(14 de julio del 2025. El Venezolano).- De izquierda a derecha, Manuel Rodríguez, presidente de la Plataforma de Ayuda a Venezuela, Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia de España, Rafael Ortega, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela en el exilio y Miguel Henrique, director del diario El Nacional y representante de la Alianza Ciudadana por la Libertad en Venezuela, plataforma de la que de la que forman parte 45 asociaciones españolas y venezolanas.
Cinco meses después de haberlo anunciado, Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, y Manuel Rodríguez, líder de la Plataforma de Ayuda a Venezuela, han presentado hoy públicamente en España la denuncia formal ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio por crímenes de odio, representado por el magistrado de dicho órgano, Rafael Ortega.
Dicha denuncia es la consecuencia del informe detallado elaborado sobre las violaciones significativas de los derechos humanos acaecidos desde el inicio de la campaña electoral a la Presidencia de Venezuela, el 4 de julio de 2024.
Entre los datos más alarmantes de dicho informe destacan que al menos 35 personas fueron asesinadas por crímenes de odio y más de 1.300 manifestaciones fueron reprimidas violentamente, incluyendo ataques con armas de fuego por parte de grupos armados conocidos como «colectivos».
Además, se produjeron 2,400 detenciones arbitrarias, entre las que se incluyen indígenas, periodistas y presos políticos sometidos a torturas y condiciones inhumanas así como discursos de odio desde el Gobierno venezolano, con amenazas directas del candidato Nicolás Maduro y del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello.
Los denunciantes buscan justicia para las víctimas de crímenes de odio cometidos en el contexto de la campaña electoral venezolana de 2024. Así lo han explicado hoy Ibarra y Rodríguez junto a Miguel Henrique, representante de la Alianza Ciudadana por la Libertad en Venezuela en rueda de prensa. Ibarra, en su intervención, ha subrayado la urgencia de actuar: “Estos crímenes no pueden quedar impunes. Es fundamental que se reconozca el sufrimiento de las víctimas y se haga justicia”.
Por su parte, Rodríguez enfatizó que esta denuncia es un llamamiento a la comunidad internacional para abordar la crisis de derechos humanos en Venezuela.
Manuel Rodríguez, Esteban Ibarra, Rafael Ortega y Miguel Henrique durante el acto de presentación de la denuncia que ha tenido lugar hoy en Madrid. La denuncia invoca la legislación venezolana, tratados internacionales y sentencias emblemáticas para respaldar las acusaciones.
En la denuncia se cita la Ley Constitucional contra el Odio, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y tratados como la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, destaca nota en Confilegal.
Además, se destacan precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en casos similares.
Los denunciantes solicitan una acción mero-declarativa que reconozca el derecho a la justicia de las víctimas y ordene la reparación de los daños. Una acción mero declarativa es un tipo de demanda legal que se utiliza para que un juez confirme o aclare algo, en este caso una situación como que vive Venezuela, sin pedir que se haga algo más. Tiene su origen en el derecho romano. En el derecho español está contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, conocido como TSJ en el exterior, es un órgano judicial paralelo establecido el 21 de julio de 2017 por la Asamblea Nacional de Venezuela. Este tribunal fue creado en respuesta a la crisis institucional y política que enfrentaba el país, y está compuesto por 33 magistrados que se encuentran exiliados en varios países, incluyendo Panamá, Chile, Colombia, Estados Unidos y España.
