(19 de noviembre del 2019. El Venezolano).- El banquero rojo perdió su primera batalla legal. El pasado 13 de noviembre, la corte de primera instancia de Curazao confirmó el procedimiento de bancarrota del Banco del Orinoco (BDO) y desechó la apelación introducida por los abogados de Víctor Vargas. La corte reconfirmó que el BDO tiene un patrimonio negativo.
En un reportaje publicado por el medio Cuentas Claras se conoció que lodo lo que habíamos dicho en reportes anteriores, cuando señalábamos que el caso de las empresas del grupo financiero BOD, el brazo financiero de Víctor Vargas, el banquero rojo, era un fraude bancario que tendría un lugar privilegiado en el top ten de casos parecidos, parece confirmarse con los recientes informes presentados por los entes regulatorios de Panamá y Curazao.
Lo que aparece en esos informes no deja de sorprender, las argucias y triquiñuelas utilizadas para engañar a los distintos agentes involucrados y la fragilidad de las instituciones reguladoras de la banca offshore.
El fraude de Madoff
Los fraudes bancarios pueden ocurrir en cualquier jurisdicción. El caso de “Bernie” Madoff es muy ilustrativo de lo que puede ocurrir producto de la negligencia. Durante años, algunos analistas intentaron reproducir sin éxito los rendimientos del portafolio de Madoff, advirtiendo a los jefes de turno que todo era demasiado sospechoso. Igual, equipos dentro de la oficina de la Security Exchange Commision (SEC) en New york, señalaban los innumerables signos de alarma que resaltaban al analizar los balances presentados por la empresa. La respuesta de los máximos niveles de dirección siempre era la misma. No podía ser cierto, Madoff era un hombre respetable.
Todo cambió cuando el mismo Madoff tuvo que confesar el esquema cuando la pirámide colapsó: tenía que pagar cerca de 7 mil millones dólares y sólo tenía 234 millones en cuenta. Se trataba de una simple estafa: los estados financieros que mandaba a sus clientes eran falsos.
Desde al menos 15 años no hacía ningún movimiento real de sus portafolios. Tenía un piso completo donde se dedicaba a falsificar los documentos.
Hoy, mucha gente piensa que la SEC tuvo una gran responsabilidad en la estafa. Algunos inversionistas intentaron demandas contra el ente regulatorio y todas fueron desechadas por cuanto, en la legislación americana, la SEC goza de inmunidad judicial. El mismo informe interno de la SEC de 2009, establecía que los reguladores del momento ignoraron muchas alertas rojas. Lo cierto es que hoy Madoff paga un condena de 150 años y la institución regulatoria dice haber tomado los correctivos necesarios. Sin embargo, ninguno de los funcionarios que actuaron de forma negligente pagó las consecuencias de sus acciones. Al menos los responsables están sancionados. Algunos sostienen que igual como ocurre con penalizar el delito también hay que penalizar la negligencia. Es un caso de mala praxis regulatoria.
El fraude del banquero rojo
Leyendo los informes emitidos por las autoridades financieras de Curazao y Panamá, se encuentran muchas reminiscencias del caso Madoff. Es una combinación de negligencia, quizás algo de complicidad y muchas alertas rojas que han debido tomarse en serio.
La estructura del grupo financiero Banco Occidental de Descuento BOD es algo que sólo puede existir con una supervisión bancaria fragmentada. Se trata de un organización en la cual el capital real es muy inferior al presentado en balances y ello se logra por dos vías que ahora son evidentes: los depósitos cruzados entre las distintas instituciones del mismo grupo y la utilización de contabilidad creativa para maquillar balances. Ambos mecanismos son esenciales para el desarrollo del fraude.
Los informes de Panamá y Curazao señalan con lujo de detalles las inversiones cruzadas entre diferentes empresas del grupo. Eso permitió inflar balances y que las autoridades de cada país perdieran rastro de la calidad de los activos.
¿Cómo funciona el cruce de depósitos para inflar balances?
El Banco del Orinoco (BDO) deposita en el BoiBank en Antigua, o el AllBank de Panamá abre un depósito en el Banco del Orinoco. Luego Boibank compra con esos recursos títulos de deuda venezolana registrados en Antigua al 100% y en Curazao contabilizados como si se tratase de recursos líquidos de disponibilidad inmediata. Además ocurre que una de de esas instituciones actúa como custodia de la otra, de manera que no se diferencia el patrimonio entre ellas, todo dirigido a inflar el balance de cada una de las instituciones.
Todas esas decisiones se realizan en una oficina, es la misma tesorería pero se presenta en cada uno de los países como si se tratase de instituciones independientes. De tal manera que se utiliza ese mecanismo para generar más capital del que en realidad se tiene en balances.
Algo similar ha debido encontrarse la autoridad regulatoria en Venezuela y seguramente en República Dominicana. En el balance del BOD de junio del 2019, todas las disponibilidades en moneda extranjera del BOD en Venezuela estaban depositadas en instituciones relacionadas al grupo: Banco del Orinoco en Curazao, Boibank en Antigua y Allbank en Panamá. Se presentaban como disponibilidades líquidas, pero ninguna de esas instituciones reflejaba esos montos en sus balances.
Además, las inversiones en títulos estaban supuestamente custodiadas en Boibank en Antigua, sin embargo, en el mismo no aparece ningún registro de que se actúa como custodio de otra institución. Toda esa maraña de relaciones oculta el verdadero patrimonio del grupo financiero.
Resulta que la exposición del BOD a empresas del mismo grupo se lleva todo el capital del banco. Igual cosa sucede en Antigua y República Dominicana, cuyas autoridades financieras pareciera que son mas débiles o están sometidas a un esquema de control político que las hace permeables a casos como el del BOD. Cualquier regulador que hubiese actuado viendo balances consolidados habría reaccionado de forma anticipada ante un esquema diseñado para defraudar.
Con el empleo de contabilidad creativa para maquillar balances, los hallazgos son aún más sorprendentes.
Por mucho tiempo se ha sabido que Vargas era un activo comprador de productos estructurados para maquillar el balance de sus instituciones. El mecanismo es muy sencillo y sólo es utilizado cuando el regulador bancario no tiene la habilidad necesaria para evaluar esos productos.
Consideremos una de esas estructuras: El banco tiene una posición en moneda extranjera en títulos venezolanos, los cambia por una nota estructurada de un banco de primera línea, donde se ofrece un cupón y plazo sujeto a un activo subyacente que puede ser el mismo título original.
De esa manera, ese mecanismo de contabilidad creativa maquilla el balance cambiando un activo por otro y generando más capital del que realmente se tiene. Algunos operadores del mercado recuerdan el caso de FTC, del venezolano Guillermo Clamens, en el cual Víctor Vargas era uno de sus principales compradores.
Pero esos mecanismos de contabilidad creativa parecen ser ejercicios sofisticados con respecto a lo que encontraron las autoridades de Curazao. Se trata ahora no de notas estructuradas, sino de simples falsificaciones de documentos, cambio de direcciones de dominio, presentación de certificaciones de custodias emitidas a favor de otros tenedores como si fueran propias.
Según reporta un informe del Banco Central de Curazao de comienzos de octubre, dos de los custodios de valores presentados por el Banco del Orinoco confirmaron la utilización de información falsa para presentar los balances de la institución bancaria. Señala el informe que el auditor del Banco del Orinoco no terminó la auditoría del 2017 por cuanto no pudo confirmar de manera satisfactoria la existencia y el valor de mercado de las inversiones. El Banco del Orinoco argumentaba que tenía dos custodios, Amergeris y TMF, y cerca de 1200 millones de dólares en inversiones.
En el último trimestre del 2018, todavía con Emsley Tromp – el actual asesor de Vargas – en la presidencia del Banco Central, empiezan a establecerse reuniones para esclarecer la situación. Como señaló el informe de Ernst and Young – una firma contratada por el Banco Central – TMF nunca tuvo como cliente al Banco del Orinoco, de hecho nunca tuvo relación con Banco del Orinoco sino con el accionista. Los documentos presentados en 2016, 2017, 2018 utilizados como certificaciones de custodias, eran falsos. Amergeris también confirmó que se trataba de documentos falsos. Eso se sabía desde mayo de 2019 pero no es hasta septiembre cuando finalmente se le suspende la licencia al banco.
No deja de sorprender que muchos de esos problemas ya se habían identificado desde noviembre del 2018 y desde ese entonces el Banco Central de Curazao continúa en conversaciones con el BDO.
En noviembre, ante la evidencia de las falsificaciones, los representantes del Banco del Orinoco presentaron tres nuevos custodios, Farrigdon, Vista y Welden, alegando que se habían hecho transferencias desde los custodios originales. Al final tampoco se confirmaron los activos que supuestamente mantenían esas instituciones.
El informe del Banco Central, de manera muy cándida, arriba a la conclusión de que no se pudieron obtener las confirmaciones por cuanto no se pudo transferir algo que no existía en primera instancia.
Una comprobación básica de estos nuevos custodios, confirma las sospechas. Farrigdon y Vista son instituciones que sirven de asesores financieros y no tienen licencias de custodios como tales, y Welden es apenas una sociedad de corretaje en Uruguay, por cierto inactiva y en proceso de liquidación, que en 2018 sólo llegó a manejar cuentas de terceros por menos de 50 mil dólares.
Una explicación del por qué las autoridades de Curazao actuaron de una forma tan “negligente”, tiene que ver con el hecho de que no es sino hasta junio del 2019, cuando se produce el cambio en las autoridades del Banco Central. No deja de generar sorpresa que todas las irregularidades se producen en la gestión de Emsley Tromp, quien ahora aparece como asesor del BDO.
Resulta insólito y vergonzoso para las autoridades de la isla, que el nuevo asesor sea quien de forma repetida presentó documentos falsos para simular activos en el balance del BDO.
Una conclusión muy grave se desprende de los informes de los entes reguladores: no sólo los activos son insuficientes, sino que éstos nunca van a ser encontrados por cuanto están en cabeza de los accionistas.
Pareciera que las mismas falsificaciones dejan la huella de otros delitos. Uno de los custodios respondió que tenía relaciones con Cartera de Inversiones, el vehículo en el que Víctor Vargas es el beneficiario final, y no del Banco del Orinoco. Es una práctica común en esas jurisdicciones offshore que los “custodios” no separan las tenencias de títulos de terceros y los tienen fuera de balance. En este caso es peor, las tenencias de terceros están en cabeza de otros, en este caso, el accionista del banco.
El caso del banco del Orinoco pone en evidencia muchas de la fallas de la supervisión de la banca offshore.
El banco no estaba obligado a publicar sus balances, podía presentar cualquier custodio que se le antojase, no era supervisado de acuerdo a sus balances consolidados. El informe detalla otras irregularidades que tienen que ver con el incumplimiento reiterado de instrucciones del Banco Central y un conjunto de operaciones de lavado de dinero que ahora permite establecer con claridad las conexiones del BDO con las actividades del banquero rojo en el engranaje de la corrupción chavista.
El procedimiento de liquidación
De acuerdo a lo que señalan los informes de Curazao y Panamá, hay evidencias de que se trata de un fraude bancario y no una simple quiebra. Si ese es el caso, el procedimiento a seguir debe ser ir contra el patrimonio del accionista, levantando el velo corporativo que establece un límite entre el patrimonio del accionista y el de la empresa.
No se trata de un problema en que hay un delito de falsificación de documentos, lo que queda claro en el informe de los reguladores es que se estableció un mecanismo para engañar al Banco Central de Curazao, defraudar a los depositantes y enriquecer a los accionistas. Es un caso muy parecido al de Madoff quien tuvo que pagar cárcel y al mismo tiempo fue despojado de sus activos personales.
Al tiempo en que las empresas del grupo financiero BOD generaban beneficios, distribuían dividendos a sus accionistas y pagaban fabulosos sueldos a sus directivos, de esa forma se transfería riqueza desde los depositantes. Una de las razones por la cual Vargas quería conducir el proceso de liquidación del BDO es que quería trasladar la pérdida a los depositantes.
Toda la operación de fraude fue posible captando dinero ajeno e inflando de manera artificial los balances. Ahora en el proceso de liquidación, hay que discriminar entre los distintos acreedores del banco y hay que hacerlo de forma consolidada, lo cual requeriría coordinación entre los diferentes países donde actúa el Grupo BOD.
Un proceso de liquidación ordenada requiere de varias acciones. En primer lugar, hay que poner en el último lugar de la fila a todo los relacionado con los accionistas. En segundo lugar, hay que obtener la posición activa neta de algunos depositantes que tienen acreencias contra una institución y al mismo tiempo tienen una deuda con otra. Discriminar de esa forma permitiría minimizar las pérdidas de los depositantes que no tienen nada que ver con el montaje del fraude.
También es cierto que resulta difícil saber con certeza el valor de los activos del BDO. Puede ser que esos activos ni siquiera existen. Por ejemplo, el informe del liquidador deja ver cosas como que el mobiliario de las oficinas fue adquirido por uno de los directores del banco en una supuesta subasta justo antes del procedimiento de bancarrota.
Algo similar puede ocurrir con los títulos reportados en balance, puede ser que los títulos finalmente estén a nombre de Cartera de Valores, el vehículo financiero de Vargas. De manera que los acreedores del BDO no tienen nada que repartir.
Sin embargo, si existieran los valores y el problema es que sólo hay que ajustar por el valor de mercado, el asunto pudiese manejarse de una forma más equitativa.
Hagamos un ejercicio para Banco del Orinoco: De acuerdo a los datos de junio, el portafolio de inversiones en balance era de 1.276 millones de dólares y los depósitos eran de 882 millones.
Asumamos que esas inversiones son títulos de deuda venezolana que en realidad valen hoy en día cerca del 10% de su valor facial. Si es así, habría cerca de 127 millones de dólares para repartir entre 882 de deuda. El problema es que entre esos deudores hay muchos relacionados y seguramente allegados de los accionistas que también se beneficiaron del esquema del fraude.
Si el liquidador discrimina entre los depositantes y coloca al final de la cola a los relacionados, se puede minimizar la pérdida de aquellos que no tienen nada que ver con la estafa. Dependiendo de cuál sea el enfoque del liquidador, los depositantes pueden salir peor o mejor parados.
Lo lamentable es que en este caso, todos los antecedentes indican que estamos en presencia de lo que probablemente va a ser una liquidación desordenada. Igual como sucedió con el montaje del fraude, con una supervisión bancaria actuando de manera negligente, con una visión fragmentada que incluso permitiera que se pudiesen beneficiar los que diseñaron el esquema. Esperemos que no sea así y que las autoridades actúen ahora con mejor criterio.
Con información de Cuentas Claras
