(16 de septiembre del 2024. El Venezolano).- El Centro Nacional de Inteligencia de México consignó al Archivo General de la Nación (AGN) 300.986 documentos de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad «relacionados con la guerra sucia; esto es, toda aquella información referente a posibles violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción» en el período 1965-1990, refiere La Jornada, que cita al AGN.
El acervo contiene, entre otras informaciones, expedientes, fotografías, negativos y microfichas de dirigentes opositores, exiliados, asilados, partidos políticos, agrupaciones indígenas, actividades productivas, instituciones religiosas, política exterior y política exterior.
De momento, solo estarán disponibles para consulta de las autoridades, pero una vez concluya el proceso de catalogación y se verifique su estado de preservación, podrán ser revisados por el público en general.
Se trata de la segunda ocasión en la historia en la que la entidad de inteligencia del Gobierno divulga archivos vinculados con el período conocido como ‘guerra sucia’. En 2001, durante el mandato de Vicente Fox, se desclasificaron archivos entre 1947 y 1985.
A la postre, la documentación sirvió para avanzar un proceso penal por genocidio contra el expresidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1973), concretamente por la masacre de Tlatelolco y por la matanza del 2 de junio de 1971. Aunque el exmandatario permaneció tres años en prisión domiciliaria, fue exonerado de todos los cargos.
La divulgación de este material da cumplimiento a lo instruido en 2019 por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que instruyó al AGN a «recibir, organizar, custodiar, conservar y dar consulta irrestricta de los documentos históricos que le sean transferidos por estar relacionados con la guerra sucia».
En la misma línea, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó en abril de 2023 una recomendación sobre casos de violaciones a los derechos humanos perpetrados por el Estado mexicano entre los años 1965 y 1990, en una lista que incluye violaciones contra la seguridad jurídica, la integridad personal y el trato digno, así como torturas, desapariciones forzadas, retenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales.
