(02 de julio del 2019. El Venezolano).- Luego de su visita por Venezuela, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció que aunque se iba del país quedarían dos oficiales de Derechos Humanos, «uno de ellos Carlos y la otra persona es Sara, y que eso les iba a permitir no sólo alzar la voz con los familiares de los presos políticos, sino conocer la situación y tener todos los elementos». A la vez que aseguró que «no los vamos a olvidar».
Sin embargo, a través de Infobae se conoció que parece que eso le importa muy poco a los funcionarios de la DGCIM, ya que no han permitido a la comisión visitar los sótanos donde están detenidos los militares y civiles.
La española Sara Nuero Escobar y el mexicano Carlos de La Torre, que son los dos representantes de la comisión que dejó Bachelet, no han logrado reunirse con ninguno de los militares presos y torturados que están en los tenebrosos sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Al coronel (Ej) Hannover Esteban Guerrero Mijares, director de Investigaciones de la (Dgcim), le importó muy poco que Nicolás Maduro le haya prometido a Bachelet que sus dos oficiales de Derechos Humanos tendrían «acceso pleno a los centros de detención para poder monitorear las condiciones de detención y hablar confidencialmente con los privados de libertad».
La respuesta de Guerrero Mijares a los representantes de la ONU que han solicitado entrevistarse con algunos militares en la DGCIM es que no se puede hasta que no reciba la orden de aprobación por parte de su superior, que debe darla el mayor general Iván Hernández Dala, director de Contrainteligencia Militar.
Si algo ha sido consistente, en las denuncias sobre violación de los derechos humanos de los militares y civiles, detenidos en la DGCIM, es que existe un modus operandi que se ha cumplido rigurosamente contra los detenidos: son allanadas sus viviendas sin orden previa, a la par que les roban dinero, joyas, ropa, alimentos y cuanto objeto de valor haya en la casa de la víctima.
Son detenidos sin orden judicial, algunos son torturados, son incomunicados y no les permiten que los vea su abogado ni su familia, son presentados ante el Tribunal sin cumplir los lapsos establecidos en la Ley y todas las denuncias se basan en informes sin ninguna investigación o en la figura de «delación», a la cual se acogen algunos para evitar la tortura, de manera que señalan a cualquier figura política que el torturador le sugiere.
Son múltiples los casos en que el detenido ha llegado golpeado y con evidentes signos de tortura a la sede de los tribunales militares, pero eso no es incluido en el acta ni el expediente porque el juez ignora la solicitud del detenido y sus abogados.
