(27 de diciembre del 2020. El Venezolano).- Sectores de la oposición venezolana e incluso el régimen de Nicolás Maduro apuestan a que la política exterior que asuma la administración de Joe Biden les facilitará su hoja de ruta. En esencia, todos esperan recibir a partir del 20 de enero de 2021 el respaldo de EEUU en sus cálculos políticos.
En fecha reciente, un reporte de la agencia Bloomberg que citaba tres fuentes anónimas, presuntamente “cercanas a Biden”, mencionaba la intención del presidente electo de EEUU de iniciar un nuevo proceso de conversaciones y acercamiento directo con el régimen de Maduro que a cambio de la flexibilización de algunas de las sanciones impuestas en los últimos tres años, garantizara un proceso electoral legítimo con garantías de competitividad.
Está posibilidad es bien recibida por el sector opositor encabezado por Henrique Capriles Radonski, que aspira a lograr la reinstitucionalización del país, como paso previo a una negociación que permita iniciar un proceso gradual de transición a la democracia, a través de elecciones.
Esta opción no es la que espera el grupo que se aglutina en torno al gobierno interino de Juan Guaidó. Y aunque el actual vicepresidente de EEUU Mike Pence declarara recientemente que se mantendrá el reconocimiento a Guaidó, aún no está claro lo que ocurrirá a partir del 20 de enero, cuando de inicio el período de la nueva administración estadounidense.
El principal objetivo del gobierno interino en este momento y de sus aliados políticos es que no se abandone la estrategia de presión desarrollada durante los dos últimos años, y que se mantenga sin condicionamientos el reconocimiento a Guaidó y a sus aliados como principales interlocutores de la oposición venezolana.
Un reconocimiento que, por ejemplo, la Unión Europea mantendrá parcialmente después de anunciar que se deben escuchar a todos los grupos opositores del país.
En tercera instancia, el grupo político que encabeza María Corina Machado aspira a que la nueva administración de EEUU se enfoque en concretar el apoyo para una intervención militar. Conocida como R2P, la doctrina Responsabilidad para Proteger es un compromiso político adoptado en 2005 por unanimidad de todos los miembros de la ONU en la Asamblea General. Sin embargo, la aprobación de R2p no solo depende de EEUU, debe contar con la aprobación del Consejo de Seguridad de ese organismo.
Pedro Mario Burelli -exrepresentante diplomático de Guaidó en Colombia y ahora cercano a la tesis de María Corina Machado- recuerda que “Joe Biden era vicepresidente cuando la oposición, unida, consiguió el control de la Asamblea Nacional el 6 de diciembre de 2015. Que esas elecciones parlamentarias se realizaran es un logro que reclama con razón el equipo externo de Obama. El problema es que ellos creyeron que, al estar el poder Ejecutivo en manos de un chavista y el parlamento en manos de la oposición, cabría la cohabitación o habría al menos negociación. Qué poco entendían sobre la naturaleza antidemocrática y criminal de una ‘revolución’ que cumplía entonces 17 años”.
En un reciente artículo publicado en medios colombianos Burelli sostiene que “el natural miedo de Maduro y sus secuaces a las consecuencias de sus múltiples crímenes explica no solo su aferramiento al poder, sino que cometan más crímenes para evitar caer o ser derrocados. Las únicas herramientas con las que contará el equipo Biden –a menos que algún aliado cometa el error de militarizar su apoyo a la tiranía– son las que ha usado, con aciertos y desatinos, el equipo saliente. Se mantendrán las sanciones individuales, las sectoriales serán revisadas; no se detendrá la actuación de un poder judicial semiautónomo, y continuará la presión de decenas de aliados democráticos”.
Lo que espera la sociedad civil
No solo los políticos aspiran a recibir el apoyo de la nueva administración en su agenda de intervención militar, máxima presión y negociación con elecciones. Las principales organizaciones de DDHH en Venezuela esperan un cambio en la postura de EEUU.
El anhelo de la sociedad civil venezolana se puede resumir en el análisis divulgado el pasado viernes por la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), uno de los principales aliados en EEUU de la agenda que desarrollan las organizaciones de DDHH en Venezuela.
En el más reciente informe de WOLA se indica –contrario a lo que piensa Burelli-
que el enfoque de la administración Trump “ha estado marcado por tres errores clave: abandonar el multilateralismo y buscar la primacía de Estados Unidos para enfrentar a Maduro, una estrategia de presión mal calculada y demasiado amplia, y la falta de participación con las partes interesadas internacionales y nacionales relevantes. En combinación entre sí y con factores externos, estos pasos en falso han frenado la búsqueda de una solución pacífica y democrática a la crisis”.
En este sentido, desde WOLA se incluyen una serie de recomendaciones -avaladas por la sociedad civil venezolana- para la administración Biden.
Como primer punto según WOLA, se aspira a que EEUU “trabaje con socios europeos y latinoamericanos para convocar una cumbre internacional de partes interesadas, en la que no excluyen a países que ha respaldado a Maduro como China, Cuba y Rusia.
Por otra parte, se espera que se instruya “a los altos funcionarios de política del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado para que se coordinen estrechamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega a fin de restablecer negociaciones creíbles.
También se espera que el gobierno de EEUU declare clara e inequívocamente que no apoya la intervención militar y, en cambio, respalda la diplomacia multilateral que enfatice la necesidad de elecciones libres y justas como única solución a la crisis.
Además, consideran necesario “revisar las sanciones de Venezuela y las acusaciones relacionadas, con el objetivo de reformar la política de manera que alivie la crisis humanitaria y contribuya de manera más efectiva al retorno a la democracia (…) Instruir a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro para que restablezca de inmediato las exenciones humanitarias que permitan a Venezuela intercambiar petróleo crudo a cambio de diesel.
Por último, creen que la administración Biden debe comprometerse con una respuesta humanitaria totalmente financiada dentro de Venezuela, al tiempo que impulsa un mejor acceso para los actores humanitarios e Instruir al Departamento de Seguridad Nacional para que designe a Venezuela para el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Este cambio significativo en la política exterior de EEUU hacia Venezuela es descartado por el Jefe del Centro de Gobierno Leopoldo López quien mantiene que los cambios no afectarán la esencia del planteamiento de los últimos dos años.
López también ha indicado que sería un error si la Unión Europea avanza en una nueva estrategia de centrarse en el aspecto humanitario, olvidando la necesidad de impulsar un cambio político”.
Ajustar el pensamiento
Según el más reciente informe de Crisis Group, organización independiente que trabaja para prevenir las guerras y los conflictos, “una salida sigue siendo posible si el gobierno y la oposición ajustan su pensamiento de todo o nada para admitir la necesidad de un compromiso entre ambas partes”. En este sentido piensan que “la nueva administración de EEUU puede ayudar”.
Crisis Group recuerda que “después de dos años de gobierno interino el enfrentamiento entre el gobierno de Maduro y la oposición solo parece entorpecer la resolución de la prolongada crisis política del país (…) el probado fracaso de la política de máxima presión, junto con la llegada de una nueva administración ofrecen la oportunidad de repensar la estrategia y reestructurar a la oposición venezolana”.
Para Crisis Group “la administración Biden podría optar por una política más flexible con respaldo multilateral”.
Con información del Diario Las Américas
