(13 de mayo del 2020. El Venezolano).- El director de una prisión y cinco militares serán imputados en el caso de una masacre carcelaria ocurrida este mes en la que murieron baleados 47 reclusos, informó el miércoles la Fiscalía General de Venezuela.
El fiscal general, Tarek Saab, dijo que miembros de la Guardia Nacional (GN), encargada de la custodia externa de los penales, en vez de usar gas lacrimógeno para dispersar a los reclusos “lamentablemente, para la contención, emplearon armas de fuego”, según lo citó el Ministerio Público en su cuenta oficial de Twitter.
El director de la prisión, Carlos Graterol, será acusado por complicidad en el delito “de introducción de armas de fuego en centros penitenciarios” que usaron los internos, destacó Saab en una inusual comunicación, ya que el Ministerio Público casi nunca informa de cargos contra funcionarios en casos de masacres carcelarias o fugas.
Grupos de derechos humanos habían criticado el silencio de la Fiscalía por lo ocurrido en el Centro Penitenciario de Los Llanos, en el estado Portuguesa al centroeste del país, porque tras más de una semana del incidente -en el que además 69 personas resultaron heridas- no se había referido a lo ocurrido.
A los cinco miembros de la GN se le imputan los delitos de homicidio intencional por el caso de los muertos, homicidio intencional “en grado de frustración” por los heridos, así como el delito de “abuso de poder”.
Saab dijo que las muertes ocurrieron porque un jefe de una banda dentro de la prisión envió a los reclusos a la cerca a protestar “por supuestos hechos irregulares durante la visita”. Los parientes de los internos denuncian que los uniformados roban la comida que llevan las familias.
“Ante la falta de respuesta a su reclamo, la población penal traspasó la cerca”, dijo el fiscal, quien agregó que cuatro líderes de bandas serán acusados por delitos de homicidio y tráfico de armas, reportó Reuters.
Los mortales disturbios son comunes en las hacinadas prisiones de Venezuela, donde los grupos criminales mantienen el control, de acuerdo con activistas de derechos humanos.