(27 de agosto del 2020. El Venezolano).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó que en Paraguay todavía se violen principios internacionales de libertad de prensa al perseguir a los periodistas con penas de cárcel por informar e investigar sobre irregularidades cometidas por funcionario públicos. Esto en reacción a un caso que podría sancionar con prisión a la directora y a un periodista del diario ABC Color.
En un juicio previsto para las próximas semanas, la directora de ABC Color, Natalia Zucolillo, y el periodista de ese diario, Juan Carlos Lezcano, podrían ser condenados a dos años de cárcel por informar sobre irregularidades en la gestión pública. La ex viceministra de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Marta González Ayala, demandó a los periodistas por publicaciones en su contra. ABC Color fundamentó que publicó la información basado «en datos públicos de Contrataciones Públicas y denuncias ciudadanas sustentadas en documentos».
El abogado de la exfuncionaria anunció que solicitará «la máxima sanción establecida en el Código Penal, que es pena privativa de libertad de hasta dos años, más una compensación económica del daño». Paraguay es uno de los pocos países en los que no se han descriminalizado los delitos de difamación, lo que repercute negativamente sobre la debida transparencia de la gestión pública y en el trabajo de los medios de comunicación y periodistas, como viene pregonando la SIP desde hace décadas.
El presidente de la SIP, Christopher Barnes y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, expresaron que «nos preocupa el daño que se causa al trabajo periodístico y a la libertad de prensa con este tipo de estrategia de intimidación». Agregaron que «este tipo de coerción se observa en países donde todavía no se han descriminalizado los delitos por difamación, un arma utilizada mayoritariamente por funcionarios públicos para mantener sin transparencia sus gestiones públicas».
Barnes, director de The Gleaner Company (Media) Limited, Kingston, Jamaica, y Rock, director del portal La Silla Rota, Ciudad de México, recordaron que la descriminalización de los delitos de difamación ha sido robustecida por jurisprudencia y opiniones de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que «la protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles» para evitar que los periodistas puedan ir a la cárcel por ejercer su derecho a informar, criticar u opinar.
Barnes y Rock advirtieron, sin embargo, contra la inclinación en algunos países de que se soliciten indemnizaciones millonarias desproporcionadas, las cuales también tienen un efecto intimidante contra el trabajo de la prensa.
Varios países americanos han descriminalizado la difamación, entre ellos, Argentina, Bermudas, Chile (parcial), El Salvador, Grenada, Jamaica, México, Panamá, República Dominicana (parcial) y Uruguay; mientras tanto. En Honduras y en otros países los legisladores siguen debatiendo sobre el tema.
