(31 de enero del 2025. El Venezolano).- En un contexto donde millones de venezolanos han huido de su país debido a la crisis humanitaria sin precedentes, la decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de beneficiarios venezolanos representa una violación flagrante de los compromisos internacionales en materia de protección de refugiados y derechos humanos.
El TPS y su Protección Legal
El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un mecanismo de protección otorgado a ciudadanos de países que enfrentan conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que impiden un retorno seguro. En el caso de Venezuela, la designación del TPS fue motivada por la grave crisis política, económica y social que ha generado escasez de alimentos, falta de servicios públicos esenciales y persecución política sistemática.
Sin embargo, la decisión unilateral del Ejecutivo estadounidense de revocar o no renovar esta protección sin una evaluación individualizada de cada caso vulnera no solo el marco legal interno de los EE. UU., sino también los principios fundamentales del derecho internacional público, incluyendo tratados y convenios que el propio país ha suscrito.
Violación de Tratados Internacionales
Estados Unidos ha sido históricamente un promotor de los derechos humanos y de la protección de los refugiados a través de distintos acuerdos internacionales, tales como:
• La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, que establecen el principio de no devolución (non-refoulement), prohibiendo la expulsión de personas hacia países donde su vida o libertad corran peligro.
• La Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan el derecho a la protección de los migrantes en situaciones de extrema vulnerabilidad.
• El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que considera crímenes de lesa humanidad las acciones gubernamentales que sometan a poblaciones civiles a condiciones inhumanas.
• La Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protegen el derecho de todo individuo a buscar y recibir asilo.
La revocación del TPS y la amenaza de deportación masiva de ciudadanos venezolanos sin un debido proceso judicial y administrativo constituyen una clara violación de estos principios y tratados. No se puede desconocer que los beneficiarios del TPS han recibido este amparo legal en virtud de su situación de peligro, y su deportación podría exponerlos a riesgos inminentes, desde la persecución política hasta la falta de acceso a necesidades básicas.
Impacto Humanitario y Familiar
Más allá de las implicaciones legales, la decisión de revocar el TPS tendría un impacto devastador a nivel social y familiar. Muchos venezolanos que han recibido esta protección llevan años en EE. UU., han construido una vida estable, tienen empleos formales, hijos nacidos en territorio estadounidense y un arraigo significativo en el país.
Su deportación no solo representaría la desintegración de familias, sino que también afectaría a jóvenes estudiantes y trabajadores que han contribuido positivamente a la sociedad estadounidense. Además, condenaría a miles de personas a un regreso forzado a un país donde no existen garantías de seguridad, servicios básicos ni condiciones mínimas de vida.
Conclusión: Un Llamado a la Comunidad Internacional
Ante este escenario, es imperativo que la comunidad internacional, las organizaciones defensoras de los derechos humanos y los organismos multilaterales se pronuncien con firmeza para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados Unidos en materia de protección humanitaria.
Los principios del derecho de asilo y la protección internacional no pueden ser ignorados por decisiones políticas arbitrarias. El respeto por los derechos humanos debe prevalecer sobre cualquier interés gubernamental coyuntural.
El pueblo venezolano, víctima de una de las crisis más graves del continente, merece solidaridad, protección y el reconocimiento de su derecho a vivir con dignidad y seguridad. Estados Unidos, como nación que históricamente ha sido un baluarte de la libertad y la democracia, no puede dar la espalda a miles de personas que han buscado refugio en su territorio. La comunidad internacional debe actuar ahora para evitar un nuevo atropello contra los derechos fundamentales de los migrantes venezolanos.
