(29 de marzo del 2022. El Venezolano).- En su sesión en línea, la Asamblea Nacional (AN) de 2015 debatió sobre la inconstitucionalidad de la reforma del poder judicial, «como mecanismo para pretender eludir la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI)», que el gobierno de Nicolás Maduro busca imponer desde la AN de 2020.
Sobre esto, la diputada Yajaira Forero sostuvo, este martes 29 de marzo, que la designación de nuevos magistrados busca preparar el terreno para conformar un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la medida. De esa manera, agregó, el objetivo del gobierno es «frenar el avance de la investigación contra el régimen que cursa en la CPI por crímenes de lesa humanidad».
Forero, durante su intervención ante la AN, recordó que el expediente sobre Venezuela acumula 250 presos políticos, persecuciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Sobre la designación de los magistrados del TSJ, la diputada Delsa Solórzano dijo que la AN no caerá en la «trampa» el gobierno de Nicolás Maduro que, subrayó, busca eludir las competencias de la Corte Penal. En ese sentido, la parlamentaria conminó a la CPI a no dejarse engañar por la maniobra.
«Queremos dejar esto muy claro porque en efecto, no puede haber un sistema de administración de justicia independiente mientras en el ejercicio del poder esté un régimen dictatorial», puntualizó la parlamentaria.
Solórzano informó que están haciendo llegar a la Fiscalía de la CPI «todas las probanzas tanto teóricas, como documentales en cuanto a la declaración de las víctimas para que quede constancia de otra atroz actuación de la dictadura».
La parlamentaria agregó que, en el país, la palabra justicia no existe. Sostuvo que hay una denegación de la obligación que tiene el sistema de garantizar el derecho a la defensa de las personas.
Solórzano recordó que el informe de la Misión de Determinación de Hechos registra la forma como los jueces y fiscales reciben presiones de las altas autoridades del gobierno para que tomen decisiones alejadas del Estado de derecho.
Asimismo, la diputada Tamara Adrián calificó de írrito el proceso que adelanta el Parlamento oficialista para el nombramiento de los nuevos magistrados y la reforma judicial.
Expresó que los antecedentes son claves para entender la situación judicial. En ese sentido, dijo que el TSJ estaba prácticamente paralizado porque muchísimos de sus magistrados habían emigrado del país haciendo imposible reunir el quórum de las salas.
Añadió que tanto el informe de la alta comisonada para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, como también los requerimientos del fiscal de la CPI exigen que, en el país, se establezca un sistema de justicia independiente.
Adrián puntualizó que la AN de 2020 se puso «la soga al cuello» al reducir el número de integrantes de las distintas salas del TSJ. Refirió que, en el caso de la Sala Constitucional, se redujo de 9 a 5 el número de magistrados, con lo cual, por ejemplo, nombrar a tres magistrados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) significaría la mayoría.
«¿Cómo hacer en estas circunstancias para convencer a Michelle Bachelet o de alguna manera escuchar lo que dijo el fiscal de la CPI y el informe de derechos humanos en Venezuela de la Comisión Especial nombrada por el Consejo de los Derechos Humanos», increpó.
Adrián puntualizó que al gobierno de Maduro se le está cayendo la mentira de que la justicia dejó de ser sumisa a Miraflores.
