(14 de abril del 2025. El Venezolano).- El pasado 12 de marzo, el gobierno de la República Cooperativa de Guyana anunció la expulsión de 75 venezolanos, quienes fueron “interceptados” en una zona que forma parte del territorio reclamado por Venezuela. La noticia, que por sí misma merecía un serio debate y un lugar destacado en medios de comunicación y redes sociales, apenas alcanzó resonancia. ¿Por qué no provoca casi ningún interés, hay que preguntarse, si la reclamación venezolana del territorio Esequibo es legítima? ¿Por qué un incidente tan delicado como la captura de unos “infiltrados”, lo que ha podido escalar a una confrontación indeseable, apenas atrae la atención de los ciudadanos?.
Escrito por: Miguel H Otero / El Nacional
Visto en términos generales, pasa que el gobierno que organiza chapuzas como las de colar a estos 75 facinerosos, tiene un rechazo de, al menos, 90% de la población. Las muy recientes encuestas de febrero y marzo coinciden en sus resultados: después del 10 de enero, día en que Nicolás Maduro ha debido entregar la conducción del país a Edmundo González Urrutia, las cifras de rechazo han crecido hasta niveles inéditos en las últimas 6 décadas: nunca un gobierno había aglutinado una reacción de tanta rabia y desprecio, que no se puede describir con la palabra rechazo, sino que se trata de una repulsa generalizada, cada vez más extendida y unánime.
La otra cuestión es que al régimen de Chávez y Maduro, en realidad, no le interesó, durante más de dos décadas, avanzar en una negociación en los términos que establece el Derecho Internacional -la única aceptable en nuestros tiempos-.
Han protagonizado las peores conductas posibles: no fijar una política de Estado sobre el reclamo territorial, producto de una consulta con la sociedad organizada; no han convocado a los magníficos juristas e historiadores venezolanos, rigurosos expertos en la materia, que tantas veces advirtieron los riesgos de abandonar la lucha por los derechos de Venezuela; no han cumplido con los protocolos que exigen las instituciones internacionales; han pretendido -característico de la personalidad dislocada, narcisista y delictual de Chávez- que podrían establecer relaciones directas con Guyana, sin la participación de entes facilitadores o mediadores; olvidaron los deberes, no reconocieron la relevancia histórica que tiene la reclamación bajo el necio prejuicio del profundo error histórico y político, fruto de la más pura ignorancia, de que el reclamo del territorio Esequibo era una causa de “la derecha”.
Toda esta vergonzante, delirante y traidora actuación -porque de eso se trata, ni más ni menos: de una real y sistémica traición a la patria- se mantuvo en estatuto de irresponsabilidad, hasta que llegó el día en que, durante el 2022, es decir, cuando se hizo inocultable que la inmensa mayoría de la sociedad venezolana había roto con el régimen, se les ocurrió que podían sacar alguna ganancia política, si desempolvaban el expediente del Esequibo para obtener recompensas y gratificaciones políticas. Maduro y su clan delictivo pensaron: si agitamos las aguas del nacionalismo, los problemas específicos y acuciantes de la realidad venezolana pasarán a un segundo plano, y la sociedad fortalecerá al gobierno con sus apoyos.
A partir de ese momento, los malos cálculos y decisiones de la dictadura han tropezado una tras otra: inventaron un referéndum consultivo, a finales de 2023, con cinco preguntas inconstitucionales e incomprensibles. ¿Qué pasó? Lo previsible: menos de 8% de los electores acudió al llamado, que se difuminó en un silencio como si no hubiese ocurrido.
A continuación vino el anuncio previsible: el CNE -Consejo Nacional de Estafas Electorales- inventó unos resultados, que obviamente nadie creyó, pero que tampoco a nadie molestaron: muy pocas voces se levantaron para desmentir la evidente falsedad según la cual cerca de 10 millones de venezolanos habrían asistido a votar (casi 7 veces más que lo real), y que 95% de ellos habría dicho sí a las 5 preguntas obtusas del régimen.
Después de ese primer ejercicio de estupidez de finales de 2023, lo que ha ocurrido es parte del mismo show circense sin público: declaraciones altisonantes que, de acuerdo con la estrategia diplomática de Guyana, caen en el vacío; crearon el estado Esequibo, lo que constituye una flagrante violación de la Constitución vigente; han realizado simulacros de movimientos militares con unos tanques que han debido esperar hasta dos días en el estado Monagas a que llegue el combustible para ripostar; han inventado una nueva zona militar, en la que deben invertir recursos que no tienen, mientras en otras zonas del país la alimentación de la tropa se limita a un pobre plato de comida al día; han lanzado acusaciones estrambóticas en contra de unas supuestas acciones militares de Exxon Mobil, que no es sino una empresa petrolera que opera para Guyana bajo los controles de esa nación.
Sin embargo, hay un capítulo más, cuya escenificación ocurre en estos días: el supuesto gobernador del estado Guayana Esequiba, Neil Villamizar Sánchez, militar retirado, participará como candidato del PSUV en las elecciones regionales del próximo 25 de mayo, en las que dicho “gobernador”, como es obvio, será elegido, por dictamen del mismo CNE (Consejo Nacional de Estafas Electorales).
Se trata, muy probablemente, de una elección única en el mundo: los electores del Esequibo -territorio en reclamación- no participarán en el proceso electoral: no pueden votar porque son ciudadanos de otro país, por lo tanto, no forman parte del padrón electoral; no pueden votar porque no habrá centros de votación en el territorio en reclamación; no votarán porque hacerlo significaría cometer un delito de traición a su patria, la República Cooperativa de Guyana.
Para disimular en alguna medida semejante bufonada -la de un proceso electoral de una supuesta jurisdicción cuyos habitantes no pueden votar porque, en realidad, son ciudadanos de otra nación- han inventado un circuito electoral -los ladrones del Consejo Nacional de Estafas Electorales- que incluye municipios del territorio venezolano, lo que significa que hay unos supuestos electores venezolanos que votarían -bajo amenaza de represalias- para decidir el destino de ciudadanos de otro país. ¿Cabe imaginar un absurdo mayor?
