(23 de septiembre del 2020. El Venezolano).- El Tribunal Supremo de España reactivó el caso Delcygate luego de varios meses de estancamiento. La Sala de lo Penal envió la semana pasada una comunicación a la Fiscalía para conocer su opinión sobre los recursos impuestos por Vox y el Partido Laócrata contra las fianzas que tendrían que pagar para poder ejercer la acusación contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por su reunión en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez.
Fuentes del medio español Vozpópuli explicaron que una vez el Ministerio Público haga una declaración sobre este punto, los jueces tomarán o no la decisión de nombrar un instructor para que investigue formalmente a Ábalos por el delito de prevaricación.
El tribunal dictó el 6 de marzo un auto en el que le imponía a Vox una fianza de 6.000 euros para presentarse en el caso como acción popular. Tan solo unos días antes, le había impuesto al partido Laócrata 12.000 euros de fianza. Los partidos alegaron que las sumas eran demasiado altas.
Estas fianzas tienen el objetivo de garantizar el rigor de una acusación popular, una causa que permite realizar una demanda pese a no ser un perjudicado directo. Los partidos políticos se han sumado a esta opción en los últimos años para iniciar investigaciones por corrupción.
Delcy Rodríguez tiene prohibida la entrada en territorio de la Unión Europea al estar acusada de violar derechos humanos. Sin embargo, el lunes 13 de enero presuntamente se reunió en el aeropuerto de Barajas con Ábalos.
La primera denuncia, presentada por el partido Laócrata, indicó que el ministro Ábalos cambió su testimonio en varias ocasiones, lo que demuestra que sabía que su encuentro con Rodríguez no era legal.
El conocido como Delcygate lleva meses paralizado. Hasta que la Fiscalía no declare y el Tribunal Supremo no designe a un instructor, la causa especial 20084/2020 no echará a andar oficialmente. El Real Decreto del Estado de Alarma, aprobado el 14 de marzo por el gobierno, detuvo los plazos procesales, que se mantuvieron congelados hasta principios de junio.
