(5 de agosto de 2019. El Venezolano).- Los principales países receptores del éxodo venezolano deben implementar reformas legales para combatir efectivamente un tráfico sexual que va en aumento pese a la inexistencia de estadísticas confiables, propuso este lunes una organización no gubernamental.
Refugees International indicó que al menos 40% de los más de cuatro millones de venezolanos que han abandonado su país son mujeres o niñas y que durante los últimos 18 meses muchas han llegado a sus destinos desnutridas y con recursos financieros muy limitados.
Devon Cone y Melanie Teff sostuvieron que la situación vulnerable de las venezolanas en esos países, y sin estatus legal, crea las condiciones para la explotación sexual.
“La desesperación de mantener a sus parientes también puede llevar a las venezolanas a situaciones de sexo por subsistencia o a quedar atrapadas en tráfico o explotación sexual”, escribieron Cone y Teff en un informe elaborado tras recabar información durante el último año en Colombia, Ecuador, Curazao y Trinidad y Tobago.
Las investigadoras atribuyen la inexistencia de estadísticas sobre el fenómeno a que las víctimas prefieren no denunciar por temor a ser deportadas y a los recursos insuficientes destinados por los países receptores, reseñó The Associated Press.
Colombia actualmente alberga a 1,5 millón de venezolanos pero ningún procesado penalmente por tráfico humano fue sentenciado durante 2018 pese a iniciativas recientes como la creación de un sistema nacional de información.
Por ello las investigadoras recomendaron que Colombia aliente a las víctimas, sin importar su estatus migratorio, a formular denuncias, a no exigirles que lo hagan a través de la autoridad migratoria y asegurarles permisos de trabajo mientras participan en investigaciones penales.
El informe también recomendó a los países receptores a entrenar a funcionarios migratorios para detectar indicios de tráfico humano entre los migrantes venezolanos, brindar a las mujeres posibilidades de percibir ingresos e incrementar la atención a las víctimas, incluyendo vivienda y ayuda psicológica.
