(25 de octubre del 2024. El Venezolano).- La Junta Administradora Ad Hoc de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) emitió un comunicado para responder categóricamente a las recientes acusaciones de la Asamblea Nacional de Venezuela, elegida en 2021, sobre un supuesto «robo de CITGO». En su declaración, la junta rechazó las acusaciones calificándolas como “tendenciosas” y “carentes de fundamento”, y aclaró la compleja situación legal de CITGO y otros activos de Venezuela en el extranjero.
Según la administración de PDVSA Ad Hoc, el proceso judicial que amenaza la propiedad de CITGO comenzó en 2018, cuando la Corte de Distrito de Delaware aprobó el embargo de las acciones de PDV Holding (PDVH), la empresa matriz de CITGO en Estados Unidos. Este embargo fue consecuencia de una demanda de la empresa canadiense Crystallex, luego de que sus activos fueran expropiados en 2011 bajo el gobierno de Hugo Chávez. Esta decisión judicial ha generado un proceso de venta forzada en Delaware bajo la supervisión del juez Leonard Stark, quien procura atender las demandas de más de 20 acreedores que reclaman un total de 20 mil millones de dólares en deudas y daños causados principalmente durante los regímenes de Chávez y Maduro.
La junta Ad Hoc de PDVSA aseguró que ninguna de las demandas actuales responde a deudas posteriores al año 2019, es decir, después del cese de la administración de Nicolás Maduro como gobierno legítimo de Venezuela, y afirmó que todas las acreencias son resultado de políticas previas de expropiación, deudas y contratos incumplidos por los gobiernos de Chávez y Maduro.
La lucha legal y la esperanza de una transición democrática
La declaración de PDVSA Ad Hoc enfatizó que, aunque la venta forzada de CITGO sigue en proceso, se están explorando alternativas legales y comerciales para preservar los activos venezolanos. En caso de que se logre una transición democrática en Venezuela con el nuevo gobierno elegido el pasado 28 de julio de 2024, la República Bolivariana, representada por la Asamblea Nacional de 2015, podría proponer mecanismos alternativos para saldar las deudas y evitar la venta de CITGO.
“El único robo que sí existe y preocupa a los venezolanos es el robo de millones de votos en la elección del 28 de julio”, señaló el comunicado, responsabilizando a la administración de Nicolás Maduro de bloquear el cambio que los venezolanos demandaron en las urnas. La junta destacó que el rechazo del régimen a aceptar los resultados de las elecciones de 2024 representa un obstáculo para la posible resolución de la deuda de PDVSA y la protección de CITGO y otros activos estratégicos.
Responsabilidad del régimen y llamado a una transición
La junta Ad Hoc denunció que las campañas de desinformación por parte del régimen buscan confundir a la opinión pública, ocultando la responsabilidad directa del actual gobierno en la situación de CITGO y en el deterioro general de la industria de hidrocarburos de Venezuela. Además, reafirmó su disposición a defender la gestión de los activos nacionales en los ámbitos nacionales e internacionales.
“Estamos comprometidos con la protección de los intereses de Venezuela y de su gente. La voluntad de cambio ya se expresó claramente en las elecciones del 28 de julio. Es momento de unir todos los esfuerzos hacia una transición democrática que permita salvar el futuro de Venezuela”, concluyó el comunicado.
La situación de CITGO continúa siendo incierta mientras el proceso judicial en Estados Unidos sigue avanzando. En tanto, la Asamblea Nacional de 2015 y la junta Ad Hoc de PDVSA mantienen su posición de que la preservación de los activos de Venezuela en el exterior depende de una solución política que permita reestructurar la deuda y atender los reclamos sin poner en riesgo el patrimonio venezolano.
La situación plantea un desafío crucial para los intereses de Venezuela y para la industria petrolera, que sigue siendo una de las principales fuentes de ingreso y de estabilidad económica para el país.
