(22 de marzo del 2022. El Venezolano).- La presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, aspira a que la devolución del Sambil de La Candelaria tras 14 años de expropiación no sea un caso aislado en las miles de empresas expropiadas por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
De acuerdo con cifras del Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad, en Venezuela se registran unas 5.500 empresas expropiadas. La mayoría están paralizadas o han visto contraer su producción desde que fueron tomadas.
Por este motivo, en medio de las privatizaciones que empieza a ordenar el Gobierno —especialmente desde la promulgación de la Ley Antibloqueo—, empresarios privados esperan poder recuperar las propiedades que les fueron arrebatadas en el pasado.
La devolución del Sambil de La Candelaria a su dueño original, Freddy Cohen, fue un hito para quienes esperan recuperar sus activos. Sin embargo, desde Consecomercio advierten que este no es el caso en la mayoría de las privatizaciones.
En realidad, las asignaciones de las propiedades expropiadas a privados se hacen con poca transparencia y sin proceso legal público. Pareciera que el nepotismo es el común denominador de estas entregas.
«En el resto del país están ocurriendo eventos que hemos calificado de «adjudicación a mis amigos». Están privatizando las empresas, pero no las ofrecen a sus dueños originales, sino que son adquiridas por otras empresas o por personas naturales sin mediar bajo un proceso transparente», denunció en una entrevista con Román Lozinski en Circuito Éxitos, de Unión Radio.
La gremialista explicó que ya estas conversaciones se habían tenido hace al menos un año, cuando la Comisión Especial de Diálogo de la Asamblea Nacional (AN) administrada por el chavismo sostuvo reuniones con varios actores de la sociedad venezolana, incluidas las empresas privadas.
En aquellos encuentros, los parlamentarios informaron sobre el proceso de privatización y Consecomercio aconsejó que era menester la transparencia para llevar a cabo ese plan.
«Señalaba que el proceso debía ser transparente. Si el propietario original no estaba interesado en recibir el bien, la propiedad tenía que entrar en un proceso de licitación donde cualquier persona pudiese optar por conseguirla», aseveró Polesel.
En este sentido, hizo énfasis en que el Gobierno debe explicar cómo funciona el proceso, cómo se eligen las asignaciones y además qué debe hacer un propietario afectado por una expropiación para recuperar sus bienes.
«¿Cuál fue la metodología, el criterio para entregarlo a una persona sí y a otra no? Solicitamos que se nos explique cómo ha sido ese proceso y que sea transparente para que se puedan optar los propietarios originales para recuperar sus propiedades», acotó.
Si bien el Sambil es uno de los casos más icónicos, no es el único a una empresa grande ni mucho menos el más antiguo. Hay expropiaciones efectuadas desde antes por las cuales el Gobierno nunca se hizo responsable de siquiera pagar las sumas correspondientes para hacerse con las propiedades.
Por si fuera poco, una gran proporción de esas empresas fueron arruinadas al poco tiempo de ser tomadas. Por lo tanto, muchos empresarios no querrían siquiera la devolución por toda la inversión que habría que hacer para recuperar su operatividad.
«En algunos casos, las propiedades están tan deterioradas que algunos propietarios ni siquiera estarían interesados en adquirirlas», sostuvo.
Además, recalcó que el Gobierno debe hacerse responsable y resarcir los daños que pudo haber causado, pues hay familias enteras que dependían de los ingresos de sus empresas y quedaron en el aire.
