(20 de junio del 2025. El Venezolano).- Florida alberga aproximadamente 6,4 millones de residentes de origen latino, según la página oficial del Censo, lo que equivale al 27,4 % de su población total de 23,7 millones de personas. Muchos viven en zonas especialmente expuestas a inundaciones o vientos extremos, como comunidades agrícolas del interior del estado o áreas costeras con infraestructura vulnerable. La creciente intensidad de los huracanes, como lo demostró el huracán Ian en 2022, con más de 150 muertes y 110 mil millones de dólares en daños, ha dejado claro que el impacto no es solo climático, sino también social.
Este año, los expertos coinciden: la temporada de huracanes será más activa de lo habitual. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) anticipa entre 13 y 19 tormentas con nombre, de las cuales hasta cinco podrían alcanzar categoría mayor. La Universidad Estatal de Colorado (CSU) también predice una temporada intensa, con al menos cuatro huracanes de gran magnitud.
¿La razón? El océano Atlántico está más caliente de lo normal y, además, el fenómeno ENSO —siglas en inglés de El Niño, Oscilación del Sur, se encuentra en fase neutra, una condición que no frena la formación de ciclones y puede amplificar sus efectos cuando hay tanto calor disponible en el mar.
ENSO es un patrón climático que altera el comportamiento del viento y la temperatura del agua en el Pacífico, pero sus efectos se sienten en todo el mundo. En años de El Niño, suelen formarse menos huracanes en el Atlántico; con La Niña, aumentan. Pero en una fase neutra, como la actual, otros factores, como las aguas cálidas del Atlántico, cobran más peso y elevan el riesgo de una temporada más peligrosa.
Según Reuters, esta combinación convierte a 2025 en un año que exige máxima preparación, sobre todo para grupos que históricamente reciben menos apoyo ante estos desastres.
Para muchos latinos, esta amenaza se suma a una realidad de vulnerabilidad constante. En Carolina del Norte, Ofelia Ortiz, madre mexicana afectada por el huracán Helene, recordó el momento en que debió evacuar: “Nos fuimos con lo puesto, sin zapatos. Perdimos todo, incluso los recuerdos de mis hijos.” Historias como la de Ortiz reflejan cómo el impacto de los huracanes no se mide solo en la fuerza del viento, sino también en la desigualdad con que se sienten sus consecuencias.
“Los recortes federales a FEMA, la EPA y el Servicio Meteorológico debilitan directamente la preparación ante huracanes en las comunidades latinas porque eliminan recursos para alertas tempranas, respuesta de emergencia y monitoreo de la contaminación”, advirtió la Dra. Julie A. González, experta en justicia ambiental. Estos recortes han restringido funciones críticas, desde las alertas en español hasta la limpieza post huracán, afectando ya zonas que aún no se recuperan del huracán Helene.
Comunidades desatendidas y respuestas tardías
Tras el impacto de Helene en Carolina del Norte, González señala que “sin la ayuda a tiempo, muchos han pasado meses esperando reparaciones en sus casas, han perdido días de trabajo y han tenido dificultades para acceder a atención médica”. La carencia de respuesta federal obligó a dependencias comunitarias e iglesias a asumir un rol que, sin apoyo, resulta insostenible.
El incremento de precios tras un desastre impacta directamente a familias latinas con empleos precarios. “Pierden días de trabajo, enfrentan gastos inesperados y deben reparar sus casas con recursos muy limitados”, manifestó la investigadora. A esto se suma el temor a la deportación o la vigilancia migratoria, que evita que muchos soliciten asistencia pública.
Beatriz Miguel de la Cruz, afectada por el huracán Helene en Carolina del Norte, explicó: “Para recibir la ayuda me piden papeles que ya no tengo. Todo lo perdí en la tormenta.”
Cuando la ayuda se convierte en arma política
La politización de la ayuda agrava aún más la situación. “En 2025 vimos cómo la entrega de fondos de ayuda podía retrasarse o condicionarse a exigencias políticas”, dijo González. Esto no es nuevo: en administraciones pasadas, ciertos fondos fueron congelados o condicionados a requisitos partidistas, retrasando la recuperación y perjudicando sobre todo a los más vulnerables. “Quienes tienen menos poder son los que más sufren, mientras la ayuda por desastre se vuelve moneda de cambio en vez de una garantía”, concluye González.
Para la experta, es urgente que la respuesta ante desastres sea “justa, rápida y verdaderamente accesible para todas las comunidades, sin importar el estatus migratorio o el lugar donde vivan”. Pero, advierte, no puede depender solo de Washington. “Nuestra fuerza está en organizarnos, exigir acción y asegurarnos de que nadie quede atrás”. La preparación debe comenzar antes de que llegue la tormenta, combinando voluntad política, organización local y sistemas comunitarios sólidos.
Con una temporada más activa en el horizonte y comunidades latinas históricamente marginadas, se vuelve esencial garantizar respuestas equitativas, eliminar barreras estructurales y fortalecer las redes locales. La justicia climática no es solo una meta académica, es una urgencia social: proteger a quienes más arriesgan sin convertir la ayuda en moneda política. Como bien lo resume González, la fuerza colectiva puede, y debe, marcar la diferencia.
