(07 de noviembre del 2019. El Venezolano).- En algo coinciden la mayoría de los actores políticos del país: Se necesita un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Con esta idea también concuerdan las distintas organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema electoral y a la defensa de los derechos políticos. Y aún más importante: Un arbitraje institucional imparcial es un reclamo de los ciudadanos, al punto que 8 de cada 10 venezolanos desconfían del organismo comicial en este momento.
Según el más reciente estudio de opinión de la empresa Datanálisis en su mayoría quienes dicen confiar en el árbitro de los procesos electorales son quienes se autodefinen como chavistas. En este grupo 70,9% califica positivamente el desempeño de las autoridades comiciales. En otras palabras sólo un sector específico de la población cree en el árbitro.
El diagnóstico en este sentido es claro. Se necesita un arbitraje electoral institucional en el que crean la mayoría de los venezolanos, sin importar su simpatía política.
También es evidente que se necesita recuperar la confianza de los venezolanos en el sufragio como herramienta para dirimir los conflictos políticos. Atrás quedó el tiempo en que los electores esperaban la instrucción del liderazgo político para salir o no a votar.
Según el más reciente estudio de la firma Consultores 21, sólo 35% de los ciudadanos dicen estar dispuestos en participar en nuevos comicios con las actuales condiciones políticas y electorales.
Hay acuerdo en que se necesita un nuevo CNE, desafortunadamente no existe consenso en cómo garantizar un nuevo organismo electoral.
La opción más repetida por los actores políticos es la fórmula 2:2:1. Esta solución equivale a indicar que se buscarán dos rectores vinculados a la oposición, dos rectores vinculados al chavismo, y un quinto imparcial sin vinculación partidista.
Esta propuesta no sólo viola las leyes electorales, también repite el error de 2003. Adicionalmente, parte del desconocimiento sobre la estructura y funcionamiento del CNE.
De entrada se debe alertar que, aunque sólo 5 rectores tienen derecho a voz y voto en las decisiones definitivas del organismo, en realidad son 8 los rectores que tienen responsabilidades técnicas y políticas. Garantizar un arbitraje electoral institucional pasa, no por una fórmula de equilibrio entre 5 rectores, sino por una fórmula de contrapesos institucionales entre 8 rectores, en el organigrama del CNE y entre el organismo comicial y el resto de los poderes.
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