(19 de octubre del 2021. El Venezolano).- Amnistía Internacional ha avisado este martes de que la pandemia de coronavirus ha agravado los ataques de los gobiernos a la libertad de expresión, así como ha derivado en un auge de la desinformación, lo que se produce un «impacto devastador» en «la capacidad» de la población «para acceder a información exacta y oportuna que la ayude a afrontar la creciente crisis sanitaria».
La organización ha publicado el informe ‘Silenciamiento y desinformación: La libertad de expresión, en peligro durante la pandemia de COVID-19’, que revela cómo «la pandemia ha creado una peligrosa situación en la que los gobiernos están utilizando nuevas leyes para silenciar la información independiente, así como para atacar a las personas que critican directamente su respuesta a la COVID-19, o incluso a las que han intentado investigar esa respuesta».
«A lo largo de la pandemia, los gobiernos han lanzado un ataque sin precedentes contra la libertad de expresión, restringiendo seriamente los derechos de las personas. Se ha puesto en el punto de mira a los canales de comunicación, se han censurado las redes sociales y se han cerrado medios de comunicación, todo lo cual ha tenido un terrible impacto en la capacidad de la población para acceder a información vital sobre cómo enfrentarse a la COVID-19», ha lamentado el director general de Investigación, Incidencia y Política de Amnistía Internacional, Rajat Khosla.
Khosla ha criticado que en mitad de una pandemia, se haya «silenciado y encarcelado» a periodistas y profesionales de la salud y ha incidido en que, ante ello, «la gente no ha podido acceder a información sobre la COVID-19, incluida la que les podría ayudar a protegerse y proteger a sus comunidades».
En este sentido, ha apostillado que este puede haber sido «un factor» que ha «contribuido» a que cerca de cinco millones de personas hayan perdido la vida por el coronavirus en el mundo.
SITUACIÓN EN CHINA
Amnistía Internacional se ha referido, en concreto, al caso del Gobierno de China, que, ha recordado, «tiene un largo historial de control de la libertad de expresión». «Ya en diciembre de 2019, muy al principio de la pandemia, hubo profesionales de la salud y periodistas ciudadanos que intentaron disparar las alarmas, pero el Gobierno los puso en el punto de mira por informar sobre el brote de lo que por entonces se trataba de una enfermedad desconocida», ha recordado.
Asimismo, ha detallado que en febrero de 2020, Pekín había abierto 5.511 investigaciones penales contra personas que habían publicado información sobre el brote por «inventar y difundir deliberadamente información falsa y perniciosa».
Según ha ahondado la organización, un caso terrible en el país asiático fue el de la periodista ciudadana Zhang Zhan, que viajó hasta Wuhan en febrero de 2020 para informar sobre el brote y desapareció en mayo de 2020 en esa ciudad. Posteriormente, se reveló que había sido detenida por la Policía, acusada de «provocar peleas y crear problemas» y condenada a cuatro años de cárcel, ha condenado AI.
Pero no solo China ha recurrido a la censura. Amnistía ha apuntado a otros muchos países que han introducido «leyes opresivas que restringen el derecho a la libertad de expresión y silencian la disidencia en el marco de la pandemia o so pretexto de ella», entre ellos Tanzania, Rusia y Nicaragua.
En Tanzania se ha introducido una serie de leyes «para silenciar a periodistas, defensores de los Derechos Humanos y miembros de la oposición política», así como se ha tomado una posición «negacionista» frente a la crisis sanitaria.
«Entre marzo y mayo de 2020, las autoridades utilizaron leyes que prohibían y penalizaban las noticias falsas y emplearon otras medidas para restringir la cobertura en los medios de comunicación de la gestión de la COVID-19 por parte del Gobierno», ha explicado Amnistía.
Respecto a Nicaragua, ha condenado que las autoridades hayan utilizado la COVID-19 para introducir la Ley Especial de Ciberdelitos en octubre de 2020, al cual, en la práctica, «permite a las autoridades castigar a quienes critiquen las políticas gubernamentales, y concede amplias facultades para reprimir la libertad de expresión».
Asimismo, Amnistía ha señalado que en abril de 2020, Rusia amplió su legislación contra las «noticias falsas» e introdujo sanciones penales para la «difusión pública de información deliberadamente falsa» en el contexto de situaciones de emergencia. «Aunque se dijo que estas reformas formaban parte de la respuesta oficial a la COVID-19, se trata de medidas que seguirán en vigor una vez que la pandemia llegue a su fin», ha advertido la organización.
«OFENSIVA CONTRA LOS DDHH»
«Está claro que las restricciones sobre la libertad de expresión relacionadas con la COVID-19 no son simples medidas extraordinarias de duración determinada para enfrentarse a una crisis temporal, sino que forman parte de una ofensiva contra los Derechos Humanos que se ha vivido en todo el mundo durante los últimos años. Los gobiernos han encontrado otra excusa para intensificar su ataque contra la sociedad civil», ha enfatizado el director general de Investigación, Incidencia y Política de Amnistía Internacional.
De este modo, ha llamado a los gobiernos a levantar «urgentemente» las restricciones «al derecho a la libertad de expresión» y «garantizar la libre circulación de información para proteger el derecho a la salud de la población».
Por otro lado, el informe publicado por Amnistía ahonda en el papel de las redes sociales a la hora de difundir desinformación sobre la pandemia. Por ello, el grupo ha instado también a las empresas que gestionan estas plataformas a que «garanticen que el público puede acceder sin restricciones a una información correcta, oportuna y basada en evidencias científicas».
«Esto es crucial para minimizar la reticencia a la vacunación que provoca la desinformación», ha matizado al respecto Rajat Khosla, para apelar también a las farmacéuticas y a los estados a que «hagan todo lo necesario» para acelerar la vacunación, especialmente con la entrega de vacunas a los países de ingresos bajos y medianos.
