(26 de enero del 2021. El Venezolano).- El retraso injustificado en la elección del nuevo Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) por parte de la Asamblea de los Estados Parte, que debió haberlo escogido el pasado mes de diciembre de 2020, viola el artículo 42.4 del Estatuto de Roma y genera un manto de duda sobre la pulcritud en el proceso de elección de tan importante funcionario que tendrá en sus manos el gran compromiso de garantizar la justicia en crímenes de su competencia, según explicó el diputado jubilado de la Asamblea Nacional y director General del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN),Walter Márquez.
Márquez explicó que la Asamblea de Estados Parte al contrario del retraso en la elección del fiscal, si eligió por consenso en su asamblea anual celebrada en Nueva York el pasado mes de diciembre, a los integrantes de la nueva mesa directiva, y eligió por votación secreta y mayoría simple los 6 magistrados que sustituirán a quienes se les cumple el periodo estatutario.
Destacó que el próximo 15 de junio se le vence el mandato legal a la actual fiscal Fatou Bensouda, por lo que desde el 3 de abril del 2019 se escogió un comité de selección del nuevo fiscal y un panel de expertos. El comité de selección presidido por la embajadora de Canadá, Sabine Nolke, ante la Asamblea de los Estados Parte, lo integraron cinco embajadores y cinco expertos. De los 144 candidatos a fiscal que se presentaron, 89 formalizaron la inscripción, de ese grupo se preseleccionaron 16, quedando luego solo cuatro escogidos por consenso por el comité de selección y el panel de expertos.
Los cuatro candidatos
Los cuatro candidatos seleccionados a fiscal de la CPI fueron: Morris A. Anyahde de Nigeria, Fergal Gaynor de Irlanda, Susan Okalany de Uganda, y Richard Roy de Canadá, grupo publicado el 30 de junio de 2020, que debería haberse presentado para la XIX sesiones de la asamblea general que se celebró inicialmente en La Haya y posteriormente en Nueva York entre el 16 y el 23 de diciembre de 2020.
“Pero desde junio del año pasado hasta el próximo 5 de febrero de 2021, se ha venido prorrogando de manera inexplicable la selección del nuevo fiscal, durante siete veces, pues no han logrado alcanzar un consenso al respecto”, recalcó Walter Márquez.
Explicó Márquez que si bien el artículo 112 numeral 7 del Estatuto de Roma faculta a la Asamblea a buscar el consenso, siempre y cuando no haya un criterio diferente, de manera clara y precisa establece en el artículo 42.4, que el fiscal será escogido de manera secreta y mayoría absoluta.
Fiscales cuestionados
Recordó el defensor de derechos humanos de Venezuela, Walter Marquez, que el fiscal antecesor de Fatou Bensouda, el argentino Luis Moreno Ocampo, fue postulado por el gobierno de Néstor Kirchner en el año 2003, la época en que Hugo Chávez Frías formaba parte de ese bloque del socialismo del siglo XXI.
“Dicho fiscal fue cuestionado posteriormente por estar relacionado con el escándalo de los Panamá Papers y haber recibido dinero que depositó en un paraíso fiscal. Ese alto funcionario de la CPI le pagó los favores a Chávez y a los Kirchners, cerrando la investigación que se hizo contra Chávez sin explicación legal alguna, desestimando más de 20 denuncias por crímenes de lesa humanidad, formuladas ante su despacho contra el entonces presidente de Venezuela”.
Luego fue electa en 2011 la actual fiscal Fatou Bensouda, apoyada por el bloque africano de estados parte, dirigido por el dictador de Gambia Yahya Jammeh, a quien le había servido como Fiscal General y Ministra de Justicia.
“Al llegar al cargo de Fiscal de la CPI guardó silencio sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el dictador de Gambia, y siguió con la línea de conducta de Luis Moreno Ocampo, paralizando las investigaciones sobre Crímenes de lesa humanidad contra el régimen venezolano de Nicolás Maduro, ya que ella venia de haberle servido a un régimen dictatorial en Gambia y luego continuó protegiendo a la tiranía de Venezuela”, dijo.
Destaco Walter Márquez que el comité de selección y el grupo de expertos designado por la mesa de los estados parte en abril de 2019, aplicó una rigurosa revisión de los candidatos a fiscal, que permitió llegar a los cuatro seleccionados, pero con posterioridad a la escogencia de esos preseleccionados se incluyeron de forma inexplicable cinco candidatos más, que no habían sido escogidos inicialmente por el comité de elección y el panel de expertos, entre ellos Carlos Castresana Fernández, postulado por Pedro Sánchez, presidente del gobierno socialista español y quien trabajó con el entonces Juez Baltazar Garzón, que ahora es el abogado de Alex Saab detenido en Cabo Verde, testaferro del dictador Nicolás Maduro.
Transparencia
Para evitar que se siga entrabando la aplicación de la justicia internacional en la CPI y que no haya ninguna duda sobre la honestidad y capacidad del nuevo fiscal, Walter Márquez exigió al presidente actual de la Mesa, O-Gon Kwon, a que cumpla con el mandato del artículo 42.4 del Estatuto de Roma, pues al no haber consenso entre los Estados Parte para la escogencia del fiscal de la CPI, lo someta a elección secreta y por mayoría calificada, de lo contrario se estaría violando el Estatuto de Roma como hasta ahora se viene haciendo.
Finalmente el director General de CICIVEN Walter Márquez, nuevamente alerta a la Comunidad Internacional, especialmente a las ONG representantes de la victimas, para que vigilen el proceso de designación del nuevo fiscal de la CPI, quien debe ser el garante del castigo contra los responsables de crímenes de lesa humanidad, así como la prevención de estos crímenes atroces y rescatar la buena imagen y credibilidad de esa instancia internacional, afectada por la negligencia y corrupción de los fiscales Luis Moreno Ocampo y Fatou Bensouda.
