(03 de julio del 2025. El Venezolano).- Las universidades venezolanas tienen el derecho y la garantía constitucional de seleccionar a los estudiantes que van a entrar a las casas de estudios, por su talento, su vocación por las carreras que quieran estudiar, y hacerle las pruebas de aptitud académica a los nuevos ingresantes, tal como lo hace por ejemplo la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde usan sistemas como el Simadi y el Programa Samuel Robinson, que permiten “evaluar el perfil y competencias específicas de los aspirantes a determinadas carreras”. Las pruebas son necesarias porque permite seleccionar a los estudiantes por su vocación, su disposición, para orientarlo a elegir la profesión que desee estudiar y ejercer, de acuerdo con sus aptitudes, sus características psicológicas y físicas, incluso motivacionales. Con ello se busca mejorar la calidad, y que al ingresar a la universidad lo haga en la carrera para la que realmente tiene aptitudes, y no como usualmente pasa que ingresan a una carrera y a los dos semestres tienen que cambiarse para otra facultad porque no se adaptan. Con las pruebas se es más justo y equitativo, obteniendo como resultado un mejor rendimiento académico. El artículo 109 constitucional y la Ley de Universidades le da y otorga potestad a las universidades para fijar criterios de admisión, lo digo con propiedad ya que quien esto escribe ,fue representante estudiantil ante el Consejo Universitario de la UCV y representante estudiantil ante el CNU.
Es por ello, que considero inapropiada y rechazo enérgicamente la decisión tomada por el Consejo Nacional de Universidades (CNU), en fecha 25 de junio de 2025, que elimina las pruebas internas de admisión y diagnósticas de ingreso a las universidades. La medida anunciada por el Ministro del Poder Popular para la Educación Superior, que “elimina la potestad de las universidades de definir sus propios mecanismos de admisión”. Con dicha medida el gobierno pretende que el 100 % de los bachilleres ingresen a las universidades a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), organismo dependiente del Ministerio para la Educación Universitaria. La decisión gubernamental violenta la autonomía universitaria garantizada en la Carta Magna y la ley de Universidades, ya que las universidades nacionales han venido funcionando con un método de ingreso que les ha permitido seleccionar a los bachilleres, cito: “Hasta ahora, el sistema de admisión contemplaba que el 80% de los cupos fueron asignados por OPSU, mientras que el 20% restante quedaba bajo la administración de las propias universidades, muchas de las cuales diseñan pruebas diagnósticas, entrevistas o cursos introductorios según el área académica”. Esa decisión es una violación a la Autonomía Universitaria conteniida en la Ley fundamental venezolana, que consagra la autonomía universitaria como un principio elemental.
La Autonomía Universitaria la garantiza el Artículo 109 Constitucional.
El Consejo Nacional de Universidades (CNU) ha tomado una decisión política, no ha decidido en torno a la academía ni sobre lo que más le conviene a las universidades, ya que ellos (los Rectores de las universidades) saben y están conscientes que los sistemas de admisión propios «no son caprichos burocráticos, sino el resultado de décadas de experiencia académica acumulada» en las universidades, y con esa decisión van contra su propia esencia, donde seguramente muchos de ellos entraron, cursaron estudios y se graduaron en las universidades a través de los Comités de Preinscritos, muy de moda en las décadas que van de 1960 a 2000. El artículo 109 Constitucional garantiza que “El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, … de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración …. que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley”.
El gobierno debe dialogar con las universidades.
La medida tomada por el CNU y refrendada por el gobierno nacional es radical, debe dialogar con todo el sector universitario para buscar salidas de consenso, no pueden pretender que las universidades se queden de brazos cruzados, ya que la eliminación de las pruebas internas pudiera debilitar la capacidad que tienen las universidades para formar profesionales competentes, es por ello, que afectaría a las universidades autónomas. Sin duda, en mi humilde opinión esa decisión puede afectar directamente la calidad de la academia.
