(29 de mayo del 2020. El Venezolano).- Vanessa Neumann, embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó ante el Reino Unido e Irlanda, señala que el proceso hace posible que varios aspectos de interés queden a la vista de todos. Según la Oficina del Procurador Especial, José Ignacio Hernández, uno de los primeros puntos expuestos por el propio Banco de Inglaterra es que el PNUD no tiene ningún acuerdo específico con el régimen de Maduro para administrar esos recursos.
Será el próximo 22 de junio cuando en tribunales ingleses se inicie el proceso para dirimir el destino de 31 toneladas de oro venezolano, que permanecen congeladas en el Banco de Inglaterra, de las que quiere disponer la administración de Nicolás Maduro y que el gobierno interino de Juan Guaidó intenta mantener en resguardo. Esta fecha en el proceso se estableció luego de una sesión preliminar celebrada este jueves 28 de mayo y que marcó el inicio en la contienda legal entre las partes, detalló lagranaldea.com
“El 14 de mayo, frente a múltiples peticiones, después de varios meses ordenándole al Banco de Inglaterra el retorno de estos recursos a Venezuela, decidimos demandar al banco ante tribunales ingleses por la situación violatoria de banco internacional público”, señaló Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro, al dar detalles de lo que sería el proceso legal que el régimen venezolano emprendió para tomar el control del oro depositado en el Banco de Inglaterra.
Vanessa Neumann, embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó ante el Reino Unido e Irlanda, comentó que fue precisamente esta acción del régimen de Maduro ante la Corte Comercial de la Alta Corte de Justicia la que llevó el caso a un nivel donde se debe determinar cuál es la parte que puede exigir el manejo de esos activos de Venezuela en el Banco de Inglaterra. Existe una directiva del Banco Central de Venezuela (BCV) que preside Calixto Ortega, designado por Maduro, y una que preside Ricardo Villasmil, designado por Guaidó.
Si bien es cierto que el Banco de Inglaterra es un ente técnicamente independiente del Gobierno de ese país, no está aislado de las políticas de Estado ni puede ir en contravía de algunos principios fundamentales para su nación. Además, según explicó Neumann, el tribunal estableció parámetros muy específicos para poder dirimir este primer punto para determinar cuál de las partes es la que en efecto representa a Venezuela.
Esto, a su juicio, es positivo, pues el proceso conducirá a la demostración de la legitimidad del Gobierno de Venezuela.
