(26 de noviembre del 2024. El Venezolano).- El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) afronta una grave crisis interna, derivada de la filtración de un correo entre la Fiscalía y la defensa de Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del conservador Partido Popular (PP).
El Tribunal Supremo investiga al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por emitir una nota informativa después de que, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, se difundiera a los medios información tergiversada que aseguraba que el Ministerio Público había ofrecido un trato a González.
La nota, que desmentía ese extremo e informaba que la defensa del investigado era la que solicitaba el pacto tras reconocer la comisión de dos delitos de fraude fiscal, se encuentra en el centro de un caso que indaga ahora la revelación de secretos, es decir, la difusión de información privada de un contribuyente.
Ahora es el secretario general del PSOE en la región madrileña, Juan Lobato, quien está llamado a declarar como testigo ante el Supremo, luego de que trascendiera que a principios de mes acudió a un notario para registrar su conversación con una compañera de partido, que le transmitió la información sobre el caso de la pareja de Díaz Ayuso.
Conversación ante notario
El 14 de marzo de este año, Lobato mantuvo una conversación por una aplicación de mensajería instantánea con Pilar Sánchez Acera, en aquel entonces jefa de gabinete de Óscar López, quien a su vez fungía de director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
En esa conversación, Sánchez Acera, compañera en la delegación madrileña del PSOE, le envió un pantallazo con el correo electrónico que remitió el abogado del novio de Díaz Ayuso a la Fiscalía, en el que reconocía dos delitos fiscales y proponía un acuerdo al Ministerio Público. Esos mensajes son los que Lobato registró ante notario a principios de noviembre.
El propio Lobato emitió un comunicado el domingo por la noche, en el que afirmó que había acreditado ante un notario «que ni los socialistas madrileños ni Moncloa» habían recibido de la Fiscalía ninguna información «relativa al novio de la Sra. Ayuso», sino que acreditaba que «toda la información vino de medios de comunicación». El texto ya no está disponible porque el político ha puesto el candado a su cuenta de X.
El movimiento del secretario general madrileño, al acudir a una notaría, ha sentado mal en el seno del PSOE. En las filas socialistas se especula que la intención real era dejar una prueba escrita de que el Gobierno filtró un correo electrónico contra la pareja de Díaz Ayuso.
Lobato contra el aparato del partido
En las últimas horas se barajaba la posibilidad de que Lobato presentara la dimisión de su cargo en el partido. Sin embargo, las conjeturas se han borrado de un plumazo esta mañana, cuando el dirigente madrileño compareció ante los medios para dar un discurso de apenas dos minutos.
«Estoy preocupado por la reacción barra linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido», aseveró Lobato. «Si lo que se me dijo aquella mañana, cuando se me mandó la documentación, era verdad, yo no veo cuál es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación», añadió.
El líder madrileño dejaba así entrever la posibilidad de que se hubiera tratado de una maniobra política para inculparle y así apartarle de la carrera para acudir como candidato al Congreso de los socialistas de Madrid. Ese cónclave decidirá quién será el secretario general para el siguiente período.
Congreso federal del PSOE
El escándalo propició que el juez del Tribunal Supremo que instruye el caso de la filtración, Ángel Hurtado, haya llamado a declarar como testigo a Lobato el próximo viernes, y que lleve consigo las actas notariales objeto de polémica, según recoge elDiario.es.
Su declaración se producirá el mismo día en el que declare como imputado Alberto González, acusado de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental, entre otros cargos. Pero será también el mismo día que dé comienzo el Congreso federal del PSOE.
El partido enfrentará la cita con mucha menos tranquilidad de la que pretendía, ya que el principal imputado por la filtración del documento es el fiscal general, Álvaro García Ortiz, la primera vez que en la democracia española este cargo se sienta en el banquillo de los acusados.
«En el Gobierno nos enteramos a través de la prensa. Lo que ocurrió fue que el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid distribuyó una información falsa y el fiscal general del Estado lo que hizo fue desmentir el bulo y decir la verdad», dijo el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una rueda de prensa desde La Moncloa el lunes, recoge Televisión Española.
Lo cierto es que la maniobra de Lobato, ha desviado el foco del fraude fiscal por valor de 350.000 euros, perpetrado por la pareja de Díaz Ayuso, y lo ha colocado frente a la presunta filtración por parte de los poderes del Estado, apuntando ahora, no solo a la Fiscalía, sino también a la propia Moncloa.
