(25 de enero del 2021. El Venezolano).- Durante años el Foro Penal Venezolano, como otras ONG venezolanas e internacionales, denunció los delitos contra la humanidad racabando datos, cifras, casos de violaciones de los derechos humanos por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Pero fue luego de los dos informes lapidarios de la Comisionada de la ONU para temas de Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michel Bachelet, que la opinión pública mundial y los gobiernos, más allá de que muchos miraron y miran al cielo, tuvieron los datos precisos y reales de la actividad del régimen criminal chavista y de sus víctimas: torturas, asesinatos, desapariciones, encarcelamientos arbitrarios y discrecionales, y persecuciones de todo tipo.
Maduro fue acusado ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya por delitos de lesa humanidad por seis estados americanos y tres europeos: Argentina -su anterior gobierno-, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, y Alemania, Francia y República Checa. Es condición necesaria que sean uno o más países los que eleven la denuncia.
Durante años el fiscal de la CPI fue el argentino Luis Moreno Ocampo, quien a pesar de contar con 22 denuncias e informes contundentes del accionar del gobierno de Hugo Chávez, continuado y acrecentado desde que asumió Maduro, nada hizo al respecto, al igual que su sucesora la gambiana Fatau Bensauda, hoy fiscal saliente que dejará su cargo en junio próximo. Su reemplazante debería haber sido designado en diciembre pasado, algo que no sucedió, postergándose en seis ocasiones hasta el presente.
El propio secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, protestó por la dilación de designar a un nuevo fiscal, necesario para el desarrollo del proceso a Maduro.
Las demoras no serían obra de la distracción burocrática sino una orquestada maniobra de los socios chavistas europeos, apoyados por los gobiernos afines de Hispanoamérica, léase integrantes del Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla (que integra como fundador el gobierno argentino de Alberto Fernández). En España es donde el lobby por la impunidad de Maduro está más activo, encabezado por el expresidente socialista José Luis Rodriguez Zapatero, convertido desde hace años en un vocero internacional del chavismo y un hacedor de “diálogos” para marear la perdiz y darle aire al régimen; el comunista Pablo Iglesias, hoy vicepresidente segundo del gobierno de Pedro Sánchez; y el exjuez Baltazar Garzón (exonerado del Foro en 2012 por prevaricato y que fuera asesor del gobierno de Cristina Kirchner), actual pareja de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado.
Vale recordar que Iglesias, como otros dirigentes de su formación política Unidas Podemos, tienen denuncias y causas judiciales, probadas ya muchas de ellas, por haber recibido ayuda financiera del gobierno de Chávez para la creación de una fuerza política afín en España, algo prohibido por la Ley, que establece que ningún partido político español puede recibir dinero de un Estado extranjero.
La maniobra consistiría en promover al fiscal español Carlos Castresana como Fiscal General de la CPI para que continúe los pasos elusivos de Moreno Ocampo y Bensauda, según denunció el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN) y que fuera publicado por el medio digital español Periodista Digital en una nota firmada por el periodista italo-venezolano José Antonio Puglisi recientemente.
Pero la estrategia de la ultraizquierda española, hoy en el gobierno, es más ambiciosa ya que intentaría promover la ampliación de 4 a 9 de los candidatos preseleccionados, algo que viola lo establecido en el artículo 42.4 del Estatuto de Roma.
Queda más que claro que una condena y procesamiento de la Corte Penal Internacional a Maduro, para que responda por los crímenes cometidos, dejaría, aún cuando su detención sería dificultosa, muy mal parados a sus socios y patrocinados del gobierno español y a muchos gobiernos latinoamericanos, que han mantenido relaciones carnales tanto con Chávez como con Maduro. En el caso argentino recordemos que en tiempos de Chávez y Néstor Kirchner, el embajador argentino en Caracas, Eduardo Sadous, denunció la existencia de una “embajada paralela” desde donde se hacían negocios entre ambos gobiernos apretando a empresarios. Aquella denuncia le costó al diplomático su expulsión de la embajada, su traslado a Buenos Aires y un bochornoso proceso judicial en la Argentina por el solo hecho de cumplir con su deber.
Merece a su vez que hagamos memoria que las relaciones entre el gobierno de Alberto Fernández y Unidas Podemos son estrechas. Antes de asumir la presidencia, ya triunfante en las elecciones de octubre de 2019, Fernández viajó a España y fue recibido por el grupo parlamentario podemita. Su actual ministro de Educación Nicolás Trotta repatrió a Pablo Gentili, quien era jefe de gabinete de Iglesias, creándole una secretaría de Estado de Asuntos Internacionales para temas vinculados a la educación. A su vez Trotta cuenta como asesora a la venezolana y cuadro político del chavismo María Iris Rangel, abogada y militante del régimen venezolano, quien habría sido designada por pedido de la propia Cristina Kirchner, la presidenta en ejercicio de la vicepresidencia.
Como vemos, en nuestras playas los lazos entre el kirchnerismo con Podemos y el chavismo siguen siendo muy estrechos.
En España, en 2019, la entonces vicepresidente venezolana y ministro de Economía Delcy Rodriguez, con pedido de captura internacional al igual que una decena de dirigentes chavistas y con la prohibición de pisar territorio de la Unión Europea, aterrizó en un avión privado en el aeropuerto de Barajas-Madrid, permaneciendo doce horas en el salón vip para ser visitada y recibida por el ministro de Fomento del gobierno de Sánchez-Iglesias, José Luis Abalos (orgulloso mediador del movimiento gerrillero M-19 en la década del 80), produciendo un escándalo mediático y denuncias de los eurodiputados opositores en el parlamento europeo sin que hasta el presente Madrid rindiera cuentas de ello, más aún de las 12 valijas de gran porte que la mujer fuerte del chavismo hiciera salir del aeropuerto con rumbo desconocido, con la complicidad del gobierno español.
Las denuncias contra Maduro por reiteradas –casi como política de Estado– violaciones a los derechos humanos son contundentes; las crisis económica, sanitaria y humanitaria no tienen parangón en la región, lo que se refleja en la diáspora de seis millones de venezolanos emigrados por razones políticas o para sobrevivir.
Mas de 60 países no reconocen a Maduro como presidente legal y sus activos están embargados en el exterior, pero mientras el dolor y el sufrimiento de Venezuela persiste, el dictador celebra con más represión las fraudulentas elecciones del pasado mes de diciembre, con la oposición real proscripta y perseguida y una abstención del 70% de votantes, cuyo resultado fue la instauración de un congreso ilegal surgido de esa elección amañada.
Solo con el apoyo de China, Rusia -que no es poco-, Cuba, Nicaragua, Irán, Corea del Norte y Turquía, más algunos microestados caribeños y africanos, y la rocambolesca actitud del gobierno argentino donde unos dicen blanco y otros negro, siendo por ello también cómplices del régimen, Maduro sobrevive hasta el presente con socios europeos beneficiarios de sus fondos, que buscan blindarlo y brindarle impunidad en la CPI.
