(18 de febrero del 2021. El Venezolano).- Venezuela ha condenado las «opiniones sesgadas» y las muestras de «injerencia» presentes en un informe presentado este jueves por un grupo de expertos independientes en Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que se acusaba al Gobierno de «criminalizar» a las organizaciones de la sociedad civil».
A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, las autoridades han rechazado «categóricamente» el informa presentado por «este grupo de delatores», quienes evidencian, afirma Caracas, «un profundo desconocimiento del ordenamiento jurídico venezolano».
En su informe, este grupo de expertos en Derechos Humanos se ha hecho eco de la reciente liberación de cinco miembros de la ONG ‘Azul Positivo’, cuyas detenciones asegura y acusaciones «forman parte de un patrón de criminalización creciente en contra de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela»,
Sin embargo, Caracas ha explicado que con estas declaraciones, el grupo de DDHH incurre en una «tergiversación evidente», puesto que tras las investigaciones pertinentes, las autoridades judiciales venezolanas detectaron que esta ONG había realizado una «transferencia de recursos en divisas extranjeras a individuos bajo una modalidad financiera no autorizada» bajo la legislación del país.
«Como en todo proceso judicial que se desarrolla en Venezuela, los integrantes de esta ONG implicados en este caso, cuentan con la plena garantía del debido proceso y derecho a la defensa», remarca el comunicado.
Por ello, Venezuela ha acusado a este grupo de relatores de intentar «manipular a la opinión pública internacional» con declaraciones sacadas de contexto y cargadas de injerencia, así como «enturbiar» su cooperación con Naciones Unidas, «que en nada contribuyen al fortalecimiento de la acción humanitaria en Venezuela».
Europa Press