(17 de octubre del 2021. El Venezolano).- Cuando la Corte Penal Internacional publicó el 10 de agosto de 2021 el “Informe del Examen Preliminar sobre el caso Venezuela 1” de Fatou Bensouda, presentado el 15 de junio del mismo año, un día antes del cese de sus funciones como fiscal general, para dar paso en el cargo al británico Karim Khan, fueron altas las expectativas de justicia generadas por la noticia en la opinión pública venezolana.
Ciertamente, la gambiana Bensouda no había cumplido su promesa inicial de producir una decisión en el tiempo que le restaba como fiscal general de la CPI, desde el 8 de febrero de 2018 cuando se inició el «Examen Preliminar …», para abrir investigaciones contra funcionarios, exfuncionarios y particulares (que actúan en nombre del Estado) por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela.
Un ardid leguleyo del régimen de Maduro hizo correr la arruga con «la introducción de una solicitud ante la Sala de Cuestiones Preliminares con el fin de ejercer control judicial sobre el examen preliminar en curso», según dijo la nota de prensa emitida por la fiscal.
Pero el Informe apareció cargado de sorpresas para los venezolanos. El contenido del documento despertó temor e ira del lado de los capitostes del régimen y ofreció razones para el optimismo en la gran mayoría opositora.
Una espada de Damocles
La Fiscalía había concluido que la información disponible en esta etapa brindaba “un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad»,
La fiscal de la CPI identificaba además los siguientes crímenes cometidos: «Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, (…) tortura; (…) violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable (…); y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos», todos establecidos en el Estatuto de Roma.
De igual modo, la Fiscalía admitía razones “para creer que los miembros de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables por la comisión material de estos presuntos crímenes incluyen a: la Policía Nacional Bolivariana (“PNB”), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (“Sebin”), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (”DGCIM”), la Fuerza de Acciones Especiales (“FAES”), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (“Cicpc”), la Guardia Nacional Bolivariana (“GNB”), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (“Conas”) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (“FANB”)».
El temor del régimen devino en respuestas ofensivas y destempladas. El fiscal de Maduro, Tarek William Saab, escribió en su cuenta de Twitter que rechazaba «las ‘acusaciones’ sin valor de la exfiscal Bensouda, quien irresponsablemente ignoró la colaboración presentada por el @MinpublicoVE».
Por ahora, el Informe de Bensouda es una espada de Damocles que pende sobre los personeros del régimen, asedio del que no le es posible librarse fácilmente y que alienta lentos pero seguros resquebrajamientos internos.
«Otros actos inhumanos de carácter similar»
La violación de derechos humanos como delito de lesa humanidad que enfrenta Venezuela no debe limitarse a quienes encarcelan, torturan, violan y persiguen, crímenes claramente tipificados en el Estatuto de Roma.
La corrupción a gran escala, aunque no aparece señalada expresamente como delito de lesa humanidad, puede ser incluida entre “otros actos inhumanos” como crimen de lesa humanidad tal como se estipula en el artículo 7 del Estatuto de Roma, sostiene la investigadora Georgina Bonacera.
Un estudio de Hazel Feigenblatt sobre «Los costos sociales de la corrupción: el caso de Honduras» señala que «‘El crimen sin víctima’ es uno de los términos que solían utilizarse para referirse a la corrupción debido a la percepción que ha existido tradicionalmente de que es difícil ligar los actos de corrupción a efectos directos sobre las personas».
Sin embargo, adelanta Feigenblatt que «Tal noción ha sido gradualmente reemplazada por la idea de que todo acto de corrupción atenta contra los intereses difusos de la colectividad y por tanto los de todos y cada uno de los ciudadanos».
La magnitud de la corrupción ocurrida en Venezuela ha destruido todo el sistema productivo produciendo severas vulneraciones a los derechos humanos no solo individuales, sino también colectivos.
Se ha convertido en un factor estructural que ha impedido el ejercicio y goce del derecho al trabajo, la salud, la alimentación y otros derechos sociales y económicos en su conjunto.
Un factor que produce los llamados «efectos multidimensionales» sobre los derechos humanos, en especial cuando la nefasta práctica de la corrupción destruye los sistemas económicos de los países empobreciendo atrozmente a la población.
No sabemos cuánto tiempo llevará el proceso que Bensouda dejó sobre la mesa del nuevo fiscal Karim Khan, ni cuál será el resultado final por más que las evidencias sean obvias y el clamor de justicia esté completamente justificado a los ojos de la mayoría de la sociedad venezolana y del mundo democrático.
Pero no está demás que la aspiración de los venezolanos se extienda en una lucha exigiendo justicia más allá de lo planteado en el documento de la Fiscal saliente.
El brazo de la justicia debería abarcar a quienes asaltaron el país con corrupción a gran escala y destruyeron la economía nacional. Que en muchos casos son las mismas manos asesinas y en otros están en la esfera del mundo privado disfrutando de lo saqueado al país y causando daños sociales irreparables en vidas y en deterioro de las condiciones de vida.
Hablamos de la corrupción a gran escala y sus consecuencias sobre los derechos humanos, en especial cuando esa nefasta práctica destruye los sistemas económicos de los países empobreciendo atrozmente a la población.
Al respecto, hay interesantes documentos de organismos internacionales que pueden servir de soporte: el 6 de diciembre de 2019 la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó un extenso documento titulado «Corrupción y Derechos Humanos. Estándares Internacionales».
El texto referido considera «a la corrupción como un fenómeno caracterizado por el abuso o desviación del poder encomendado, que puede ser público o privado, que desplaza el interés público por un beneficio privado (personal o para un tercero), y que daña la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y afecta el acceso a los derechos humanos».
La Resolución 1/8 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, punto de partida para la elaboración del documento, consideró «a la corrupción como un fenómeno caracterizado por el abuso o desviación del poder encomendado, que puede ser público o privado, que desplaza el interés público.»
En el informe de la Misión de Determinación de los Hechos presentado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de ONU, Michelle Bachelet, sobre la violación de Derechos Humanos en Venezuela se refirió a la corrupción como uno de los elementos de la crisis que atraviesa el país:
“Un elemento de la crisis de Venezuela que merece una investigación más profunda, es el nexo entre la corrupción y las graves violaciones de los derechos humanos. Varias de las fuentes con las que habló la Misión, todos miembros actuales o anteriores del Gobierno y personal militar, han indicado que un factor motivador de las violaciones de los derechos humanos identificadas en el presente informe son los beneficios económicos personales derivados de la captura de las instituciones del Estado, lo que constituye un fuerte incentivo para que los agentes gubernamentales mantengan el poder y garanticen la impunidad”.
Las investigaciones sobre la corrupción en Venezuela, realizada por la organización no gubernamental Transparencia Venezuela, constituyen una poderosa fuente de argumentos y demostraciones para entrar a considerar el impacto de la corrupción sobre los derechos humanos de los venezolanos. Veamos algunos datos del sector alimentación y el sector salud.
«El hambre como negocio»
La frase es el título de un capítulo de “Empresas Propiedad del Estado”, informe presentado en 2018 por Transparencia Venezuela que de entrada revela la naturaleza criminal que ha continuación examina poniendo el lente sobre tres dolencias del estado venezolano: «estatización, corrupción y militarización» con particular daño sobre el sector alimentario como pilares de un asqueroso lucro.
De igual modo, el estudio: “¿Cómo ha funcionado la corrupción en el sector alimentación?” presenta conclusiones sencillos, pero contundentes e irrefutables sobre la acción de la corrupción en el área.
La investigación afirma que la corrupción en el sector alimentación “se encuentra en todos los niveles y escenarios”, la define como “estructural, sistémica” y asegura que “no se compara con lo vivido en otro país de la región, en términos de impacto, impunidad, magnitud y complejidad”.
Estamos pues, ante un delito a gran escala. Una idea sobre la magnitud del asalto en el sector quedó plasmada en múltiples investigaciones.
La pesquisa hecha por Transparencia Venezuela “registró hasta agosto de 2020 más de 50 investigaciones de Gran Corrupción en el sector alimentación, realizadas por organismos oficiales de varios países, el Parlamento venezolano, reconocidos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Además, recopiló más de 40 investigaciones anunciadas por el Ministerio Público (MP) venezolano y más de 30 informes de auditorías realizados por la Contraloría General de la República (CGR) entre 2006 y 2017”.
La complejidad del fenómeno se aprecia en los casos analizados que “dan cuenta de al menos 17 mecanismos de corrupción que ocurren con frecuencia en el sector agroalimentario y que van desde la asignación de millonarios contratos a dedo, por parte de las máximas autoridades del Estado, hasta el desvío de los alimentos asignados a las Empresas Propiedad del Estado (EPE) por cuenta de los empleados”.
Los multiplicidad de los “distintos mecanismos de corrupción identificados tienden a concurrir en un mismo caso. Los más graves evidencian la asignación discrecional de contratos con sobreprecios a empresas recién creadas o empresas extranjeras intermediarias, que importan productos de mala calidad y dejan grandes beneficios económicos a sus propietarios, que suelen estar vinculados con funcionarios de alto nivel».
El virus de la corrupción
Con el sugestivo título “Salud en Venezuela. Cuando la corrupción es el virus”, la organización no gubernamental Transparencia Venezuela presentó su investigación sobre este delito cuya extensión y magnitud está fuera de toda comparación con lo sucedido en el cualquier otro país latinoamericano.
El Informe asegura que “La magnitud del desfalco sufrido por los venezolanos ha impactado gravemente sus derechos humanos, y la impunidad sigue reinando, gracias a que los perpetradores gozan de gran poder económico y político, movilizan ingentes recursos y se aprovechan de la debilidad de las instituciones.”
La corrupción se respira por todos lados en el sistema de salud pública de los venezolanos, “partiendo de la asignación del presupuesto hasta la relación entre el personal hospitalario con el paciente”.
«En los casos inventariados destaca la participación de militares y altos funcionarios del Ministerio de la Salud, de institutos autónomos y de empresas estatales como el Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas, la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario, la Comisión de Administración de Divisas, el Centro Nacional de Comercio Exterior, la Corporación Venezolana de Comercio Exterior y Petróleos de Venezuela, S.A.»
Sobre la red de corrupción señala que «funcionarios habrían actuado en complicidad con dueños de empresas y usado cuentas bancarias en Venezuela, Panamá, Colombia, Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Islas Vírgenes, España, Italia, Andorra, República Dominicana, Barbados, Suiza y Cuba, para lograr contratos millonarios de importación, fabricación y transporte de medicinas, materiales o equipos médicos, así como contratos de obras».
Desde el más alto poder «se optó por desmontar el control parlamentario; restructurar el andamiaje legal para facilitar las contrataciones públicas irregulares; fomentar e instaurar la opacidad ocultando cifras clave para el sistema sanitario, como las estadísticas de la mortalidad materna e infantil; la aprobación de presupuestos sin respetar las disposiciones establecidas en la Constitución; el decreto continuo de estados de emergencia para gobernar a sus anchas, entre otras decisiones».
El desfalco al sector salud precarizó los hospitales venezolanos e «hizo que entre mediados de 2018 y finales de 2019, fallecieran 4.8586 personas por causas evitables en los recintos de salud. Entre los fallecimientos más visibles están las personas con enfermedades renales y los niños del J.M. de los Ríos. Solo en el servicio de Hematología, durante los primeros seis meses de 2019 murieron seis niños que esperaban por trasplante de médula, y en Nefrología para septiembre de ese año sumaban 9 decesos».
«Un informe elaborado por el Ministerio de Salud en marzo de 2020, al que tuvieron acceso medios venezolanos, refiere que en los hospitales centinela existen 8.306 camas, de las cuales solo 943 estarían operativas para atender específicamente por personas con Covid-19, 339 camas ventiladas y 707 camas de aislamiento para casos con complicaciones.
“Más de 4.800 personas murieron por causas evitables en hospitales venezolanos en los últimos 14 meses».
«La corrupción estructural que se instauró en Venezuela en las últimas dos décadas es una de las causas de la Emergencia Humanitaria Compleja que hoy aqueja a sus ciudadanos. El robo sistemático a los recursos públicos durante el más reciente boom de precios de hidrocarburos impactó gravemente los derechos humanos y el sistema sanitario del país fue uno de los más perjudicados».
Una tarea pendiente
Las organizaciones de derechos humanos, la academia, el liderazgo político honesto y demás sectores de la sociedad venezolana, tiene por delante la urgente tarea de elevar ante la Corte Penal Internacional, y demás organismos internacionales, la denuncia de la corrupción a gran escala, cometida en Venezuela bajo el régimen chavista y madurista, como delito de lesa humanidad por haber destruido el sistema productivo nacional y devenido en una violación de los derechos humanos de los venezolanos.
La monstruosidad de la ruina económica de Venezuela, producto de la corrupción mediante el control de cambio, se cuantifican en un desfalco solo en Pdvsa entre 2003 y 2015 de al menos 385.000 millones de dólares, y que podría llegar a 529.000 millones de dólares (ver estudio de Rosana Sosa y Boris Ackerman del 20 /12/2018 Portal de noticias «El Estimulo»).
El impacto de la destrucción de la industria petrolera que representaba 97% de los ingresos de divisas en Venezuela provocó la peor ruina y devastación económica que haya encarado país latinoamericano alguno en la historia moderna.
La corrupción, la malversación, el dolo y la ineficiencia en la administración financiera del Estado, es la causa de la pobreza (94,5%) producto de la crisis económica y social.
Las responsabilidades directas en la cadena de mando de los altos cargos del gobierno, durante más de 20 años, además de los individuos y sociedades creadas para fines de corrupción no se delimitan solo al entorno progubernamental, la trama de complicidades es más amplia al punto de tocar a sectores que fingen de «opositores».
Todos los agentes de la sociedad delictiva, en particular los llamados bolichicos, que endulzados por el camino fácil de la apropiación del erario han amasado incalculables fortunas, abriendo una plataforma internacional de lavado de dinero a lo largo y ancho del mundo en general, merecen ser juzgados, por su responsabilidad directa en esa praxis destructiva, también causante de la pobreza, éxodo y exterminio.
Estos individuos deben ser castigados por su responsabilidad directa e indirecta y las consecuencias derivadas de sus actos de corrupción, dolo y desvío de fondos
