(30 de junio del 2025. El Venezolano).- La denuncia que como editor de El Nacional he venido realizando contra la empresa Telefónica -desde hace cuatro años- no es, como pudiera pensarse a priori, un conflicto mercantil entre dos empresas. En absoluto. Es, en lo esencial, la acción de un medio de comunicación fundado en 1943, contra la acción violatoria de los Derechos Humanos de millones de venezolanos -léase bien, millones de venezolanos- por parte de Telefónica, empresa española de telecomunicaciones, trasnacional, que mantiene operaciones en varios países de América Latina y Europa.
De la operación en Venezuela, iniciada en 2005, hay que señalar dos hechos fundamentales: no solo ha sido una operación extraordinariamente rentable, sino que, al menos desde 2016, la empresa se ha convertido en el más importante brazo ejecutor de políticas -en plural- de la dictadura de Maduro, destinadas al espionaje de los ciudadanos, por una parte, y por la otra, el bloqueo del acceso por internet de alrededor de treinta medios de comunicación y portales informativos, cuya consecuencia no es otra que el cercenamiento, la eliminación, tanto del Derecho a informar como del sustantivo Derecho de los ciudadanos a estar informados sin restricciones y de acuerdo a sus intereses.
Antes de ir a la descripción de los hechos es necesario hacer una reflexión sobre lo ocurrido con el caso de Telefónica contra la sociedad venezolana. Y es que a pesar de la gravedad de los delitos cometidos -nada menos que una empresa europea asumiendo una postura política a favor de una dictadura y haciéndose parte de sus prácticas violatorias de los Derechos Humanos-, la mayoría de los diarios, revistas, noticieros de radio y televisión de España han guardado silencio. Temen a Telefónica, el poderoso anunciante, que les cancelaría los contratos de publicidad vigentes. Es lo que cabe denominar “anunciante extorsivo”, que es aquel que utiliza su inversión para amordazar o para aplanar el terreno a favor de su impunidad.
Vaya el lector, en cuanto tenga oportunidad, y copie esta dirección en su motor de búsqueda (https://www.telefonica.com/es/wp-content/ uploads/sites/4/2021/08/Informe-de-Transparencia-en-las-Comunicaciones-2021). Una vez que el informe aparezca en su pantalla (tarda un par de minutos) vaya a las páginas 50, 51 y 52. Allí están, en un documento de la propia empresa, Informe de la Transparencia de las Comunicaciones 2021, los datos que consignaré a continuación. Pero no sin antes señalar que, a partir de 2022, el mismo informe adopta un manto de opacidad: reduce de manera significativa la cantidad de información que ofrece. La Transparencia de Telefónica se evapora y adopta la forma de la ocultación, es decir, de la desinformación.
En un clarificador artículo publicado por la organización no gubernamental Vesinfiltro, en la revista Comunicación (Número 199-200, correspondiente a los trimestres tres y cuatro de 2022), se expone que 21% de las líneas telefónicas (equivale, al menos, a una de cada cinco) han sido interceptadas. En números absolutos son 1 millón, 584 mil 547 líneas telefónicas intervenidas. “Estas intervenciones se habrían hecho por órdenes del gobierno de Nicolás Maduro y significaron interceptar o “pinchar’’ las llamadas, monitorear los SMS, dar la ubicación de personas por sus teléfonos celulares o el monitoreo de su tráfico de Internet”.
A lo anterior hay que sumar otro número no menos escandaloso: al contrario, constituye un agravamiento de los hechos cometidos por Telefónica: más de 997 mil líneas afectadas por solicitudes de metadatos (metadatos es la información, por ejemplo, de a quiénes se envía un correo electrónico o de quien se recibe; el asunto escrito en el envío; la fecha y hora en que fueron enviados o recibidos). Sumados ambas violaciones al derecho inalienable a la privacidad, tenemos que Telefónica ha colaborado directa y activamente con la dictadura de Maduro, afectando la confianza y los derechos de 33% de sus clientes.
¿Acaso terminan aquí las violaciones a los Derechos Humanos y a los Derechos Civiles de ciudadanos venezolanos por parte de la trasnacional española Telefónica? No. Hay más. Y es que simultáneamente, Telefónica participó en el bloqueó del acceso a más de 30 medios de comunicación, portales informativos, organizaciones defensoras de los Derechos Humanos e, incluso, a entidades que operan comedores para niños en barriadas pobres en distintas partes del territorio, que enfrentan a diario, plato a plato de comida -elaborados por madres que viven en esos barrios-, a la acción erosiva del hambre y la desnutrición.
Telefónica no solo ha contribuido a impedir el Derecho a estar debidamente informados: ha sido un factor determinante en la disminución de la lectoría de los medios y portales bloqueados, ha generado pérdidas económicas a los mismos, ha producido pérdidas de puestos de trabajo y ha sido un efectivo aliado de la dictadura de Maduro en su paulatino avance hacia la Hegemonía Comunicacional.
Lo narrado hasta aquí es solo una primera visión del caso de la omnipotente Telefónica contra la sociedad venezolana. Hay que recordar aquí que los delitos en contra de los Derechos Humanos no prescriben. ¿Qué ocurrirá si, como sostienen activistas de los Derechos Humanos, se establecen conexiones directas entre la información suministrada por Telefónica a su socio político -la dictadura de Maduro-, y se demuestra que esos datos indujeron el secuestro forzado, la tortura y la prisión sin posibilidad alguna de defensa? ¿Saben los empleados de Telefónica implicados en estas acciones que las mismas han sido realizadas al margen de las leyes y que la participación en delitos de violaciones a los Derechos Humanos no prescriben y tienen un carácter personal? ¿Lo saben?
