La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una nueva prórroga del régimen de excepción impuesto por el Gobierno de Nayib Bukele para llevar a cabo su controvertida política de ‘guerra contra pandillas’ y que continúa vigente desde marzo de 2022.
El aval del Parlamento salvadoreño, que respalda en su mayoría a Bukele, contó con 57 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, a pesar de los continuos señalamientos sobre supuestos abusos policiales y violaciones de los derechos humanos que habría cometido la fuerza pública bajo el manto de la política de seguridad.
La extensión regirá durante otros 30 días contando a partir del próximo 11 de mayo, informó el presidente del Parlamento, Ernesto Castro, durante la primera sesión plenaria extraordinaria que realizaron los diputados de la legislatura 2024-2027.
«Como legisladores, nos hemos comprometido, desde el primer día, a respaldar las decisiones que el presidente Bukele ha tomado, junto a su gabinete de seguridad. Siempre garantizaremos la gobernabilidad que el país necesita para avanzar», añadió Castro en declaraciones a la prensa local.
El parlamentario indicó que los resultados de la política de seguridad de Bukele no se pueden medir únicamente con las estadísticas de la Policía Nacional. «Salvar una vida no tiene precio. Muchos salvadoreños se han librado de ser asesinados por las pandillas, sufrir extorsiones y secuestros. Se ha evitado luto y dolor a miles de familias y esto es algo que nunca vamos a poder contabilizar», dijo.
Por su parte, el diputado Francisco Lira, citado por medios locales, señaló que, más allá del ambiente de seguridad generado, también se han registrado arbitrariedades que afectan a «personas humildes, amas de casa, trabajadores agrícolas, jóvenes, mujeres embarazadas que están pagando por un delito que no han cometido».
Por esa razón, Lira pide que se aplique una medida distinta que sustituya a la política excepcional y que, además, «promueva una cultura de respeto a la presunción de inocencia y el debido proceso legal».
¿Seguridad sin derechos humanos?
Un informe titulado ‘El modelo Bukele: seguridad sin derechos humanos. El Salvador a dos años del régimen de excepción’, que ha sido suscrito por varias organizaciones, resalta que entre marzo de 2022 y marzo de 2024 se presentaron 6.305 denuncias sobre presunta violaciones a derechos humanos.
Los abusos más señalados son las detenciones arbitrarias o ilegales con 5.931 casos, el 94 % de las víctimas.
Por otra parte, están las violaciones al debido proceso con 5.470 casos, el 87 % de los denunciantes. También se acusa a la fuerza pública de allanamientos irregulares, tratos crueles, inhumanos o degradantes y hostigamientos.
A través del régimen de excepción, el Gobierno de Bukele permite a la fuerza pública actuar sin el debido proceso de presunción de inocencia. Además, suspende las garantías al derecho a ser informado por el motivo de captura, a la defensa técnica, las detenciones preventivas de 72 horas a un máximo de 15 días y la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la correspondencia.
La medida entró en vigor en medio de los múltiples homicidios ejecutados por pandilleros y ha sido la estrategia bandera del Gobierno de Bukele durante más de dos años en materia de seguridad, pese a que se trata de un decreto excepcional.
