(01 de enero del 2021. El Venezolano).- Ni siquiera los 110 “indultos” que el régimen de Nicolás Maduro concedió el 30 de agosto 2020, hicieron que el nuevo año que se inicia hoy tenga cifras más alentadoras. Hoy hay no menos de 354 presos políticos en las cárceles de Venezuela: 227 son civiles y 127 son militares. Desde hace un año se contabilizan por primera vez 13 indígenas imputados por razones de este tipo, uno de ellos, el pemón Salvador Franco, con un peligroso cuadro de desnutrición y deterioro de la salud, aun así la ministra de Asuntos Penitenciarios Mirelys Zulay Contreras no ordena su traslado a un centro de salud.
El 2020 representó el año de mayor brutalidad contra la generalidad de los presos políticos en Venezuela. Si bien es cierto que el 2019 tuvo como característica especial que los defensores de derechos humanos, los presos políticos y sus familiares centraron sus esperanzas en la actuación de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU, Verónica Michelle Bachelet Jeria, la realidad es que los métodos de tortura se intensificaron y el Covid-19 trajo consigo la etapa de mayor angustia, silencio, desesperación y tristeza en las familias de los presos por cuestiones políticas.
Aunque el régimen de Nicolás Maduro libera a algunos presos, pocos salen totalmente libres, pues la gran mayoría son enviados a casa por cárcel o con régimen de presentación. Y por otra parte detiene a nuevos dirigentes políticos, civiles que son apresados por manifestar su opinión, por reclamar ante la negligencia del gobierno nacional o incluso local, por manifestar ante la falta de agua, gas, combustible, fallas eléctricas, escasez de alimentos o papel moneda.
En el caso de los militares la situación es aterradora. La alta jerarquía política y militar habla de las bondades del Gobierno, de la unidad cívico-militar, de la fortaleza de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o del magnífico apresto operacional. Pero la realidad es demasiado obstinada, los números de deserciones y de conspiraciones, así como de eventos negativos en la institución castrense, reflejan lo contrario de lo que dice el Alto Mando Militar.
A eso se le agrega la incapacidad que ha demostrado la institución castrense para responder ante el avance de los grupos irregulares armados, especialmente de paramilitares y guerrilla, ante quienes se presentan desdibujados, sin la fuerza para impedir la invasión de territorio, el uso de armas de guerra, el sometimiento de la población a fuerzas extranjeras, la imposición de medidas impuestas por grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización guerrillera que se ha fortalecido en territorio venezolano.
La guerrilla se ha enseñoreado en cientos de trochas existentes entre Colombia y Venezuela; se instalan con computadoras portátiles para chequear las identificaciones de quienes pretenden atravesar de un lado a otro de la frontera, lo que indica que los elenos tienen la base de datos que debería ser exclusivo del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), porque pueden chequear a quienes estén o no inscritos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los pasaportes.
A veces la guerrilla no permite pasar por los puentes artesanales y obliga a atravesar el río. Usan la computadora como si fueran funcionarios de migración, incluso determinando si alguien tiene problemas con el gobierno o legal.
Ni por orden del juez
Al indígena Salvador Franco lo señalan de participar en la llamada Operación Aurora, que consistió en el asalto al Batallón de Infantería de Selva 513 Marino Montilla, ubicado en Luepa en la trocal 10 y Escuadrón de Caballería Motorizada 5102 conocido como Fuerte Escamoto, ubicado en de Santa Elena de Uairen capital del Municipio Gran Sabana. Él, junto a otros 12 pemones que están presos, fueron torturados, incomunicados y sometidos a desaparición forzosa y tratos crueles.
A Franco lo detuvo, el 30 de diciembre 2019, en la comunidad Kumarakapay, una comisión de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en la comunidad Kumarakapay por funcionarios de la DGCIM. Lo trasladan de ahí al Batallón de Infantería de Selva 513 Marino Montilla, ubicado en Luepa.
Pasan los días y el 6 de enero 2020 lo trasladan a Caracas, específicamente a la sede central de la DGCIM en Boleita. Queda detenido después de ser presentado ante el Tribunal Cuarto (4°) de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en delitos asociados al terrorismo del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas, a cargo del juez José Mascimino Márquez García.
Es insólito la cantidad de delitos que le imputan a Franco, así como a los otros indígenas:
1. Conspiración en la forma política, previsto y sancionado en artículo 132 del código penal;
2. Terrorismo, previsto y sancionado en el artículo 52 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT);
3. Sustracción de arma de fuego o municiones en resguardo, previsto y sancionado en el artículo 121 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones; Asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT);
4. Uso de adolescente para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 264, de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente;
5. Porte ilícito de arma de fuego, previsto y sancionado en el artículo 112, en relación con el artículo 4 de la ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones;
6. Aprovechamiento de la cosa proveniente del delito, previsto y sancionado en el artículo 470, del Código Penal.
Sin orden alguna del Tribunal, el 13 de mayo 2020 sacan a Salvador Franco de la DGCIM Boleíta y lo llevan a la cárcel Rodeo II en Guatire, estado Miranda, donde permanece; desde que llegó a ese recinto carcelario presentó problemas delicados de salud, por lo que ha ido deteriorándose físicamente. Sus familiares han denunciado que escupe sangre, presenta desnutrición porque en la cárcel no les dan alimentación suficiente y él está muy lejos de su familia y de su comunidad.
Aunque fue presentado ante tribunales estuvo 56 días incomunicado, sin que se le permitiera contacto alguno con familiares ni con abogados. Aunque hubo denuncias públicas nada resultó. Los indígenas han sido tratados de manera muy cruel, de manera que no se supo nada de los detenidos hasta el 21 de octubre cuando se realizó la audiencia preliminar.
Ese día el juez Márquez García constató el evidente deterioro de salud de Salvador Franco y ofició a la cárcel del Rodeo II para que fuera traslado a un centro asistencial. El viernes 23 los abogados el juez le dijo a los abogados del Foro Penal que representan a los indígenas, que había oficiado el traslado de Franco, lo que hasta ahora no se ha cumplido.
“Está escupiendo sangre, no puede respirar bien, está en estado de desnutrición”, denunció su hermana Liset Franco. Es necesario que la ministra de Asuntos Penitenciarios, Mirelys Zulay Contreras dé la autorización para que pueda ser trasladado a recibir atención médica.
