(21 de octubre del 2021. El Venezolano).- En 2001 un profesor titular podía ganar hasta 2.456,12 dólares. 20 años después, con la misma jerarquía, lo máximo a lo que puede aspirar son 11,14 dólares. Para un profesor agregado la situación es mucho peor: a tiempo completo podría devengar un sueldo de 5,65 dólares.
La Encuesta del Observatorio de Universidades sobre las Condiciones de Vida de la Población Universitaria en Venezuela (Enobu 2021) ofrece un panorama general sobre el sector universitario, muy golpeado por las carencias económicas y la crisis humanitaria, lo cual suma a la indiferencia histórica del chavismo hacia la educación.
Dividida en 6 asuntos, un dato que sintetiza la situación del sector está en el ítem de la economía: en 20 años el docente de mayor jerarquía tuvo una pérdida salarial de 2.444,98 dólares. “La precarización y descomposición del salario en el sector de educación superior llevó a la renuncia y migración masiva de los académicos, así como la necesidad de realizar otro trabajo”, destaca el informe.
Para este año, 7 de cada 10 docentes dedica parte de su tiempo a otra actividad laboral. 79% lo hace de manera independiente. A pesar de eso, el ingreso familiar mensual de los docentes no cubre lo necesario para garantizar al menos una alimentación adecuada: 3 de cada 10 familias tienen un ingreso de entre 1 y 10 dólares.
“Solo 5% de las familias de los docentes universitarios del país superan los 325 dólares mensuales, lo que sería suficiente para cubrir la canasta alimentaria que, según el Cendas, ubicaba en el mes de junio de 2021 en 220,27 dólares”, dice la encuesta, que compara lo que ganan los profesores universitarios venezolanos con otros países. ee
Esto se traduce en que los profesores tengan tantas limitaciones para adquirir productos básicos como medicinas o alimentos. Según la encuesta, a 93% de los docentes se les dificulta adquirir medicinas y, de ellos, 19% nunca las consigue y 73% a veces.
“Cuando necesitan ser atendidos en un establecimiento de salud, los profesores universitarios recurren en casi igual medida tanto a los centros públicos (21%) como a los privados (26%). La poca capacidad de respuesta de los establecimientos sanitarios se debe, por una parte, a su deteriorada oferta (en el caso de lo público) y por los costos inaccesibles para los académicos (en el caso de los privados)”, indica el estudio.
Es también grave la situación cuando la encuesta habla de seguridad alimentaria, pues concluyó que 33% de los profesores hace menos de tres comidas al día. La región Nororiental aparece en este aspecto como una de las más afectadas: casi la mitad de los profesores, 48%, ingiere menos de la cantidad mínima de raciones alimenticias.
La Enobu explica que otro punto que puede reflejar las precarias condiciones de los profesores son las estrategias empleadas para poder alimentarse. Por ejemplo, 29% de los profesores, desde hace 12 meses, tiene que reducir siempre sus porciones de comida. Mientras que 57% dijo que debe hacerlo a veces. “Para la población estudiantil es también cotidiana la reducción de porciones, 11% lo hace siempre y 59% a veces. Esta práctica es más frecuente en docentes que pertenecen a instituciones públicas (89%), mientras que en instituciones privadas se realiza en 72%”.
Entre sus conclusiones la Enobu destaca que la situación humanitaria ha “transversalizado” al sector, así que los funcionamientos básicos (salud, alimentación) y los complejos (participación y libertad para la toma de decisiones con autonomía) han sido vulnerados. Es una situación que convierte a los académicos en “una población privada de las capacidades individuales y colectivas necesarias para vivir una vida digna en cumplimiento con sus derechos y valoraciones”.
Y en pandemia la vulnerabilidad ha empeorado: “La ausencia de un sistema de salud pública y seguridad social que respalde a los profesores y estudiantes son algunas de las causas del aumento de contagiados y fallecidos, y a su vez aleja al país de la inmunización”.
