(13 se agosto del 2020. El Venezolano).- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia ha comunicado oficialmente al Congreso la orden de arresto domiciliario emitida contra el ex presidente del país Álvaro Uribe por supuestos delitos de soborno a testigos y fraude procesal con miras a que le suspenda del cargo de senador.
El presidente de la Sala Especial de Instrucción, Héctor Javier Alarcón, ha enviado una carta al presidente del Senado, Arturo Char, en la que le comunica la nueva «situación jurídica» de Uribe.
«El senador Álvaro Uribe Vélez cumplirá la privación de la libertad en el lugar de residencia que señaló para dicho efecto, esto es, en la ciudad de Monteria, corregimiento El Sabana, predio ‘El Ubérrimo'», ha indicado.
Además, Alarcón subraya a Char que «se libra esta comunicación para que, en el marco de sus competencias, imprima el trámite correspondiente», que sería suspender a Uribe y declarar vacante su escaño en la cámara alta, aunque sería ocupado por otro miembro de su partido político, Centro Democrático, según informa RCN Radio.
Uribe ya avanzó el miércoles que había sido registrado como «preso 1087985», según dijo en Twitter, «por confrontar testimonios (…) comprados por FARC, su nueva generación y sus aliados». «Sin pruebas, solo inferencias, me interceptaron ilegalmente e impidieron a (mis) abogados contrainterrogar a su principal testigo. Pido transparencia», reclamó.
El ex mandatario colombiano tiene más de medio centenar de procesos abiertos en su contra por diversos delitos. El citado proceso comenzó cuando el ahora senador inició uno contra el legislador izquierdista Iván Cepeda al acusarle de tener presuntos lazos con grupos paramilitares.
Uribe denunció a Cepeda por dirigir una supuesta manipulación de testigos para acusarlo por vínculos con escuadrones paramilitares. Sin embargo, el Supremo cerró la investigación contra Cepeda y el investigado pasó a ser el propio ex presidente, después de que el tribunal no hallara responsabilidad de Cepeda.
Así, la Corte Suprema sostuvo que los testimonios de antiguos paramilitares que recogió Cepeda en algunas cárceles acusando a Uribe de favorecer o de tener nexos con esos grupos no fueron producto de manipulación ni de pagos.
Desde entonces, se abrieron dos investigaciones contra Uribe: una por presuntamente presionar a ex paramilitares para que declararan contra Cepeda y otra por presionar al ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara en lo que lo vincula con el nacimiento de las Autodefensas en Antioquia, grupo que se desmovilizó durante su Gobierno.
