(26 de diciembre de 2019. El Venezolano).- La de Jorge Alayeto Bigott es una de las tantas historias de injusticias y torturas perpetradas por el régimen madurista. Ya son tres navidades encerrado en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Ramo Verde, sin acceso a un juicio justo, ni a la atención médica que requiere ante su delicado estado de salud.
La pesadilla de este padre de familia inició el 6 de agosto de 2017. En horas de la tarde de ese día fue arbitrariamente detenido por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), quienes sin presentar orden judicial se lo llevaron. Para Yanelly Sandoval, su esposa, se trató de un secuestro.
Sin pruebas ni argumentos sólidos, a Alayeto Bigott lo vincularon con la «Operación David», encabezada por el capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Juan Carlos Caguaripano. Fue una acción militar cuyo principal objetivo era asaltar el parque de armas del Fuerte Paramacay, en la entidad carabobeña, donde funciona la 41 Brigada Blindada. Sin embargo, nada de eso tenía relación con su vida.
Desde entonces, todo ha sido sufrimiento y pérdidas para él y sus familiares. No pudo estar en el nacimiento de su quinto hijo, ni en el sepelio de su madre, quien falleció en febrero de este año. «¿Qué clase de Navidad puede tener una familia así? Es imposible. La angustia que vivimos nosotros, también la viven las familias de los casi 400 presos políticos», señala Sandoval.
Según el balance más reciente del Foro Penal, una de las ONG dedicada a atender este tipo de casos, el régimen de Nicolás Maduro mantiene detenidas a al menos 388 personas por motivos políticos. De ese total, 268 son civiles y 120 militares. Más que una simple estadística, esa cifra representa daños irreparables ante la separación de centenares de familias.
Sandoval detalla que «ha sido muy duro» el tratar de explicarles a sus hijos que, por tercer año consecutivo, su papá no pudo estar para las festividades típicas de diciembre. «Aunque pueden visitarlo, no es lo mismo (…) les tuvimos que decir que él está allí trabajando, pero muchas veces ellos se quedan llorando al ver que se tienen que ir y su papá se queda».
Ella, por su parte, como esposa de un preso político del madurismo se siente frustrada e impotente al ver que no se cumple el debido proceso. «Yo sé que es inocente. Hay elementos suficientes para demostrarlo, si ese juicio se diera. Pero frustra saber que ni siquiera le respetan el derecho a defenderse», denuncia.
Irregularidades del caso
En este caso las arbitrariedades ocurrieron desde la detención, ejecutada sin una orden que avalara el procedimiento. Además, siendo civil Alayeto Bigott fue presentado ante el Tribunal Militar Tercero de Control e imputado por los delitos de traición a la patria, ataque al centinela, rebelión militar y sustracción de los efectos de la guardia de las fuerzas armadas nacionales.
Más de un año transcurrió para que hicieran la audiencia preliminar en la que se dictaminó que todos pasarían a juicio con los mismos cuatro cargos, sin derecho a presentar pruebas. «Pero esas acusaciones son completamente falsas, porque mi esposo el día de los hechos estaba en la casa, hay testigos de eso. Fue un montaje en su contra«, agrega Sandoval.
Adicionalmente, desde la realización de la audiencia preliminar han transcurrido más de 24 meses y todavía el juicio no se ha iniciado. En total, dos años se cumplieron en medio de diferimientos injustificados, al mejor estilo del modus operandi que suele aplicar el régimen contra la disidencia.
El allanamiento a la vivienda de Alayeto Bigott también fue realizado en medio de irregulares: los efectivos de la Dgcim se llevaron bolívares, dólares, pasaportes, lentes, computadoras, tablets, un dron y los celulares de todos los que estaban en el lugar, asegura su esposa.
«Se robaron la camioneta en la que estaba mi esposo. La carga un efectivo de la Dgcim en Valencia y Caracas, cuando al haber sido incautada en un procedimiento debería estar guardada o en cadena de custodia», narra Sandoval.
Salud deteriorada
El estado de salud de Alayeto Bigott se ha deteriorado con el pasar de los meses. Previo a su detención arbitraria, había recibido una intervención quirúrgica en su hombro derecho, pero la operación se perdió tras ser golpeado por oficiales de la Dgcim. Desde entonces tiene la clavícula dislocada.
Su cuadro clínico empeoró cuando comenzó a sufrir de cólicos nefríticos, complicaciones estomacales e infección en los riñones. «En Ramo Verde no tienen para darle tratamiento médico. Uno tiene que ver cómo se las ingenia para llevarles las medicinas», dice su esposa al explicar que ya han solicitado la ejecución de alguna medida humanitaria, pero ha sido en vano.
Amenaza latente
Ante la fuga del capitán del ejército Anyelo Heredia, quien se encontraba detenido en Cenapromil hasta que se escapó este miércoles, Sandoval confesó estar preocupada y con temor porque esto podría representar represalias contra el resto de los reclusos por parte de los custodios y los efectivos de la Dgcim.
Alertó que en al menos dos ocasiones los uniformados han irrumpido de forma violenta en las celdas para hacer requisas. Pero, denuncia, «terminan golpeándolos, robándoles la comida, la ropa y destrozando todo lo que encuentran».
En horas de la noche de este jueves reportan fuertes requisas en Ramo Verde, por parte de la Dgcim. Esto ante el escape de Heredia, quien habría salido por la puerta principal, con la ayuda de dos custodios.
