(20 de abril del 2025. El Venezolano).- En una reciente y bien documentada evaluación, el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos desacreditó públicamente una de las justificaciones clave que el presidente Donald Trump ha utilizado para realizar deportaciones masivas de migrantes venezolanos, así lo destaca un artículo escrito por Carlos Roa en IQLATINO.
Según este análisis, respaldado por 17 de las 18 agencias de inteligencia del país, no existen pruebas de que el grupo criminal venezolano Tren de Aragua esté actuando bajo las órdenes del gobierno de Nicolás Maduro ni que esté llevando a cabo una “invasión” del territorio estadounidense, como ha sostenido Trump en declaraciones públicas.
La conclusión, que forma parte de un informe clasificado del máximo órgano analítico de la comunidad de inteligencia estadounidense, contradice directamente las afirmaciones del mandatario, quien ha justificado la deportación inmediata y sin debido proceso de centenares de venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial para encarcelar a miles ciudadanos estadounidenses de origen japonés.
Una narrativa sin pruebas
La administración Trump ha sostenido que el Tren de Aragua —una organización criminal que surgió en cárceles venezolanas y se ha expandido a lo largo del continente— actúa como una “fuerza invasora” enviada por el régimen de Maduro. Según la proclamación emitida por la Casa Blanca en marzo, esta banda habría “infiltrado al régimen, incluyendo su aparato militar y policial”.
Sin embargo, el informe de inteligencia más reciente, citado por The Washington Post, sostiene que si bien existen contactos esporádicos entre algunos miembros de la banda y funcionarios de bajo nivel del gobierno venezolano, no hay coordinación ni directrices por parte del Ejecutivo de Maduro. La única agencia que se apartó parcialmente de esta visión fue el FBI, que estimó un nivel moderado de cooperación entre ambas partes, aunque sin señalar una relación de control o dirección.
Una deportación sin debido proceso
Hasta la fecha, el gobierno del presidente Donald Trump ha deportado al menos a 238 venezolanos a El Salvador, acusándolos de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua. Este caso que ha alarmado a juristas y defensores de derechos humanos, porque los afectados no tuvieron acceso a audiencias judiciales ni posibilidad de apelar su detención.
Muchos de ellos fueron trasladados a una de las cárceles más temidas del continente —El CECOT, la megacárcel salvadoreña conocida por sus condiciones extremas— tras una orden judicial que expresamente prohibía su deportación.
El juez federal James E. Boasberg calificó el acto como una “burla solemne a la Constitución misma” e inició procedimientos para determinar si funcionarios del gobierno de Trump deberían enfrentar cargos por desacato criminal.
Críticas desde el Congreso y la sociedad civil
Miembros del Congreso, como los representantes demócratas Jim Himes (Connecticut) y Joaquín Castro (Texas), han exigido a Tulsi Gabbard, actual directora de Inteligencia Nacional, que desclasifique el informe para frenar lo que consideran un abuso de poder y un uso indebido de una ley de guerra con fines políticos.
“La idea de que Maduro esté dirigiendo personalmente al Tren de Aragua para infiltrar Estados Unidos es absurda”, declaró Geoff Ramsey, especialista en Venezuela del Atlantic Council. “El Tren de Aragua ha evolucionado como una red criminal sin jerarquía clara. Es más una marca que una organización centralizada”, explicó.
Incluso el director de la CIA, John Ratcliffe, reconoció en una audiencia ante el Comité de Inteligencia que no existe ninguna evaluación que indique que Estados Unidos esté siendo invadido por Venezuela.
El uso polémico de una ley del siglo XVIII
La Ley de Enemigos Extranjeros otorga al Ejecutivo poderes extraordinarios en tiempos de guerra para detener y deportar a ciudadanos de países enemigos. Hasta ahora, su uso se había limitado a tres ocasiones en la historia del país. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) consideran que Trump está reinterpretando esta ley para aplicarla a una organización criminal, no a un Estado, algo sin precedentes y jurídicamente cuestionable.
“Estamos ante una instrumentalización del miedo y la narrativa del enemigo externo”, advierte la ACLU, que ha presentado demandas legales para frenar las deportaciones.
Una historia que se repite
La utilización del miedo al “otro” para justificar medidas extremas no es nueva en la política estadounidense. Pero lo preocupante, en este caso, es la forma en que se desprecian las conclusiones de los propios servicios de inteligencia del país. En respuesta al informe, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional desestimó la evaluación, tildándola de obra de “actores del estado profundo” coludidos con los medios de comunicación.
Mientras tanto, los migrantes deportados —muchos posiblemente sin vínculos con el Tren de Aragua— permanecen encerrados en condiciones inciertas. Y el debate sobre los límites del poder presidencial, el respeto a las instituciones y el Estado de derecho vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública estadounidense.
