(12 de agosto del 2024. El Venezolano).- En el torbellino de la política venezolana, la reciente introducción por Nicolás Maduro de un recurso «Contencioso Electoral» para tramitar un “proceso de investigación y verificación” de los resultados del 28 de julio de 2024 ha abierto una caja de pandora jurídica. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia enfrenta la disyuntiva de decidir sobre un procedimiento cuya legitimidad y viabilidad están en entredicho, suscitando no solo inquietudes sobre el debido proceso, sino también una flagrante violación de principios constitucionales.
Maduro, en su condición de Presidente de la República, ha solicitado que se certifiquen los resultados del proceso electoral. Sin embargo, este recurso presenta graves deficiencias en términos de su encuadre jurídico. Según expertos en la materia, el «recurso contencioso electoral», tal como se ha presentado, carece de sustento legal. La noción de «contencioso» implica una confrontación directa contra una decisión concreta, lo cual, en este caso, debería dirigirse contra la proclamación realizada por el Consejo Nacional Electoral la madrugada del 29 de julio, y no contra un procedimiento que carece de reconocimiento formal en el ámbito jurídico venezolano.
Además de la cuestionable naturaleza del recurso, la forma en que se está llevando a cabo el proceso refleja una preocupante falta de transparencia. Los candidatos presidenciales y los líderes de los partidos políticos citados no tienen acceso a la información fundamental que les permita conocer el alcance de las acusaciones y preparar su defensa. Este velo de oscuridad sobre los detalles del recurso no solo impide que los implicados ejerzan adecuadamente su derecho de defensa, sino que también contraviene el artículo 137 de la Constitución Nacional, que establece claramente el derecho a la información y la transparencia procesal.
Más grave aún es la aparente transgresión del principio de separación de poderes, consagrado en el artículo 136 de la Constitución. Al asumir funciones que corresponden exclusivamente al Consejo Nacional Electoral, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia no solo desborda sus competencias, sino que también atenta contra el equilibrio y la autonomía de los poderes del Estado. Este acto no solo infringe la Constitución, sino que también configura una clara vulneración de los derechos constitucionales de los ciudadanos, quienes se ven obligados a asistir a audiencias sin saber exactamente contra qué se están enfrentando.
El proceder de la Sala Electoral, al invadir competencias ajenas y al administrar justicia de una manera tan opaca, genera un estado de indefensión que podría socavar aún más la credibilidad del sistema judicial. La falta de claridad y la violación de los principios del debido proceso no solo pueden resultar en una decisión jurídica sin fundamento sólido, sino que también incrementan el caos y la incertidumbre en la nación. En vez de ofrecer una solución a la crisis política electoral, la resolución que se adopte podría exacerbar la desconfianza y el descontento generalizado.
En suma, el recurso de Maduro ha puesto de manifiesto las grietas profundas en el sistema judicial y constitucional venezolano. La indefensión que enfrentan los citados, el uso arbitrario de competencias y la falta de transparencia en el proceso no auguran nada bueno para el futuro de la justicia en el país. La Sala Electoral, en su tarea de dirimir este conflicto, tiene la responsabilidad de garantizar la legalidad y la justicia, no solo en sus decisiones, sino en el proceso mismo. Sin ello, la resolución final podría ser, en última instancia, un nuevo episodio de caos en una Venezuela ya sumida en la turbulencia.
La Cortina de Silencio y el Laberinto de la Verdad Electoral
En el mar de oscuridad que envuelve el actual proceso electoral venezolano, una sombra inquietante se cierne sobre la transparencia y la justicia. El reciente espectáculo protagonizado por Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, y su actuación ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, ha suscitado dudas y desconcierto. La duda principal es la entrega de las copias de las Actas Electorales correspondientes a las 30.026 mesas de votación del 28 de julio de 2024, un evento del que se ha informado escasamente y que se encuentra rodeado de un aura de misterio.
El relato oficial sostiene que Amoroso presentó estas actas ante la Sala Electoral. Sin embargo, el escepticismo es palpable. Las pocas pruebas visuales disponibles muestran al presidente del CNE llegando al TSJ con una carpeta que aparentemente contenía solo unas pocas hojas, en contraposición a la enormidad del trabajo que se supone debía entregar. Esta disparidad ha alimentado las sospechas de que la documentación completa no ha sido presentada, o que al menos, la información entregada no corresponde con lo que se requiere para una verificación adecuada.
Además, se ha aducido que el sistema del Consejo Nacional Electoral fue objeto de un hackeo cibernético, una justificación que se utiliza para explicar la falta de presentación pública de las actas y la posterior represión de los testigos electorales. Un suceso que la Sala Electoral admite como cierto sin haber citado a los representantes de CANTV y MOVILNET que son las responsables de las 30026 líneas encristalas, ni a los técnicos del CNE con competencias en el área.
Esta narrativa de un ciberataque ha servido para no solo evitar la transparencia en la presentación de los resultados, sino también para emprender una ofensiva contra millares de testigos que han sido detenidos o perseguidos por las fuerzas policiales del Estado. Este uso del miedo y la represión como herramientas para el control y la censura revela una escalofriante preocupación por la integridad del proceso electoral.
El hecho de que a los citados no se les haya permitido conocer la actuación completa del Consejo Nacional Electoral ante la Sala Electoral subraya la grave falta de transparencia y el desprecio por los principios básicos del debido proceso. Esta opacidad no solo obstaculiza el derecho de los involucrados a defender sus intereses y presentar sus argumentos, sino que también mina la confianza pública en el sistema electoral y judicial.
En este entorno enrarecido, el desdén por la transparencia y la verdad crea un panorama en el que la justicia parece ser un lujo inalcanzable. La combinación de actos cuestionables y la represión de quienes buscan claridad y justicia reflejan un sistema que parece más interesado en preservar su propia fachada que en resolver las verdaderas inquietudes de los ciudadanos.
En última instancia, la cortina de silencio que envuelve los eventos y las acciones del Consejo Nacional Electoral y de sus representantes, junto con la persecución de los testigos, construye un escenario en el que la verdad se convierte en una víctima más. Este laberinto de desinformación y represión no solo atenta contra los derechos de los ciudadanos y la integridad del proceso electoral, sino que también intensifica la crisis de confianza en las instituciones del país. La falta de claridad y el temor sembrado por las autoridades solo pueden llevar a un futuro en el que el caos y la desconfianza sean los protagonistas principales.
La Transparencia Perdida
En medio de la maraña de opacidad y el enrevesamiento político que ha caracterizado el proceso electoral venezolano, el papel del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha quedado en el centro de una tormenta de sospechas y desconfianza. La proclama de resultados y la declaración de un ganador sin el debido respaldo de pruebas documentales y verificables han echado más leña al fuego de la incertidumbre y el desconcierto que envuelve al país.
La actuación del CNE, al proclamar los resultados sin haber impreso, ante testigos, el primer boletín oficial, ha suscitado una profunda preocupación. En circunstancias normales, la integridad del proceso electoral requiere la transparencia absoluta, manifestada a través de la publicación y verificación detallada de los datos electorales mesa por mesa, así como la exposición pública de las actas electorales. La ausencia de estos pasos fundamentales deja en evidencia un sistema que parece operar bajo el manto de la opacidad, privando a los ciudadanos y a los observadores de una visión clara y objetiva de los resultados.
La falta de visibilidad en el proceso y la imposibilidad de examinar los datos por parte de los testigos han contribuido a un clima de desconfianza que empaña la legitimidad del sufragio. En lugar de una proclamación respaldada por un procedimiento riguroso y transparente, se ha ofrecido una realidad que sugiere que los resultados se han cocinado en las sombras del poder, alejados de los principios de apertura y equidad que deberían regir un proceso electoral.
Dado el contexto actual, la única vía para restaurar la confianza en el sistema electoral y en el sufragio como expresión auténtica de la voluntad del pueblo, según lo estipulado por el artículo 5 de la Constitución Nacional, es emprender una investigación exhaustiva sobre la actuación de los rectores del CNE. Es imperativo abrir las cajas electorales y llevar a cabo un reconteo manual de los votos con la presencia de testigos nacionales e internacionales. Este procedimiento no solo permitirá validar los resultados, sino que también enviará un mensaje claro sobre el compromiso con la transparencia y la integridad del proceso electoral.
En la situación actual, donde la desconfianza ha sembrado dudas sobre la legitimidad del proceso y la proclamación de resultados, una investigación rigurosa y un reconteo abierto se presentan como las únicas soluciones viables para restablecer la credibilidad en el sistema electoral. Solo así se podrá recuperar la confianza perdida y asegurar que el sufragio continúe siendo una verdadera expresión de la voluntad popular, en concordancia con los principios democráticos consagrados en la Constitución.
