias, adjuntando incluso los resultados de las pruebas.
El mensaje circuló ampliamente a través de redes sociales y los directores del hospital presionaron a Sayago para que dimitiese, bajo la amenaza de que podría ser detenida o procesada. Este arresto finalmente se produjo, después de que así lo pidiese públicamente la esposa del gobernador de Trujillo, Jacqueline Peñaloza de Range, responsable de una alianza público-privada que administra varios sistemas de servicios de salud.
Con información de Europa Press
