En un entorno de inestabilidad social y económica que se deprecia rápidamente, los «Sindicatos» y «Pranes» venezolanos, unidos como una sola organización criminal, junto con grupos guerrilleros paramilitares colombianos, compiten vigorosamente por los valiosos recursos minerales del sur de Venezuela. Dichas entidades imponen obediencia en los pueblos mineros de más de trescientos mil mineros. La rápida disminución de la producción petrolera de Venezuela infló el valor de la minería de oro principalmente en los estados de Bolívar y Amazonas. Pero poco se sabe y comenta de Adriana Martínez Rodríguez, una «Reina del Sur» colombiana, esposa del capo Álvaro Pulido Vargas, cuyo nombre original era Germán Rubio y que cambió de identidad después de estar varios años en la cárcel por traficar décadas atrás toneladas de cocaína, como líder del «Cartel de Bogotá».
Adriana Martínez Rodríguez se encarga de comerciar por el mundo, especialmente en los Emiratos Árabes, a través de la empresa Noor Capital y otras compañías, oro y diamantes explotados y sustraídos ilegalmente en Venezuela, aprovechando la propiedad y/o contactos con una plataforma de empresas registradas en Colombia (Vram Holding), Europa (Goetz Gold), Asia y Medio Oriente (Sardes Kiymetli Madenler A.S).
“Blood Gold” u oro de sangre
«Blood Gold» define el metal precioso extraído en áreas globales de conflicto utilizado para financiar crímenes, guerras o promoción de violaciones de derechos humanos. El informe de la Iniciativa mundial contra la delincuencia organizada transnacional de 2016 estipula que entre el ochenta y el noventa por ciento de la minería de minerales en Venezuela se realiza de manera ilegal. Entre enero y mediados de septiembre de 2017, sesenta y un mineros, de cinco ciudades del estado Bolívar, fueron asesinados. En octubre de 2018, dieciséis mineros fueron asesinados en Tumeremo o «puerta de la sabana» en el estado Bolívar. Se cree que el tema de varias de las muertes en la zona minera, lo ha manejado personalmente el capo Álvaro Pulido, quien compartiría territorio con disidentes de las FARC y miembros del ELN.
En el pasado reciente, los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han aumentado la presencia transfronteriza dentro de los distritos mineros venezolanos. El ELN controla un corredor de este a oeste que atraviesa la región minera del sur de Venezuela. Como parte de su huella criminal en Colombia, el jueves 17 de enero de 2019, el ELN activó un coche bomba en el estacionamiento de la Academia de Policía de Bogotá que mató a 22 personas.
El Cartel de Bogotá también tendría acceso a la explotación ilegal de coltán en Venezuela, aunque aún no se conoce si Adriana Martínez maneja igualmente las finanzas de este otro negocio.
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