(04 de octubre del 2023. El Venezolano).- Hay maquinarias políticas, con fines notablemente ideológicos, que se desplazan con descomunal solvencia, y convierten la realidad en un sistémico juego de simulaciones, entre la que destaca disfrazar al omnímodo poder de víctima, un fastidioso cuento infantil que cumple con tres propósitos totalitarios: ejercicio de supremacía, difundir miedo, y enaltecer el aquí y ahora como un compendio del buen vivir.
Por: Redacción El Venezolano
Socialismos más, socialismos menos, el régimen que acaudilla Nicolás Maduro, es especialista en sembrar odios, pruebas alevosas para humillar a la voz disidente, y sobre todo, aniquilar a todo aquel exchavista, que esté en condición de hablar y torpedear la escabrosa administración pública que representa.
Pero, hay una característica nefasta que describe una de las tantas perversiones que habita en el régimen: si no puedes castigar al detractor, hazlo con los familiares. Es el caso del Mayor General del Ejército Bolivariano de Venezuela, Hugo Armando Carvajal Barrios, quien fue extraditado de Madrid a Nueva York, el pasado 19 de julio.
Antes de que eso ocurriera, dos empleados suyos, y para más elementos probatorios, uno de ellos, primo hermano de madre de los hijos menores de Hugo Carvajal, fueron arbitrariamente detenidos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de Maiquetía, el 03 de noviembre de 2021, y pronto a cumplirse dos años de esa flagrante violación a los derechos humanos, la pregunta que surge es por qué siguen injustamente tras las rejas.
Detención ilegal
Privar de la libertad, o encarcelar a alguien por motivos políticos ya es de por sí una abierta manifestación de crueldad de Estado, pero si encima de eso lo haces por cuestiones de venganza con el objetivo de vulnerar la resistencia del fin último (en este caso silenciar al Mayor General Hugo Carvajal) es francamente un vejatorio ejercicio de poder.
Se trata de los jóvenes Bruno Josué, Juárez Flores (28) y Gabriela Alejandra Montes (33), cuyo único delito, fue el haber trabajado directamente como empleados de la pareja Carvajal-Flores en Madrid. Ella fungía como niñera, y él es el primo de la Sra de Carvajal. Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), se encargaron de cumplir las órdenes, vale decir, detenerlos de manera injustificada.
Cuando fueron apresados, Carvajal se encontraba detenido en Madrid, y su entornó señaló que el arresto de estos dos jóvenes no era otra cosa que una maniobra de coacción y presión para que revierta su colaboración con la justicia española.
Bruno nació el 28 de diciembre de 1995, de papá mexicano y mamá venezolana. El padre de Bruno murió de cirrosis hepática cuando el joven apenas tenía 14 años, en tal sentido su madre se ocupó de echar adelante el hogar. Con el tiempo obtiene el título de Técnico Superior de Mantenimiento Mecánico, y viaja a Colombia a explorar opciones económicas y laborales. No logra el objetivo y retorna a Venezuela. Apoya a sus tíos como mecánico, y lo hace también como comerciante de frutas. Su única hermana, Ruth parte a España –sale de Venezuela al ser amenazada de muerte, no sin antes ser atracada– y al rato ésta lo invita a conocer a su naciente sobrina Camila.
Por su parte, Gabriela, es de familia más numerosa. Es valenciana. Son diez hermanos. Ella es la sexta. A los doce años, su papá abandonó a su mamá y a la parentela. Creció bajo esa inquietante condición de desventaja frente a un hogar sin presencia masculina, pobreza extrema, y le perturbadora pegada del hambre. Gabriela comienza a estudiar, con el fin de sacar el bachillerato, pero pudo más la fuerza de los hechos. Se puso a trabajar en la economía informal en el centro de Guacara. Luego fue ayudante de cocina y vendedora de donas. Las vueltas que da la vida la llevó a conocer a la madre de Angélica Flores, y la lógica conexión que surgió de ese encuentro.
Pruebas maquinadas
Las funciones claves de esta agencia gubernamental, DGCIM, ciertamente son las de impedir el espionaje interno y externo, así como resguardar la seguridad del Estado, pero cuando el ideal es promover el domino extremo del Poder Ejecutivo y sus variantes, ataca a la disidencia y miente, torturar, persigue, reprime, y todo ello ha sido denunciado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional.
Bruno y Gabriela fueron empujados al espiral coercitivo y degradante del régimen. A los dos se les acusa de una supuesta conspiración –y por tanto, acción terrorista– para atentar contra la jornada electoral que se realizó el 21 de noviembre de 2021, comicios donde se renovaron todos los cargos ejecutivos y legislativos de las 23 entidades federales y de los 335 municipios del país.
¿Cómo es que ellos intentaban transgredir esas elecciones? A través de una documentación que presuntamente fue tomada de las pertenencias, es decir, del equipaje de ellos. Hallaron, refiere el acta elaborada por el DGCIM, unos papeles doblados, que revelaban acciones dudosas. Exactamente el parte oficial señala: “Se logró encontrar algunos documentos de manera oculta que estaban doblados a su menor tamaño, los cuales fueron detallados por los funcionarios y estos se percataron que su contenido era sospechoso por cuanto estaban plasmados temas de actos terroristas a ejecutar en territorio venezolano”.
Surge una interrogante de Perogrullo, en caso de que hubiera sido real el supuesto empeño conspirativo, ¿cómo es que vas a llevar en tu maleta el plan operativo de una conjura? ¿cómo es que siendo Carvajal una de las mentes más preclaras en materia de contraespionaje, y exdirector del DGCIM, iba a dejar esas conchas de mango en sus empleados para que fueran foco de la seguridad del Estado?
No trajimos mapas ni nada”
En el acta de investigación, que elaboró la Dirección de Investigaciones Penales, el 04 de noviembre de 2021, –consta en el expediente– se le señala a Bruno y a Gabriela de estar vinculado a actos terroristas, de haberles encontrado nueve celulares, hojas escritas relacionadas con presunto uso de explosivos para la fecha de la jornada electoral del 21 de noviembre, mapas, en fin, todo un plan conspiratorio para desestabilizar al país.
Así mismo, en el acta de entrevista, Bruno responde diez interrogantes, y una de ella señala: ¿Diga usted cuando verificaron el equipaje qué encontraron en su interior? Y la respuesta fue: “Se encontró unos documentos y mapas”, como reconociendo o admitiendo el delito que se le imputa, lo cual hace presumir que hubo coacción, evidente intimidación, para que Bruno respondiera de esta forma.
El acta de audiencia –Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo con jurisdicción a nivel nacional– de presentación del imputado está fechada el 06 de noviembre de 2021, es decir, tres días después de la detención, una especie de justicia express, y ese día Bruno, en su declaración, no menciona que en su maleta había ese documento incriminatorio: “Yo tengo cinco teléfonos y los traje para regalar 3, y los otros 2 son personales. Me dijeron para revisar mis maletas y revisaron maleta por maleta, y allí solo tenía ropa para mi madre y familia. Luego de eso nos llevan a la comisión del DIP. Yo desconozco de esta situación. Es todo”.
Por su parte, Gabriela declara todo lo contrario de las supuestas pruebas que la inculpan y destaca que “fui detenida en el aeropuerto y no sabíamos el porqué nos tenían haciéndonos preguntas y diciéndonos miles de cosas que nosotros ni sabíamos. Nos encerraban y no nos dejaban llamar a ningún familiar. Desconozco todo lo que han dicho del viaje. No trajimos mapas ni nada. Es todo”.
Dicho esto, y con respaldo del abogado defensor, Carlos Alberto Hernández, “es una hoja de papel que puede realizarse por cualquier persona”, dijo enfáticamente en relación con el documento supuestamente conspirativo, ese 06 de noviembre, los dos Bruno y Gabriela fueron trasladados al Centro de Reclusión Hombre Nuevo, la antigua Planta, en El Paraíso, Caracas.
La jueza y la sentencia
Por ahora, El Venezolano supo de fuentes cercanas al proceso, que la reconocida jueza Grendy Alejandra Duque Carvajal, dictaminó treinta (30) años de prisión a Bruno y Gabriela, sentencia que curiosamente aún no ha sido publicada. Ambos estuvieron en una Audiencia Pública y esa fue la conclusión del juicio.
Duque Carvajal tiene 37 años, es jueza del Tribunal Segundo con competencia en terrorismo, y fue quien sentenció a 16 años de cárcel a los seis sindicalistas que protestaron contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Ocepre). La detención fue en julio de 2022, y en agosto de 2023 se dio el dictamen.
De acuerdo con el portal noticioso venezolano, El Pitazo, Grendy Duque –egresada de la Universidad Central de Venezuela, y nacida en el Estado Guárico– figura en expedientes de otras investigaciones judiciales, cuestionada por varias ONG debido a sus reiteradas violaciones a los derechos humanos.
En tal sentido, este medio hace un exhorto a todos aquellos organismos competentes, bien sean públicos o privados, que tengan a bien intervenir en este caso que viola flagrantemente los derechos humanos de Bruno Josué Juárez Flores y Gabriela Alejandra Montes, y de manera especial al Foro Penal, ONG que ha sido un baluarte y referente en la defensa de los DDHH en Venezuela, así como el abogado Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones, y quien durante la crisis presidencial en Venezuela, fue designado por Juan Guaidó como comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a la víctima.
También se le hace un llamado a ONG que igualmente han cumplido un rol ejemplar en la defensa de los derechos humanos y civiles en Venezuela como: el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), el Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef), el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Un mundo sin mordaza (UMSM), Acceso a la Justicia, y Civiles Derechos Humanos (Civiles DDHH).
