(16 de enero del 2024. El Venezolano).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, continúa en su cruzada por la seguridad en el país suramericano, tratando de emular, con su ‘Plan Fénix’, lo hecho por Nayib Bukele en El Salvador.
Desde que la semana pasada decretó estado de excepción, declaró un «conflicto armado interno» e identificó como «terroristas» a varios grupos al margen de la ley, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas del país andino han informado sobre la captura de presuntos miembros o colaboradores de esas agrupaciones.
Según informó la Presidencia de Ecuador, entre el 9 y el 14 de enero fueron detenidas al menos 1.327 personas, 143 de estas acusadas de «terrorismo». Asimismo, cinco presuntos terroristas fueron abatidos.
Luego de ello, la noche del domingo, las Fuerzas Armadas informaron sobre la captura de otros tres presuntos integrantes de ‘Los Choneros’, una de las agrupaciones que el Gobierno tildó de «terroristas». Los hombres fueron aprehendidos durante un operativo realizado en la provincia de Santa Elena, en la costa de Ecuador.
La mañana de este lunes, las autoridades notificaron la detención de otros dos sujetos, supuestos miembros de la agrupación ‘R7’, también incluida en la lista del Gobierno, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
En el balance de la Presidencia, además, se detalla que durante los operativos de las fuerzas de seguridad se han incautado 491 armas de fuego, 268 armas blancas, 462 explosivos y 10.241 municiones; se han decomisado 5.319 kilos de drogas, y se han recuperado 343 vehículos y 195 motocicletas.
Durante este mismo lapso, las autoridades registraron al menos 10 atentados a infraestructuras policiales y otros 13 a edificios públicos y privados.
Liberación de rehenes
Por otro lado, el sábado, la Presidencia dio a conocer que todos los rehenes que permanecían en manos de reos en distintas cárceles del país, desde el pasado lunes, fueron liberados.
En total, 201 personas fueron retenidas. La mayoría de ellas eran guías penitenciarios y personal administrativo de las distintas cárceles.
Noboa felicitó a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y reconoció la labor de su ministra de Gobierno, Mónica Palencia, y del titular de Defensa, Giancarlo Loffredo, para «lograr la liberación del cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciario y el personal administrativo retenido en los centros de privación de libertad de Azuay, Cañar, Esmeraldas, Cotopaxi, Tungurahua, El Oro y Loja».
De igual forma, la Policía informó que fue localizado con vida un uniformado, identificado como Alberto Gómez, que había sido secuestrado por sujetos armados. La mañana del domingo, el Gobierno aseguró que las fuerzas de seguridad retomaron el control de las prisiones del país andino, con imágenes muy similares a la estrategia de comunicación desarrollada por Bukele en El Salvador: fotos de reos sentados en el piso, con las manos sobre la cabeza, sin camiseta y reunidos en los patios de los recintos penitenciarios, mientras eran custodiados por efectivos militares.
De acuerdo con el SNAI, se intervino el Centro de Privación de Libertad (CPL) N° 1 El Oro, en la ciudad de Machala, al suroeste de Ecuador, donde se decomisaron «fusiles, pistolas, revólveres, sustancias sujetas a fiscalización, chalecos antibalas, dinero en efectivo, armas cortopunzantes y dispositivos electrónicos».
En el CPL Cañar N° 1, por su parte, se incautaron «armas de largo alcance, pistolas, alimentadoras, municiones de diferente calibre y sustancias sujetas a fiscalización».
También se retomó el control y se decomisó objetos prohibidos en los CPL Esmeraldas N° 2, al noroeste del país; CPL Loja N° 1, al sur; CPL Azuay N° 1, mejor conocida como la cárcel del Turi; y el CPL Tungurahua, al centro. Y este lunes fue intervenido el Centro de Rehabilitación Social Archidona, en la provincia de Napo, en la Amazonía ecuatoriana.
Subir el IVA
A la par de estas acciones en las calles, en las cárceles y una agresiva campaña mediática, la administración de Noboa libra otra cruzada en la Asamblea Nacional, pues el jueves de la semana pasada, en medio de la conmoción por diversas acciones de violencia en el país, el Ejecutivo envió un proyecto, denominado «Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica».
Con ese documento, la administración de Noboa pretende el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 15 %, con el argumento de que la medida permitirá «enfrentar» el declarado «conflicto armado interno».
El texto fue ingresado en el Parlamento bajo el concepto de «carácter económico urgente», lo que significa que el Legislativo tiene 30 días para tratarlo, y aprobarlo o negarlo. Si al vencer el plazo no hay respuesta de los asambleístas, la ley entrará en vigor de inmediato.
«Debemos estar alineados, porque una guerra cuesta y cuesta dinero, entonces debemos tomar acciones y medidas importantes», expresó Noboa el jueves, aunque un día antes decía algo totalmente distinto: «No puedo tampoco ahogar a la ciudadanía, en este momento, con impuestos, porque la gente también quiere que la plata le alcance y quiere trabajar y quiere salir adelante; entonces, debemos de ser muy cuidadosos en las cosas que hacemos».
«El camino que escogió el señor Noboa al proponer el incremento de este impuesto es el peor camino posible«, opinó, en entrevista con Radio Pichincha, el exministro de Finanzas de Ecuador Marco Flores.
Flores recalcó que el IVA es un impuesto al consumo, que está íntimamente ligado al Producto Interno Bruto (PIB), por lo que consideró que una medida de esa naturaleza lastrará la expansión económica y agravará la situación en el país suramericano.
En esta línea, apuntó que los pobres serán los más perjudicados con esa política porque, básicamente, «dedican todos sus ingresos al consumo».
Flores mencionó que en medio de la situación actual que vive Ecuador, las medidas económicas que tome el Gobierno deben cumplir al menos tres requisitos: no afectar a los pobres, no perjudicar la recuperación de la economía y solucionar el desfinanciamiento del presupuesto del Estado.
Posición de las bancadas
Varias bancadas de la Asamblea Nacional ya han manifestado que votarán en contra del proyecto enviado por el Ejecutivo. Los asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC), por ejemplo, dijeron que no apoyarán «medidas que afecten a la clase media y los más pobres» y adelantaron que presentarán alternativas para que «los que más tienen más paguen», como el aumento al Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y tributos a las utilidades extraordinarias de la banca o a grandes capitales.
Igualmente, desde la bancada del Movimiento Construye expresaron su oposición a que el presidente «le meta la mano al bolsillo de la gente al intentar subir el IVA», cuando hace menos de un mes «aprobó una reforma de exoneraciones a las grandes empresas, incluidas aquellas relacionadas con su grupo familiar».
El bloque legislativo del Partido Social Cristiano (PSC) y aliados señaló que no votará por el aumento del IVA ni por la creación de ningún impuesto. Entre estas tres bancadas que se oponen suman 88 asambleístas, de los 137 que conforman el Parlamento, por lo que la iniciativa de Noboa estaría destinada al fracaso.
Al respecto también se pronunció la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). «¡Basta de injusticias: no a la subida del IVA al 15 %! Existen alternativas: impongan impuestos a la riqueza, cobren las deudas a los grupos económicos, combatan la evasión fiscal y aumenten el Impuesto a la Salida de Divisas al 5 %, así como el 8 % a la importación de bienes de lujo», dice la organización.
A la CONAIE se suma la Cámara de Comercio de Guayaquil, que considera que el «aumento de impuestos no es la solución». Mediante un comunicado, el conglomerado afirma que el incremento del IVA golpea a la economía, por lo que sugiere al Gobierno «implementar alternativas que tiene al alcance», como la focalización de subsidio a los combustibles, el combate a la defraudación fiscal, la eliminación de la corrupción en compras públicas o incluso «la venta de activos del Estado».
