La Policía Federal (PF) de Brasil desplegó la mañana del jueves una gran operación contra la corrupción y el lavado de dinero en la cúpula del gobierno del estado amazónico de Acre, cuyo gobernador, Gladson Cameli, es sospechoso de ser uno de los principales implicados.
Desde primera hora, unos 300 agentes apoyados por auditores de la Contraloría General y del ministerio de Hacienda cumplieron 89 órdenes de búsqueda y decomiso en ese y otros seis estados de Brasil, entre ellos el Distrito Federal.
La operación fue autorizada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que también determinó el bloqueo de bienes por valor de 120 millones de reales (cerca de 25 millones de dólares).
Según explicó la PF en una nota, el despliegue es una nueva fase de la operación Ptolomeu, que en 2021 ya ejecutó dos operativos en los que se identificó una «organización criminal» controlada por políticos y empresarios vinculados al gobierno de ese pequeño estado fronterizo con Perú y Bolivia.
«Desvío de recursos públicos»
Los implicados incurrieron en «desvío de recursos públicos» y ocultaron el origen y destino del dinero sustraído «a través del lavado de dinero».
En esta tercera fase de la investigación, la PF busca recuperar parte del dinero desviado de las arcas públicas con el bloqueo de cuentas bancarias y el decomiso de aviones, casas y apartamentos de lujo, producto de esos delitos.
La Contraloría General sospecha que «la organización criminal especializada en defraudar contratos públicos» desvió recursos públicos destinados a salud, educación e infraestructuras.
No trascendieron detalles concretos de los primeros resultados de la operación, que no incluyeron detenciones, pero sí medidas cautelares contra los implicados.
Según el sitio de noticias G1, uno de los investigados es el gobernador Cameli, del derechista partido Progresistas, sobre el cual el juez determinó que no puede salir del país y deberá entregar el pasaporte a la Justicia en un plazo de 24 horas. Su padre y su hermano también figuran en las pesquisas.
