(14 de diciembre del 2021. El Venezolano).- El Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a la Víctima, Humberto Prado, entregó el resumen del Informe Anual 2021 sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela denominado Relatos de Tortura: la realidad silenciosa de los militares privados de libertad, Libertad de prensa bajo ataque y Letalidad e Impunidad de las acciones ilegales realizado por la Faes.
El Comisionado hizo entrega del mencionado resumen a la Relatora para Venezuela, Esmeralda Arosamena y la Secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum Panszi de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); al profesor Juan Méndez, así como también a José Miguel Vivanco, Director de la División de las Américas de Human Rights Watch; Angela Meyer, directora de la Fundación Robert Kennedy; el Embajador Gustavo Tarre Briceño ante OEA y el Embajador Carlos Vecchio ante los EEUU; Santiago Canton, miembro del panel de experto de la OEA y Geoff Ramsey de WOLA.
Según explicó Prado, el informe se efectuó en atención a la más grave crisis de los últimos 25 años que lleva trabajando derechos humanos en Venezuela, conforme a las cifras expuestas en los diferentes informes de la sociedad civil y de organismos internacionales en materia de derechos humanos.
Ante el aumento de denuncias de violaciones de derechos humanos y la ausencia de respuesta a las mismas, se ha trabajado en documentar y activar los mecanismos de protección de derechos humanos disponibles que permitan proteger y garantizar efectivamente los derechos de cada uno de los venezolanos y venezolanas. En el mencionado informe se reseña que la pobreza en Venezuela se ubicó en 94,5% y la pobreza extrema alcanzó un 76,6%, según el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES-UCAB), quien presentó en septiembre del 2021 la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi).
Esa misma encuesta reveló que la inseguridad alimentaria se redujo de 6,6% a 5,8%; sin embargo, la inseguridad alimentaria leve tuvo un ascenso a 34,5%, aumentando la inseguridad alimentaria severa en 24,5%. De acuerdo a una encuesta realizada por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, únicamente el 24,9% recibe agua potable sin restricción alguna, y 56% de los entrevistados catalogaron de forma negativa el servicio eléctrico.
En otro orden de ideas, la organización Médicos Unidos de Venezuela documentó, entre el 16 de junio del 2020 y el 14 de noviembre 2021, 792 muertes de personal sanitario por causa del covid-19, desagregados en: 548 médicos (70,19%), 162 enfermeras (20,20%), 18 odontólogos, 12 bioanalistas, 5 farmaceutas. Por su parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones reveló que durante el primer semestre de 2021, fallecieron 170 personas privadas de libertad en las cárceles y centros de detención preventiva del país, 72% de las muertes se asociaron a condiciones de salud, principalmente: desnutrición y tuberculosis.
De acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) se consumaron 1497 delitos diferentes al homicidio intencional, los homicidios intencionales disminuyeron a 9.5%. Conforme a datos del monitoreo de femicidios realizado por el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), entre enero y octubre 2021 fueron registrados 235 femicidios consumados en Venezuela y 74 femicidios de mujeres venezolanas en el exterior.
Asimismo, durante el año 2021 se registró el lamentable fallecimiento de tres presos políticos bajo custodia del regimen: Salvador Franco, guía turístico de la comunidad indígena pemón, quien falleció en enero del año 2021, en el Internado judicial Caipital Rodeo II. Es de hacer notar que este penal se encuentra bajo medidas provisionales emitidas por la Corte IDH desde el pasado 08 de febrero de 2002.
Gabriel Medina, exfuncionario de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), fallecido en agosto del año 2021, en el Centro Penitenciario de la Región Oriental Monagas (La Pica); y Raúl Baduel, quien fuese Ministro de la Defensa de Venezuela y militar retirado, quien falleció en octubre de 2021 en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Tras analizar el conglomerado de cifras y denuncias recabadas por las organizaciones no gubernamentales que hacen vida en Venezuela, Prado pudo concluir ante los organismos internacionales que lo que se vive en Venezuela es la crisis más grave en los 25 años que lleva trabajando el tema de DDHH y que la falta de un Estado de derecho y democrático ha abierto paso a actuaciones y omisiones se evidencia en todo el territorio nacional.
