(30 de enero del 2025. El Venezolano).- Cuando el poder se emplea confusamente, quizá pareciera al no experimentarse los efectos inmediatos, que todo se haya hecho oportuna y acertadamente; error craso, pues se generan daños latentes que, a su tiempo, afloran inexorablemente, ya que es de suponerse no estemos a manos de orates, sino de gente que estimamos cuerda; lo que trastorna todo proceso por mucha benevolencia que lo motive, es la actitud arbitraria de sus líderes. Tal fue el caso de la decisión del presidente extinto, quien en 2007 decide, “a la cañona”, dar por terminados los contratos suscritos durante la apertura petrolera, que se promovió durante el segundo gobierno CAP, cuando se dio participación a empresas transnacionales para la explotación de campos marginales bajo el esquema de contratos de servicios; actividad en la que participó Conocophillips, cuyos inversores se vieron obligados a “migrar” bajo el esquema de empresas mixtas en términos negociados con el Gobierno, bajo amenaza y presión de que si no se llegaba a un arreglo, entonces, el Estado confiscaría sus activos –extorsión-.
Esto es, entre otras, lo ocurrido con la empresa en cuestión, cuyos activos los adquiere coactivamente, el Estado mediante una expropiación arbitraria, cuando el régimen por delegación de aquel, no tenía poder alguno para obligar a “migrar” al esquema de empresas mixtas – un fracaso por incoherencia de principios y objetivos.
Pese a su silencio, la firma de referencia incoa, desde 2013, una demanda ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés), donde alega básicamente, violación del contrato suscrito con Pdvsa.
Pero, el 25/4/2014 la empresa gana la disputa contractual. Y, Pdvsa debe resarcir a Conocophillips en la cuantía de unos dos billones de USD porque una contratación de tal envergadura no se trata de regímenes cuartelarios, adonde pareciera que sí rigen verticalidades acomodaticias y arbitrarias o desproporcionadas.
Y, es así, como finalmente, pese a algunos esfuerzos legales, tal vez errados, Venezuela a través de Pdvsa debe reparar por decisión o fallo del Centro de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que ratificó el Banco Mundial con unos USD 8700 millones a la empresa de referencia por expropiación de activos.
Pero, según informaciones de fuentes secundarias, nuestra estatal petrolera no dispone de liquidez internacional como para honrar tal demanda. Por tanto, se corre el riesgo de que algunos activos venezolanos pudiesen tomarlos inexorablemente, la petrolera estadounidense por vía de embargo, donde quizá la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, podría no tener validez alguna.
