(24 de marzo del 2025. El Venezolano).- Los cambios en la política migratoria de los Estados Unidos están afectando ya a ciudadanos de países cuyos regímenes han creado por décadas las condiciones políticas, sociales y económicas generando en los últimos años, y en algunos casos, desde sus orígenes, sucesivas olas migratorias. Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba están precisamente entre los principales emisores de hornadas de migrantes que hoy están en un limbo jurídico incierto, amenazados con ser devueltos a sus países de origen.
La suspensión del parole humanitario que afecta a 530.000 inmigrantes de estos países y la invitación a su auto deportación son realmente preocupantes para toda la región; en particular, para la sociedad cubana. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) muestra su preocupación por la suerte de nuestros compatriotas, quienes pueden quedar atrapados entre la intención de ser devueltos a su país, el cual abandonaron en muchos casos para reunirse con sus familiares y, en todos, en busca de aquellas condiciones negadas en su nación, y la negativa del gobierno cubano de recibirles si las autoridades estadounidenses insisten en la deportación.
A esta dramática situación hay que añadir el agravante de una situación económica incierta ya que muchas de las familias vendieron todos sus bienes para sufragarse el viaje a Estados Unidos. Muchos ya están siendo detenidos y conducidos a otros lugares en calidad de detenidos. Otros, permanecen escondidos tratando de evitar una posible detención. En ambas orillas se debe mirar con atención y dar prioridad a este tema. La influyente comunidad cubanoamericana, especialmente sus representantes electos, pueden hacer mucho a favor de regularizar el status de miles de cubanos para evitar que muchas familias vuelvan a ser divididas, una división generada durante décadas por el régimen cubano.
El limbo jurídico en el que ya se encuentran, se convierte en un drama humano y familiar que debilita cada vez más a la nación cubana, compuesta también por su emigración. Por su parte, las autoridades de Cuba tienen la obligación de abrir las puertas del país generosamente a quienes no puedan impedir la deportación, cooperando con las autoridades estadounidenses en un asunto de altísima sensibilidad humana. Es responsabilidad de los Estados y de los gobiernos defender y proteger, conforme al derecho nacional e internacional, a sus nacionales. Nuestra preocupación ante el dilema de la migración de los cubanos desde los Estados Unidos hacia Cuba se basa en la historia reciente.
El último acuerdo que permite deportar cubanos desde ese país a Cuba se remonta a los últimos días de la presidencia de Barack Obama. En su ejecución, el gobierno cubano se reservó el derecho de admisión, en contraposición con la responsabilidad del Estado con sus nacionales. Durante la administración de Joe Biden, y bajo este mismo acuerdo, se deportaron a cientos de cubanos, siempre con la misma premisa. La nueva política migratoria de la administración de Donald Trump puede generar una tormenta de presiones en torno a los emigrados cubanos como nunca antes. Previo al acuerdo con Barack Obama, y antes de los cientos de miles de cubanos llegados a los Estados Unidos durante la administración de Biden, ya existían en este país más de 35,000 cubanos con órdenes finales de deportación que nunca pudieron ser deportados a Cuba ante la inexistencia de un acuerdo en este sentido entre ambos gobiernos. Si a esto le sumamos los recién llegados en los últimos años, que ya tienen órdenes finales de deportación, más los que ahora se les ha suspendido el Status que tenían bajo el Parole Humanitario, estaríamos hablando de más de 150,000 cubanos.
No parece que el gobierno de Cuba vaya a aceptar tamaña emigración inversa, ni que las condiciones actuales de nuestro país admitan una reinserción abrupta de miles de cubanos, que se vieron forzados a emigrar de aquí justamente por las terribles condiciones de vida que atravesamos la mayoría. Sin embargo, ante la potencial aceptación de ciudadanos, desde el CTDC, advertimos que condenaremos cualquier uso propagandístico que el régimen pudiera hacer a su favor máxime siendo el único responsable de su salida forzosa del país. ¿Cuál sería el destino de estos miles de compatriotas si las deportaciones a Cuba no pudiera materializarse? No queremos para ellos las habitaciones militarizadas de la base naval de Guantánamo ni las prisiones de El Salvador. La responsabilidad compartida por los cubanos en las instituciones de poder en ambas orillas es inmensa y decisoria. Ni son ilegales los latinoamericanos que entraron bajo la autorización de un gobierno ni la condición de delincuentes o criminales es equivalente a la condición nacional o moral de las culturas diferentes.
Ni los venezolanos, ni los nicaragüenses, ni los haitianos ni los cubanos pueden ser estigmatizados por su circunstancia social, económica o política específicas. Merecen respaldo, apoyo y respeto por parte de los responsables políticos, de los Estados y de la comunidad internacional. Todos tienen el respaldo del CTDC.
