(14 de mayo del 2019. El Venezolano).- Amnistía Internacional emitió este martes un informe sobre las ejecuciones extrajudiciales selectivas, detenciones arbitrarias y muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza que ha utilizado el régimen de Nicolás Maduro de forma sistemática y generalizada desde al menos 2017, que pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
El informe emitido por Amnistía Internacional, con el nombre Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela, relata sobre los hechos ocurridos en Venezuela en finales de enero de 2019.
Al respecto, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, indicó que “como hemos denunciado desde hace años, en Venezuela hay una política sistemática de represión en contra de personas opositoras o quienes son percibidas como tales simplemente por el hecho de protestar, por la que el régimen de Nicolás Maduro tendrá que rendir cuentas ante la justicia internacional”.
Destacó que “hacemos un llamado urgente a todos los Estados para que demuestren su respaldo inequívoco a las víctimas de estos hechos y no dejen impunes estos crímenes. La comunidad internacional no puede dar la espalda a las víctimas de esta crisis sin precedentes, tanto dentro como fuera de Venezuela.”
A través de La Patilla, se conoció que los crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidas en enero fueron llevadas a cabo consistentemente en casi todo el país, con un alto nivel de articulación entre los cuerpos de seguridad a nivel nacional y estatal. No sucedieron al azar ni de forma aislada, sino que formaron parte de un ataque previamente planeado y dirigido por las fuerzas de seguridad en contra de personas identificadas o percibidas como opositoras, particularmente en zonas altamente marginalizadas, con la finalidad de neutralizarlas o eliminarlas.
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Las autoridades hasta el más alto nivel, incluyendo Nicolás Maduro, supieron de estos hechos públicos y notorios, y no tomaron las medidas necesarias para impedirlas ni para investigarlas. Por lo tanto, Amnistía Internacional considera que el encubrimiento de estos hechos y otros subsecuentes ha sido parte de la política de represión.
Debido a las características de los ataques en enero, en términos de la gravedad de las conductas, el número de víctimas, el espacio temporal y geográfico en el que se llevaron a cabo a través de la coordinación de distintas fuerzas de seguridad, así como la existencia de indicios de patrones similares en el 2014 y 2017, Amnistía Internacional considera que en Venezuela, podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad, extremo que debe ser determinado por una instancia judicial independiente e imparcial.
Amnistía Internacional recomienda la creación de una comisión de investigación en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su próximo periodo de sesiones en junio y julio de 2019.
Asimismo, sugirió la activación de la jurisdicción universal por parte de aquellos países genuinamente preocupados por la situación en el país, así como la consideración y el estudio de estos hechos por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que mantiene un examen preliminar sobre Venezuela desde inicios de 2018.
