(28 de noviembre del 2020. El Venezolano).- En piraguas sin techo y sin registro, autoridades policiales de Trinidad y Tobago expulsaron a mar abierto a 16 niños venezolanos, entre ellos un bebé de cuatro meses de nacido, con poco alimento, combustible y con una alerta de tormenta el domingo 22 de noviembre.
La indignación pública y la presión de medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y agencias internacionales logró el retorno de los niños al país caribeño.
Esta acción que el gobierno trinitense intenta justificar llamando “personas indeseables” y “asaltantes” a los migrantes sin documentos viola al menos cuatro tratados internacionales, según el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri).
Estos son:
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo de 1967.
Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.
Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990.
Pacto Mundial para la Migración Segura, ordenada y regular de 2018.
En un comunicado el doctor en relaciones internacionales y presidente de Covri, Kenneth Ramírez, señaló que el gobierno de Trinidad y Tobago está obligado a proteger plenamente los derechos de los migrantes venezolanos y, en especial personas y niños en necesidad de protección internacional.
Y advierte que las deportaciones masiva sde refugiados están prohibidas bajo el Derecho Internacional, así como la violación a los principios de no-devolución, confidencialidad, no-penalización, el derecho al debido proceso y las garantías judiciales y la reunificación familiar.
Convención de 1951
Bajo la Convención de 1951, Trinidad y Tobago tiene el deber de no expulsar o retornar a refugiados bajo ninguna circunstancia a las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad esté en peligro; a no compartir información con su país de origen; y a no imponer sanciones penales por causa de su entrada o presencia irregular.
Este tratado también garantiza el derecho de las personas refugiadas a presentar pruebas exculpatorias, apelar y a estar representadas ante la autoridad competente.
“Hacer lo contrario, como viene haciendo el gobierno de Keith Rowley con los venezolanos que buscan refugio implica una violación del Derecho Internacional, escribiendo además las páginas más tristes y oscuras en las relaciones entre nuestras naciones”, rechaza el consejo que agrupa a internacionalistas venezolanos.
“Acto inmoral”
El Covri calificó de “acto inmoral, vil e inhumano” la deportación de los 16 niños en condiciones precarias a mar abierto y exige una investigación “porque tuvo lugar antes de que los tribunales competentes de Trinidad y Tobago tuviesen oportunidad de hacer una evaluación de los casos, lo que es contrario a las leyes de ese país”.
Así mismo, exhortó al gobierno de Trinidad y Tobago a enfocarse en desmantelar a las mafias de trata y tráfico de personas y solicita a la comunidad internacional a mantener su compromiso con la dotación de fondos suficientes a la Acnur que determinó en enero de este año que necesitaba 45,6 millones de dólares para atender a los 71 mil migrantes venezolanos en El Caribe, pero solo logró recaudar 15 millones de dólares.
“Condenamos el silencio vergonzante del régimen encabezado por Nicolás Maduro frente al último acto abominable de la política migratoria retrógrada implementada por el Primer Ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley”, rechaza la Covri.
El gobierno trinitense ha expulsado a 55 niños venezolanos durante 2020, según el diputado, miembro de la comisión de política exterior de la Asamblea Nacional, Carlos Valero.
Con información de Efecto Cocuyo
