(11 de octubre del 2024. El Venezolano).- Los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobaron prorrogar durante dos años más el trabajo de la Misión Internacional Independiente para Venezuela, que en sus informes ha acusado al gobierno de Nicolás Maduro de graves abusos, incluidos posibles crímenes de lesa humanidad.
La resolución que incluía esta prórroga fue aprobada por 23 votos a favor, 6 en contra (Argelia, China, Cuba, Eritrea, Sudán y Vietnam) y 18 abstenciones en la última jornada de la 57ª sesión del Consejo.
La Misión Independiente de la ONU, creada por el propio Consejo de Derechos Humanos en 2019 y cuya labor es investigar violaciones de las libertades fundamentales en Venezuela desde 2014, está presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas y la completan los expertos Francisco Cox (Chile) y Patricia Tappatá (Argentina).
La resolución insta a las autoridades venezolanas a cooperar con la misión así como con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, cuya representación local en Venezuela fue expulsada en febrero, reportó El Nacional.
El texto lamenta profundamente aquella decisión de las autoridades y también expresa alarma por «el agravamiento de las violaciones y transgresiones de los derechos humanos y el aumento de las restricciones del espacio cívico y democrático», en especial en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Piden liberación de presos políticos en Venezuela
Insta ante ello a Venezuela a «poner fin a la represión y persecución selectivas que se están llevando a cabo en todo el país por motivos políticos y a liberar a todas las personas privadas de libertad de manera arbitraria, incluidos los presos políticos«.
Por otro lado, la resolución afirma que «solo puede haber una solución pacífica y democrática a la crisis actual» en Venezuela, una solución «que incumbe al pueblo venezolano, sin ningún tipo de injerencia extranjera en el plano militar».
El texto de la resolución fue inicialmente patrocinado por Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala y Uruguay, y se unieron en su apoyo alrededor de medio centenar de miembros de la ONU. Según sus promotores, la renovación del mandato de la misión investigadora era necesaria tras el agravamiento de la situación de derechos humanos en Venezuela con las elecciones de julio.
Cuba, Bielorrusia, Rusia y Eritrea trataron de frenar la aprobación del texto presentando cinco enmiendas, en particular una de la delegación cubana que pedía expresamente retirar la parte del texto en la que se prorrogaba la misión investigadora.
Ninguna de las cinco enmiendas logró los 24 votos necesarios (de 47) para salir adelante, pese a contar en todos los casos con el sí de China y Cuba, además de otros países.
