(11 de diciembre del 2023. El Venezolano).- Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)en el exilio rechazaron las órdenes de aprehensión impuestas a Roberto Abdul, Henry Alviarez, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu. Además, de las recientes acciones del Gobierno de Nicolás Maduro y el fiscal general Tarek William Saab contra otros venezolanos.
El grupo señaló que opositores al gobierno son sometidos a procedimientos que vulneran sus derechos humanos y lamentó que es la consecuencia del actuar de instituciones ilegítimas.
“El Gobierno de Nicolás Maduro y sus acólitos, entre los que destaca el ciudadano Tarek William Saab, a través del terrorismo de Estado han establecido las bases para dominar a la población, burlar la Constitución y leyes de la República, hacer caso omiso a los organismos internacionales, generando una situación absolutamente intolerable, violatoria de los derechos humanos”.
De la misma manera, destacan, como luego de que surgiera una alternativa política ante Maduro, el gobierno hace uso de la fuerza por medio de instituciones para solicitar órdenes de captura y detención que califican de arbitrarias y apartadas de la legalidad.
El TSJ en el exilio destacó que la Constitución en sus artículos 44 y 49 establece que la libertad personal es inviolable y que los ciudadanos pueden expresar libremente sus pensamientos, ideas u opiniones por lo que se debe dar garantía de la pluralidad democrática y el libre ejercicio de la libertad de expresión.
Recalcaron que el artículo 25 decreta que los actos dictados en el ejercicio del Poder Público que violen los derechos garantizados por la Constitución y la ley es nulo, por lo que los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa.
Solicitudes
Los magistrados solicitaron al parlamento Europeo y Departamentos de Estado y de Justicia de los Estados Unidos que incluyan en la lista de sancionados a Tarek William Saab.
El Carabobeño, indicó que la petición señala que Saab comienza enjuiciamientos por razones políticas, crea obstáculos para una solución democrática a la crisis, causa violaciones de los derechos humanos y restringe las libertades fundamentales de los venezolanos.
Comunicaron que informarán de las acciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos (OEA), Organización de las Naciones Unidas (ONU), Corte Penal Internacional y otros organismos, y que además, remitirán el acuerdo a entes competentes.
