(07 de julio del 2020. El Venezolano).- El 8 de agosto de 2019, la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) evacuó un sensible informe que paró en el despacho del exsubsecretario del Interior y Seguridad Pública y actual coordinador de políticas públicas en el marco de la crisis sanitaria y social, Rodrigo Ubilla. En este documento reservado, bajo el título de «Informe de Inteligencia: Eventual Lavado de Activos», se detallaban los pormenores de una serie de actividades sospechosas de la empresa chilena Inversiones Ramaja Ltda., de propiedad del empresario afincado en la Región del Biobío, Alberto Scuncio, y de su hijo Martín Scuncio.
Las actividades, de las cuales tomaron conocimiento Ubilla, el exasesor de Ministerio del Interior Luis Hermosilla y el exministro de la cartera, Andrés Chadwick, daban cuenta de una compleja trama de corrupción que vinculaba a empresas petroleras venezolanas –que están siendo investigadas en la Corte del distrito Federal de La Florida en Estados Unidos– a filial de estas que abrió sociedad en Chile y que no generó movimiento alguno tras verse involucrada en el escándalo de los «Panama Papers», exportaciones de cajas de alimentos con sobreprecio a Venezuela y la entrada al país de ingentes cantidades de dinero del orden de un millón de euros mensuales.
En conocimiento las más altas autoridades del país de esta información y con la advertencia de que estas operaciones «podrían comprometer la credibilidad comercial de Chile», la empresa Ramaja –que motivó el informe de inteligencia de la ANI–, a través de Distribuidora Llacolén S.A., se convirtió, ocho meses después, en el contexto de la pandemia, en la principal empresa proveedora de cajas de alimentos del Gobierno, con órdenes de compra superiores a los $8 mil millones.
Lea más en El Espectador.
